domingo, 30 de octubre de 2011

El México informal

La Crónica de Hoy

Manuel Gómez Granados | Opinión
 
Cada vez sorprende menos, pues es una tendencia que no ha encontrado un rompeolas que la quiebre, pero es inevitable reflexionar qué hay detrás del reciente anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, acerca del tamaño de la economía informal en nuestro país.

Se trata de casi 13 millones de mexicanos, cinco millones de los cuales son mujeres, que integran la llamada Población Económica Activa (cualquier persona de entre 14 y hasta 65 años), y que, ante la imposibilidad de ocuparse en el sector formal, por costumbre, por corrupción, por ignorancia o por tanta burocracia, se suman a las filas de la economía informal, que crece a un ritmo impresionante. Según las cifras oficiales del INEGI, los informales aumentaron en 600 mil en los últimos doce meses.

Detrás de esa cifra hay millones de historias, millones de pequeñas tragedias, de las que poco se habla en la discusión pública, dominada por otros temas, pero que sumadas, nos hablan de un país que no ha sabido aprovechar su activo más importante: las personas.

Dada la cifra oficial relativamente baja de desempleo (del orden del 5%, cuando en Estados Unidos es del 10% y en España del 20%), los millones de mexicanos que laboran en la economía informal nos hablan de un país que, a contrapelo de lo que la mitología nacional nos dice, no espera que “papá gobierno” le resuelva sus problemas. Todo lo contrario. Es un país que trabaja por su cuenta, pero que no paga impuestos. Paradójicamente, también existen los que esperan pasivamente la dádiva del gobierno.

Los informales conforman una especie de México de segunda división y nos confirman como un país dual, dividido, escindido. Y lo que es más grave, muchos de esos 13 millones de mexicanos en la economía informal trabajan para el narcotráfico o para las distintas organizaciones criminales que operan en el país.

Es una pena que en los últimos 30 años no se haya hecho lo necesario para erradicar este mal y que, más bien, algunas de las autoridades tanto federales como de las 32 entidades y los más de 2 mil 500 municipios se encuentren entre los promotores de la informalidad. A la informalidad la promueven las leyes engorrosas que no facilitan el pago de impuestos, que lo convierten en un arte arcano para el que se requiere de la permanente asesoría de un ejército de abogados y contadores o la larga fila de trámites lentos y complicados para abrir un negocio o una empresa.

Las autoridades de Hacienda insisten en que el uso cada vez mayor de nuevas y sofisticadas tecnologías facilita el pago de impuestos, pero la realidad —terca como patada de mula— insiste en decirles que no es así. Las autoridades de los estados y municipios creen que al permitir o tolerar comerciantes ambulantes y semifijos se resuelve algún problema, y la realidad se empeña en demostrarles que no es así; que la informalidad en algunos ámbitos termina por permear la vida entera de las ciudades y los estados.

De poco han servido los ejemplos perversos de ciudades como México, Tijuana y Ciudad Juárez, donde las autoridades locales toleraron altos índices de informalidad y en algunos casos la ilegalidad. Como clones, las experiencias se han repetido en distintas ciudades. Las autoridades o no reaccionan, o asumen que sólo pueden limitar los excesos que la informalidad provoca o cumplen con aquella conseja que reza que cuando no puedas contra el enemigo, únetele, y lejos de controlar o evitar la informalidad, se benefician de ella, la utilizan en acarreos y obtienen una tajada a través de mordidas o multas.

Los resultados no deberían sorprendernos, pero algunos provocan vergüenza: la explotación de niños y niñas en bares de la frontera con Guatemala, las ventas multimillonarias de música y videos piratas que apertrechan a organizaciones criminales…

¿Qué se necesitará para que observemos lo que ocurre en otros países de América Latina donde, con menos recursos, menos pretensiones tecnológicas, pero más sentido común se ha entendido cómo reducir el impacto de la informalidad?

Es difícil dar una respuesta cierta a esa pregunta. Lo que es un hecho es que frente a la informalidad todas las instituciones se han quedado cortas. Incluso las autoridades religiosas; después de todo, la Santa Muerte no es más que una versión informal del catolicismo popular mexicano.

¿Será tan difícil entender que necesitamos leyes que faciliten y no entorpezcan el ser formal? ¿Por qué si somos capaces de dedicar tanto tiempo a discutir y aprobar reformas políticas, no dedicamos un poco de tiempo a reducir la informalidad?
manuelggranados@gmail.com

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