lunes, 24 de octubre de 2011

Justicia, la pata rota

La Crónica de Hoy
Manuel Gómez Granados Opinión
2011-10-09
La teoría política actual supone que los estados pueden ser efectivamente democráticos si dividen sus funciones en poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como las patas de una mesa, cada uno, debe ser firme para contribuir a la estabilidad del Estado. La misma teoría señala que esos poderes deben ser soberanos, autónomos, de modo que no dependan entre ellos, se mantengan en su justo límite y sean capaces de solucionar los problemas del país. Ese es el principio del Estado de derecho, que garantiza el imperio de la ley y no la voluntad arbitraria de las personas.

Como sucede en muchos otros ámbitos en México, existe un abismo profundo entre el espíritu de las leyes y su aplicación, entre el deber ser y la realidad. Así lo demuestra el documental Presunto culpable. Para la mayoría de los ciudadanos, la justicia es un mero discurso, pues constatan que ésta es un producto caro y difícil de obtener.

La profundidad del abismo mexicano en estos temas se puede medir y observar en las encuestas sobre la opinión que tienen los mexicanos de los legisladores y jueces. Tanto del ámbito federal, como en las 32 entidades, la encuesta más reciente de Consulta Mitofsky sobre confianza en instituciones, publicada en agosto de este año (http://bit.ly/consultaago2011), colocaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las instituciones peor calificadas.

Aunado a estos resultados, están las críticas que han lanzado tanto al Presidente de la República como, de manera por demás inusual, al secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien en una intervención en Comisiones de la Cámara de Senadores, criticó directamente a los jueces que, según él, liberan con demasiada laxitud a delincuentes arrestados por la Marina.

Aunque no siempre se cumple aquella máxima latina que dice Vox populi, vox Dei, en este caso concreto, la desconfianza y las malas calificaciones a la Suprema Corte de Justicia, la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación, está más que justificada.

Las causas de esta desconfianza se comprenden mejor cuando se cuenta con trabajos como La justicia de cabeza, recientemente publicado por el Centro para la Investigación y la Docencia Económica (http://bit.ly/cidedebilidadcortes).

Los autores del documento, Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, dan cuenta de uno de los problemas más graves de la justicia mexicana: la debilidad de los poderes judiciales de las 32 entidades. En materia presupuestal, los juzgados locales no cuentan con los recursos necesarios; en lo institucional, cualquier causa judicial puede resolverse en instancias federales.

Esta dinámica hace que para muchos, los poderes judiciales de las entidades sean un adorno y que los jueces federales sean vistos como corruptos, pues litigar en cortes federales casi siempre implica viajes y más gastos que los litigios locales.

El diagnóstico de Magaloni y Elizondo debería ser suficiente para que los poderes judiciales federal y de las entidades, se sintieran fuerte y profundamente interpelados. Es necesario que los jueces vean, en las críticas a su desempeño, una oportunidad para mejorar, para generar confianza en sus acciones y para contribuir al fortalecimiento de la democracia.

El vínculo entre justicia, confianza y democracia es lo más importante en un país como México. Recientemente, la Fundación Konrad Adenauer dio a conocer la edición 2011 de su Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (http://bit.ly/kasiddlat2011). En él queda claro que la violencia, que siempre es resultado de problemas en la impartición de justicia, tiene ya un grave impacto en la vida democrática de México. Se estima que hemos vivido un retroceso de cerca de diez años en México.

Los poderes judiciales federal y de las entidades, podrían ayudar mucho autorregulándose, sometiéndose a sí mismos a reglas más estrictas. En algunos casos es necesario que reduzcan sus salarios y el tipo de prestaciones que disfrutan. Es absurdo que los ministros de la Corte tengan salarios más elevados que sus similares en naciones altamente desarrolladas como Estados Unidos de América.

Es necesario que los ministros de la Corte, que son personas muy calificadas en su materia, generen confianza por sus actos y que cabildeen las reformas necesarias para mejorar la percepción que los mexicanos tenemos de la justicia. Para que una democracia sea tal, no basta que se cuenten los votos y que así se decida quién gobierna. Es necesario que exista una amplia percepción de certeza en la justicia, en las acciones de gobierno y en las intervenciones de las autoridades para resolver los conflictos. No en balde, Abraham Lincoln, solía recordar que “la misericordia y la compasión rinden mejores frutos que la justicia que sólo considera lo que dictan las leyes”.

manuelggranados@gmail.com

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