domingo, 29 de abril de 2012

Nuevas leyes, nueva esperanza.

La Crónica de hoy.
Domingo 29 de abril de 2012.
Manuel Gómez Granados.

En la última semana de trabajo de los plenos de las cámaras del Poder Legislativo, los diputados y senadores del país aprobaron leyes que conviene analizar por el impacto que tendrán en la vida de los mexicanos. La más destacada es la nueva ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo que representa esta ley se enfatiza aún más por las amenazas que recientemente ha recibido el sacerdote Jesús Solalinde, y que detonaron una campaña en su defensa por parte de Amnistía Internacional (http://bit.ly/solalindeAI).

La nueva ley era una necesidad sentida desde hace años pero no había encontrado eco ni condiciones en las agendas del trabajo legislativo. Este año, aún cuando la Legislatura está a punto de concluir sus trabajos, se atiende esta demanda de la sociedad. La nueva ley contiene una definición amplia y detallada de lo que constituye una amenaza, de modo que las autoridades locales, aparentemente, no tendrán espacios para eludir sus responsabilidades para proteger a personas en riesgo, además de que supone la creación de un nuevo órgano del Estado que opere como Mecanismo de Protección y en el que participarán representantes de distintas dependencias del gobierno federal.

Algo importante de esta ley es que reconoce la necesidad de que los casos que se presenten al Mecanismo de Protección se atiendan de manera expedita, por medio de la Unidad de recepción de casos y reacción rápida, y así evite que se pierdan, en la jungla de la burocracia mexicana, las solicitudes que los organismos de protección de derechos humanos federales y de los estados emiten con la figura de las "medidas cautelares". Otro acierto lo constituye el hecho de que contempla que la protección dada a una persona se extienda a sus familiares y colaboradores, así como a los bienes de las personas que, por una u otra razón, reciban amenazas.

Esta ley de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas se aprobó en el Senado, y está en trámite de aprobación en la Cámara de Diputados una ley de víctimas. Es difícil enfatizar qué tan importante es que se haya subsanado la falta que teníamos en México de una ley que definiera los derechos de las víctimas e introdujera un principio de restitución del daño. El proyecto que fue aprobado en el Senado de la República contempla indemnizaciones de hasta un millón de pesos a favor de las víctimas.

El concepto de reparación de daño en esta nueva ley de víctimas no se limita al daño material, se extiende también al daño moral y aún cuando podría discutirse mucho acerca de qué tanto se puede reparar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, se dio un gran paso al reconocer en la legislación que los daños tampoco pueden quedar impunes.

Evidentemente, una vez que termine el trabajo legislativo será necesario que el Poder Ejecutivo de la Federación publique las leyes en el Diario Oficial de la Federación y elabore los reglamentos correspondientes y, sobre todo, que se prevea la necesidad de dotar de fondos a las instancias que serán responsables de la aplicación de ambas leyes. Lo importante, más allá de estas medidas adicionales que deberán tomarse en el futuro inmediato, es que los mecanismos legislativos funcionan si existe voluntad e interés para dar soluciones a problemas sociales y retos que el país enfrenta, y aunque muchos pueden reclamar la lentitud de los procesos legislativos y lo complejo para lograr acuerdos con tantos enfoques, acentos e intereses, lo que es un hecho es que el Legislativo puede cumplir. Estos son dos ejemplos concretos.

Es cierto, el Legislativo podría cumplir más, y nunca será suficiente el trabajo si lo comparamos con las necesidades de los mexicanos, pero es un despropósito insistir que en México nada funciona o que las instituciones no cumplen del todo con sus objetivos y metas.

A este recuento de cosas que funcionan, que mejoran, podría agregarse también la directiva que el Poder Ejecutivo de la Federación publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (http://bit.ly/DirectivaEjército) para definir con precisión en qué casos y bajo qué condiciones el Ejército y la Fuerza Aérea pueden intervenir en el combate al crimen. Esta directiva modificará de manera sustancial la percepción que se tiene del papel de las Fuerzas Armadas y obligará a otras dependencias del Ejecutivo a no verlas como "auxiliares" de la patria, sino como instituciones que cumplen funciones específicas, precisas para el bien de todos.

manuelggranados@gmail.com

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