Domingo 09 de diciembre de 2012.
Manuel Gómez Granados.
Una de las prioridades que el nuevo gobierno federal se ha
fijado para el primer año de su gestión es acabar con el hambre. Esa propuesta es
fundamental, pues la alimentación es un derecho humano, es decir, la garantía
que todos debemos tener para alimentarnos dignamente.
El hambre es una vergüenza y un índice acusador de la
insolidaridad social en nuestro país, que lamentablemente crece por múltiples
razones, entre ellas, la escalada de precios internacionales de los alimentos
que afecta sobre todo a las personas más pobres.
Bienvenida la cruzada nacional contra el hambre, lo que no
queda tan claro es cuál es la mejor manera de terminar con el hambre: ¿dar el
pescado o enseñar a pescar?
Un primer dato es que en México el principal problema no es la
producción de bienes, sino su distribución. Según cifras de la Asociación Mexicana
de Bancos de Alimentos, avaladas por dependencias de la Secretaría de Desarrollo
Social, se desperdician cada día 30 mil toneladas de alimentos.
Es una cifra descomunal, que implica casi 11 millones de
toneladas al año. Para ponerla en perspectiva, nosotros tenemos un grado de
desperdicio de alimentos similar al de Estados Unidos donde se desperdicia 40
por ciento de toda la comida producida o adquirida en otros países. En México,
la cifra es poco menor pero sería suficiente para que, con dos terceras partes
de ese desperdicio, se terminara la
pobreza alimenticia que padecen 26 millones de mexicanos.
Algunas razones de este desperdicio tienen que ver con el
hecho de que algunos productores no logran llevar sus productos a los mercados
del país. Faltan más carreteras o están en mal estado; además, en los últimos
años, éstas se volvieron más peligrosas y, gracias a los ajustes en los precios
de los combustibles, se elevó el costo para trasladar esos alimentos. Por otra
parte, existe una gran cantidad de intermediarios que se aprovechan de esas
desventajas y elevan los costos de los alimentos.
Así, aunque la idea de acabar con el hambre es muy
importante, también tendríamos que
lograr cambios estructurales para garantizar la autosuficiencia alimentaria,
facilitar el acceso de pequeños productores a los mercados urbanos, y evitar
abusos de grupos que controlan en condiciones monopólicas el acopio y
distribución de algunos alimentos.
Otras medidas igual de importantes tienen que ver con la
educación de los consumidores: aprender nutrición básica, comprar sólo lo que se
necesita, evitar el desperdicio de alimentos, etc.
Conviene atender el hambre, pero también es fundamental
atender sus causas y asegurar que esta Cruzada contra el hambre sea eficaz y viable
(todavía resuena en los pasillos de Palacio Nacional aquella convocatoria que
hiciera Adolfo Ruiz Cortines de la mítica
“Marcha al Mar” que nunca se concretó).
Asimismo, es necesario aprovechar tecnologías que permiten
producir localmente una mayor cantidad y variedad de alimentos, como hongos y
hortalizas, que mejoran la dieta y reducen la dependencia alimentaria.
Incluso, existen propuestas, que ya reseñamos en estas
páginas, de científicos mexicanos como Antonio Turrent Fernández, para mejorar
la producción del maíz sin caer en la trampa de los grandes proyectos que
generan más problemas de los que resuelven.
El nuevo gobierno tiene a su alcance un abanico de
propuestas que le permiten detonar modelos de desarrollo sustentable que no se
traduzcan en mayores daños ecológicos, que no impliquen construir grandes
presas —por el costo político que tienen—, y que no sean programas clientelares,
demagógicos o faraonicos.
Urge apostarle a
pequeñas iniciativas de alcance local que favorezcan la lógica del desarrollo
rural, y terminar de una vez con las
presiones que propician la migración del campo a la ciudad y de México a
Estados Unidos.
Proyectos de menor escala, intensivos en el uso de la mano
de obra, ayudarían también a resolver problemas de desempleo que, en el caso de
los jóvenes, se traducen en el pernicioso fenómeno NINI, que favorece la
participación en actividades criminales.
Otra medida, por cierto, de bajo costo y alto impacto, sería
apoyar mucho más el trabajo de los bancos de alimentos que existen en las 32
entidades de la República. Son
instituciones que han demostrado su capacidad para actuar, pero que operan en
condiciones de mucha fragilidad y desventaja cuando se les compara con
instituciones similares de otros países.
Con acciones sistémicas, que involucren a los beneficiarios,
el compromiso de acabar con el hambre se puede lograr. Este arranque de gobierno
ofrece una oportunidad para responder
solidariamente a reclamos de justicia social. Podemos unir “dar de comer al
hambriento con enseñar al que no sabe”.
manuelggranados@gmail.com
Enlace: http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=713889
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