domingo, 13 de enero de 2013

¿Dejar solos a los municipios?

Manuel Gómez Granados.La Crónica de Hoy.Domingo 13 de enero de 2013. En fechas recientes, llama la atención la polémica sobre el futuro de los municipios que, en distintos estados de la República, dicen “estar en quiebra”. El concepto no es del todo preciso. Los gobiernos, sean municipales, estatales o el federal, no entran en el marco de las que regulan el “concurso mercantil”, es decir, las quiebras en México. Se trata más de una metáfora que de una realidad, pero da cuenta de la realidad que enfrentan muchos municipios que, en los últimos 20 años, descubrieron que los bancos privados podían prestarles dinero y abusaron de esa posibilidad.

La Comisión Nacional Bancaria y de señala que 17 bancos y entidades financieras prestaron 234 mil 418.7 millones de pesos a estados y municipios, pero eso representa sólo 58 de la .

La contratación de esa deuda no siempre fue para bien. Por ejemplo, en algunos municipios del Estado de México, la deuda sirvió para pagar obscenas remuneraciones que presidentes municipales, coludidos con síndicos y regidores de sus cabildos, decidieron auto asignarse. Ha sido el caso de gobiernos panistas y priistas de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla, respectivamente, cuyos alcaldes ganaron más que los presidentes de o de México.

El de Acapulco, por su parte, durante varios años trató de ocultar la profunda crisis que vive el más importante destino del país, al contratar deuda con bancos privados en condiciones dudosas.

También tenemos los casos de los gobiernos estatal y municipales de Coahuila que, durante la gestión de Humberto Moreira, hipotecaron su futuro, aunque con la relativa que tiene Coahuila por su base minera e industrial, y por su cercanía con Nuevo León y EU.

En Chiapas, durante la gubernatura de Juan Sabines, los gobiernos de varios municipios firmaron deuda que tiene al 50 por ciento de los cabildos de esa entidad con serios problemas. También hay varios municipios de Michoacán en problemas, aunque, más que endeudarse, son incapaces de recaudar, pues quienes cobran los “impuestos” importantes son los grupos criminales.

Se trata, pues, de una situación muy compleja. Pensar que hay una solución simple y única implica insinuar que todos los gobiernos municipales endeudados actuaron igual, por eso convendría analizar caso por caso. Si, como lo han expresado Luis Videgaray, a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Ernesto Cordero, a nombre de los senadores del PAN, no se va a rescatar a los gobiernos con problemas de deuda, ¿qué se va a hacer entonces? ¿Es legítimo que el gobierno federal se desentienda de los problemas de esos municipios? Quienes se apresuren a decir que sí, que eso se debe hacer, valdría la pena que reconsideraran.

Dejar solos a los gobiernos municipales implica infligir un severo golpe a los más pobres en esos municipios. Si la infraestructura de servicios que esos municipios ofrecen se ve afectada o si se cree que privatizar resolverá los problemas (como con la basura en Cuernavaca), lo que se hace es generar condiciones para que quienes puedan emigrar de esos municipios lo hagan. Eso golpeará, todavía más, las muy debilitadas estructuras sociales en las poblaciones de menos de 10 mil habitantes.

En el caso de Acapulco, el gobierno presta servicios tanto a la industria turística, como a cientos de miles de marginados. Dejar solo al Municipio implicaría lastimar a la industria turística, la principal empleadora, y poner en riesgo a los habitantes.

Algo positivo es que la discusión sobre la deuda en los municipios llega en un momento muy oportuno para que se considere el tema en las discusiones de la reforma fiscal. Sería deseable que si no opera un rescate general, la reforma fiscal incorporara algún mecanismo para ayudar a municipios que no se endeudaron, pero que tienen problemas (Michoacán); a los que se endeudaron, pero no por voluntad propia (Chiapas), y a los que se endeudaron, pero tienen obligaciones con personas que reciben algún tipo de atención por parte del gobierno municipal (Acapulco).

También sería importante que se persiguiera a quienes desviaron recursos para campañas o para propósitos personales y que, como en el caso de la reforma política del DF, la deuda contratada cuente con el aval del Congreso de la Unión y no sólo de la Asamblea del DF. Quizás si en los estados existieran mecanismos similares, las cosas no se saldrían de control.

No tienen por qué pagar justos por pecadores, pero tampoco podemos permitir que no haya quien responda por esas deudas. La realidad exige nuevas soluciones. ¿Podremos con este desafío?

manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=722320

No hay comentarios:

Publicar un comentario