Manuel Gómez Granados.
Domingo 24 de febrero de 2013.
La Crónica de Hoy.
Este mes se han publicado
tres valiosos estudios sobre la violencia, hemorragia que desangra a México
desde 2007, sin que sea posible imaginar cómo acabará.
No es que falte voluntad.
Se podrá aceptar o no el razonamiento que siguió Felipe Calderón para declarar
la guerra contra el narcotráfico, pero usó hasta la última partícula de
voluntad que tuvo para acabar con la violencia. No lo logró. Y cuando ya casi
se cuentan tres meses del nuevo gobierno, la violencia no para y surgen grupos
de autodefensa.
Los tres estudios no
abordan aún la violencia que plaga a la nueva administración. Son balances del sexenio
de Calderón en el tema por el que lo recordaremos, pero tienen implicaciones
prácticas para el Presidente Peña Nieto quien, por su cuenta, reconoce la
necesidad de atacar las causas estructurales de la violencia, que casi siempre
está asociada a la desigualdad, la marginación y la pobreza.
El primer material es el
reporte Los desaparecidos de México. El
duradero costo de una crisis ignorada, publicado por Human Rights Watch (http://www.hrw.org/reports/2013/02/20/mexicos-disappeared),
que documentó 250 de un total estimado de 25 mil desapariciones de civiles
durante la administración de Calderón. Además, cuantifica en “más de 60 mil”
las muertes asociadas a la violencia que vivimos desde 2007.
HRW insiste, como lo han
hecho otras organizaciones civiles extranjeras y mexicanas, en que Calderón, lejos de reconocer la magnitud
del problema de las desapariciones, lo ignoró. Y la insistencia de HRW no es
gratuita. Al menos 140 de las 250 desapariciones documentadas, fueron acciones premeditadas
en las que “agentes del Estado participaron directa o indirectamente, al
ofrecer su apoyo o su aquiescencia”. Y considera que las autoridades mexicanas
fueron “ineptas o de plano estuvieron ausentes”, realidad que se agravó, pues Calderón
mismo “ignoró el creciente problema de las desapariciones”, y desestimó el
impacto que estos hechos tienen en las familias de las víctimas.
Se trata, pues, de un
reporte demoledor, que los nuevos responsables de la administración pública
federal harían bien en considerar como una guía de lo que no se debe hacer con
un problema de esta magnitud.
El segundo estudio, Violencia por drogas en México (http://justiceinmexico.files.wordpress.com/2013/02/130206-dvm-2013-final.pdf),
fue elaborado por la Universidad de San Diego y financiado por dos de las más
importantes fundaciones privadas de Estados Unidos, la William and Flora
Hewlett y la John D. and Catherine McArthur. El que ambas financien este estudio
deja ver, por sí mismo, qué tan grave es el problema que vivimos. Este estudio
calcula que fueron 120 mil el número de muertes ocurridas durante el gobierno
de Calderón. A pesar de esa cifra, el texto habla de un cierto optimismo hacia el
futuro, pues deja ver una reducción en la intensidad de la violencia respecto
de años previos, hecho que atribuye a la atomización de las dirigencias de las
organizaciones criminales, aunque critica la decisión del gobierno federal de
bloquear el acceso a la información sobre los homicidios.
El tercer estudio, “La
violencia en los municipios de México 2012” (http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/finish/5-prensa/164-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2012/0),
fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal (CCSPJP). Es un análisis centrado en los municipios urbanos de más de 100
mil habitantes, los que más sufren por la violencia. Permite ver a la violencia
como resultado de los errores de las autoridades, que hacen posible la
impunidad, aunque lleva esta idea a un extremo, pues desestima el vínculo entre
violencia y marginación y asume implícitamente que la procuración de justicia
se resuelve en el ámbito municipal.
Que la impunidad desempeña
un papel clave es algo que también reconoce el documento de Human Rights Watch,
y es cierto que en municipios como Acapulco, la responsabilidad de las policías
locales es determinante. Sin embargo, el material del CCSPJP sólo considera dos
variables: violencia y marginación. Esa parcialidad es peligrosa, pues
desestima otros efectos de la marginación.
Los tres estudios ofrecen
datos y elementos valiosos para cerrar la herida abierta en 2007, cuando se
decidió lanzar la guerra contra el narcotráfico. Muchos actores, incluido el
nuevo gobierno, reconocen ahora la gravedad del problema y la necesidad de atender
sus causas estructurales, que están vinculadas a la marginación, el
subdesarrollo, la corrupción y la ausencia de oportunidades, males que no se
pueden resolver sólo con medidas policíacas.
El remedio de
estos males es el desarrollo, que es el otro nombre de la paz, es decir, crear
las condiciones sociales, económicas y políticas para que cada persona, toda la
persona y todas las personas, pasen de condiciones de vida menos humanas, a
condiciones de vida más humanas.
Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/733084.html
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