domingo, 24 de febrero de 2013

Y la hemorragia sigue…



Manuel Gómez Granados.
Domingo 24 de febrero de 2013.
La Crónica de Hoy.


Este mes se han publicado tres valiosos estudios sobre la violencia, hemorragia que desangra a México desde 2007, sin que sea posible imaginar cómo acabará.

No es que falte voluntad. Se podrá aceptar o no el razonamiento que siguió Felipe Calderón para declarar la guerra contra el narcotráfico, pero usó hasta la última partícula de voluntad que tuvo para acabar con la violencia. No lo logró. Y cuando ya casi se cuentan tres meses del nuevo gobierno, la violencia no para y surgen grupos de autodefensa.

Los tres estudios no abordan aún la violencia que plaga a la nueva administración. Son balances del sexenio de Calderón en el tema por el que lo recordaremos, pero tienen implicaciones prácticas para el Presidente Peña Nieto quien, por su cuenta, reconoce la necesidad de atacar las causas estructurales de la violencia, que casi siempre está asociada a la desigualdad, la marginación y la pobreza.

El primer material es el reporte Los desaparecidos de México. El duradero costo de una crisis ignorada, publicado por Human Rights Watch (http://www.hrw.org/reports/2013/02/20/mexicos-disappeared), que documentó 250 de un total estimado de 25 mil desapariciones de civiles durante la administración de Calderón. Además, cuantifica en “más de 60 mil” las muertes asociadas a la violencia que vivimos desde 2007.

HRW insiste, como lo han hecho otras organizaciones civiles extranjeras y mexicanas, en  que Calderón, lejos de reconocer la magnitud del problema de las desapariciones, lo ignoró. Y la insistencia de HRW no es gratuita. Al menos 140 de las 250 desapariciones documentadas, fueron acciones premeditadas en las que “agentes del Estado participaron directa o indirectamente, al ofrecer su apoyo o su aquiescencia”. Y considera que las autoridades mexicanas fueron “ineptas o de plano estuvieron ausentes”, realidad que se agravó, pues Calderón mismo “ignoró el creciente problema de las desapariciones”, y desestimó el impacto que estos hechos tienen en las familias de las víctimas.

Se trata, pues, de un reporte demoledor, que los nuevos responsables de la administración pública federal harían bien en considerar como una guía de lo que no se debe hacer con un problema de esta magnitud.

El segundo estudio, Violencia por drogas en México (http://justiceinmexico.files.wordpress.com/2013/02/130206-dvm-2013-final.pdf), fue elaborado por la Universidad de San Diego y financiado por dos de las más importantes fundaciones privadas de Estados Unidos, la William and Flora Hewlett y la John D. and Catherine McArthur. El que ambas financien este estudio deja ver, por sí mismo, qué tan grave es el problema que vivimos. Este estudio calcula que fueron 120 mil el número de muertes ocurridas durante el gobierno de Calderón. A pesar de esa cifra, el texto habla de un cierto optimismo hacia el futuro, pues deja ver una reducción en la intensidad de la violencia respecto de años previos, hecho que atribuye a la atomización de las dirigencias de las organizaciones criminales, aunque critica la decisión del gobierno federal de bloquear el acceso a la información sobre los homicidios.

El tercer estudio, “La violencia en los municipios de México 2012” (http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/finish/5-prensa/164-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2012/0), fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). Es un análisis centrado en los municipios urbanos de más de 100 mil habitantes, los que más sufren por la violencia. Permite ver a la violencia como resultado de los errores de las autoridades, que hacen posible la impunidad, aunque lleva esta idea a un extremo, pues desestima el vínculo entre violencia y marginación y asume implícitamente que la procuración de justicia se resuelve en el ámbito municipal.

Que la impunidad desempeña un papel clave es algo que también reconoce el documento de Human Rights Watch, y es cierto que en municipios como Acapulco, la responsabilidad de las policías locales es determinante. Sin embargo, el material del CCSPJP sólo considera dos variables: violencia y marginación. Esa parcialidad es peligrosa, pues desestima otros efectos de la marginación.

Los tres estudios ofrecen datos y elementos valiosos para cerrar la herida abierta en 2007, cuando se decidió lanzar la guerra contra el narcotráfico. Muchos actores, incluido el nuevo gobierno, reconocen ahora la gravedad del problema y la necesidad de atender sus causas estructurales, que están vinculadas a la marginación, el subdesarrollo, la corrupción y la ausencia de oportunidades, males que no se pueden resolver sólo con medidas policíacas.

El remedio de estos males es el desarrollo, que es el otro nombre de la paz, es decir, crear las condiciones sociales, económicas y políticas para que cada persona, toda la persona y todas las personas, pasen de condiciones de vida menos humanas, a condiciones de vida más humanas.

manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/733084.html
 

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