domingo, 24 de marzo de 2013

¿Dejarán que pase?




Manuel Gómez Granados.
La Crónica de Hoy.
Domingo 24 de marzo de 2013.

Las últimas dos semanas, los medios internacionales de comunicación han volteado a ver a México. A diferencia de lo que publicaban entre 2009 y 2012, cuando la guerra contra las drogas y la violencia eran las noticias, ahora es posible que se concreten cambios importantes.

La reforma educativa y el arresto de Elba Esther Gordillo contribuyeron a esa percepción, que se reforzó con la iniciativa de reforma de las telecomunicaciones. La idea de que los monopolios se sometieran al poder del Estado sin recurrir al expediente de la expropiación parecía atractiva, hablaba de una nueva época. Parecía que seríamos testigos de un acuerdo entre las elites empresariales mexicanas.

Fue notorio que en las redes sociales, personas que han tenido una participación destacada en la crítica del modelo de telecomunicaciones que prevalece en México, como Purificación Carpinteyro, Raúl Trejo Delarbre y Javier Corral, expresaran entusiasmo. Incluso, se empezó a hablar de que sería posible una reforma fiscal verdaderamente amplia, y hasta una reforma de Petróleos Mexicanos que, sin privatizar la empresa, permitiera resolver muchos de los problemas que enfrenta.  El cielo era el límite.

Todo ese entusiasmo ha menguado en los días previos al receso legislativo por la Semana Mayor.  El documento generado en el marco del Pacto por México, evidenció limitaciones que han sido aprovechadas por los “poderes fácticos”.

Entre las limitaciones del documento original está el hecho que, para aplacar muchas de las desconfianzas que dominan la relación entre las televisoras y Teléfonos de México, la reforma se define en gran medida en el plano constitucional. No porque las materias que aborde necesiten de ese tipo de definición. Más bien porque, dados los requisitos de una reforma constitucional (mayoría calificada en el Congreso de la Unión y mayoría simple de los congresos locales), eso sería garantía de que la reforma aprobada este año, no fuera revertida por otra dentro de seis años.

El documento original dejaba demasiadas dudas; eran “fallas de origen” que sirvieron para que grupos en los partidos signatarios del Pacto por México traten de generar el proverbial escenario de “río revuelto” que permita la ganancia de los pescadores. Algunos de esos temas eran, por ejemplo,  las características de la nueva autoridad reguladora, si convenía que desapareciera la actual autoridad, así como los índices que las agencias reguladoras deben usar para decidir si una empresa es o no dominante y la manera en que operará el mecanismo de “must carry/must offer”.

Podrían presentarse otros ejemplos, sin embargo hay dos claves cruciales para comprender qué podría ocurrir en el futuro inmediato. En un sentido, si Televisa y TV Azteca, por una parte, y Grupo Carso por la otra, no logran acuerdos para permitir que la reforma siga su curso, la economía no crecerá al ritmo que necesitamos; seguiremos en el escenario actual de “guerra de cabilderos” que asfixia al Congreso. Lo que es peor, se mantendrá el actual modelo que golpea a los consumidores y a la economía del país. Dejar las cosas como están hará que México siga siendo un paraíso de la economía informal, pues hoy es casi imposible competir contra esas empresas dominantes. El actual modelo no ofrece incentivos a la inversión privada formal en pequeñas empresas; sólo se crean y sólo crecen empresas muy grandes, mientras la clase media desaparece y la inseguridad aumenta.

Las televisoras y el actor fuerte de telefonía son empresas que tienen como razón de ser las utilidades y la mayor participación posible en el mercado; la reforma no implica que desaparezcan, sólo les ayuda a consolidar su presencia en el mercado y  participar en nuevos modelos de negocios.

Finalmente, lo que está en juego en esta reforma, es si México podrá participar o no de la sociedad del conocimiento; ello requiere acceso barato y sencillo a internet de banda ancha y de calidad. Sin internet, muchas de las nuevas tecnologías de producción y difusión del conocimiento seguirán siendo materia de cintas o novelas de ciencia ficción. Si la reforma naufraga, el sistema educativo y los creadores artísticos no podrán beneficiarse de estas nuevas tecnologías; hoy en día, las telecomunicaciones son una mercancía más; actualmente no son un “bien tutelar” que ayude al desarrollo del sistema educativo ni son herramientas para producir y difundir conocimiento y cultura. Por eso, habría que replantear el papel del Estado en este rubro y analizar si las telecomunicaciones no deberían formar parte de los “bienes tutelares”, para que no dependan solamente de las fuerzas del mercado.

manuelggranados@gmail.com

 

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