domingo, 28 de abril de 2013

La falsa disyuntiva


Domingo 28 de abril de 2013.
La Crónica de Hoy.
 
Manuel Gómez Granados.

Una de las reformas constitucionales que recién se aprobó en México enfrenta rechazos en Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En este último estado, la reforma vive una de sus pruebas más amargas y difíciles. Es la prueba que le imponen muchas décadas de simulación en las relaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos federal y del estado de Guerrero, en momentos en que —como todos sabemos— no hay en el SNTE una dirigencia nacional consolidada. Sin embargo, es una prueba que se ha complicado más por la manera en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha renunciado a usar las facultades que le confieren las leyes de su estado.

Lejos de asumir su responsabilidad, Aguirre y sus portavoces en las redes sociales, prefieren presentarse como víctimas del radicalismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Y es cierto, la CETEG es una organización radicalizada, que seguramente se radicalizará todavía más en el futuro inmediato, pero no es una organización de superhombres.

La CETEG, como cualquier otra organización, puede ser sometida sin recurrir a la represión. Basta que las autoridades estén dispuestas a aplicar los protocolos que ya se aprobaron en el ámbito federal, pero que pueden ser aplicados por analogía en el ámbito estatal. La clave es que el gobernador y sus colaboradores renuncien a la falsa disyuntiva de tolerar el caos, la violencia y la destrucción o reprimir y violar derechos humanos.

Los protocolos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012 con el título de “Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza publica por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública” (se pueden consultar en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244759&fecha=23/04/2012), reconocen la existencia de un abanico de medidas que van desde la disuasión hasta el uso de armas letales, no contempla, en ninguno de los casos, que se deba llegar a la represión o la violación de los derechos humanos generalizadas.

Esto es más grave porque ya desde el jueves 25 de abril, el día siguiente a las más violentas manifestaciones en Chilpancingo, el líder de la CETEG, Minervino Morán, amenazó con radicalizar todavía más la protesta si el Congreso de la Unión no revierte la reforma, cosa que se antoja francamente difícil que ocurra dado el consenso que la reforma logró al ser aprobada.

Tristemente, no es el único caso en el que el gobierno de Guerrero ha optado, por razones de cálculo político, por incumplir sus responsabilidades. Ahí está el caso de las “policías comunitarias”, que reflejan la desconfianza de las comunidades rurales con el gobierno, pero que no pueden considerarse como la respuesta idónea a los problemas de esa entidad.

Parece claro que las promesas que llevaron a Aguirre a la gubernatura, entre las que destacaban su experiencia, resultaron vanas. Aguirre no sólo no aprendió de la dolorosa masacre de Aguas Blancas. Ahora acumula nuevos y más graves errores que podrían llevar a nuevas y más graves violaciones de los derechos humanos.

El gobernador Aguirre debería considerar que el Estado y el derecho no pueden existir como adorno en la vida de las personas. Para que Estado y derecho y todo lo que esas dos realidades integran tengan sentido, sean útiles, es necesario que la ley se cumpla, lo que no implica que se violen los derechos humanos.

Decía Ortega y Gasset que para que el derecho sea pleno, para que tenga sentido como construcción, es necesario que se funde e irradie la totalidad de la vida humana colectiva. Cuando se deja de creer en instituciones públicas como el derecho y el Estado, como está ocurriendo en Guerrero, se diluye hasta desaparecer la legitimidad de esas instituciones y lo que sigue no es la democracia. Por lo regular, lo que sigue en esos casos son dictaduras o alguna otra forma de tiranía.

El reto de Aguirre no es obligar a la CETEG a aceptar o apreciar la reforma educativa. Pueden repudiarla, es su derecho. El reto de Aguirre, es que incluso si la CETEG repudia la reforma educativa, ello no se convierta en una situación en la que la CETEG u otros grupos, como las policías comunitarias, ejerzan el tipo de violencia que han ejercido en fechas recientes. En otras palabras, el gobernador de Guerrero y sus colaboradores no tienen derecho a suspender, por capricho o cálculo político, la aplicación y la observancia del derecho.



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