Domingo 28 de abril de 2013.
La Crónica de Hoy.
Manuel Gómez Granados.
Una de las reformas
constitucionales que recién se aprobó en México enfrenta rechazos en Oaxaca,
Michoacán y Guerrero. En este último estado, la reforma vive una de sus pruebas
más amargas y difíciles. Es la prueba que le imponen muchas décadas de
simulación en las relaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y los gobiernos federal y del estado de Guerrero, en momentos en que —como
todos sabemos— no hay en el SNTE una dirigencia nacional consolidada. Sin
embargo, es una prueba que se ha complicado más por la manera en que el
gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha renunciado a usar las facultades que le
confieren las leyes de su estado.
Lejos de asumir su
responsabilidad, Aguirre y sus portavoces en las redes sociales, prefieren presentarse
como víctimas del radicalismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero. Y es cierto, la CETEG es una organización radicalizada,
que seguramente se radicalizará todavía más en el futuro inmediato, pero no es
una organización de superhombres.
La CETEG, como cualquier
otra organización, puede ser sometida sin recurrir a la represión. Basta que
las autoridades estén dispuestas a aplicar los protocolos que ya se aprobaron en
el ámbito federal, pero que pueden ser aplicados por analogía en el ámbito estatal.
La clave es que el gobernador y sus colaboradores renuncien a la falsa disyuntiva
de tolerar el caos, la violencia y la destrucción o reprimir y violar derechos
humanos.
Los protocolos, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012 con el título de “Acuerdo por el que se emiten
los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza publica por
las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaria de
Seguridad Pública” (se pueden consultar en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244759&fecha=23/04/2012), reconocen la existencia de un abanico de
medidas que van desde la disuasión hasta el uso de armas letales, no contempla,
en ninguno de los casos, que se deba llegar a la represión o la violación de
los derechos humanos generalizadas.
Esto es más grave porque ya
desde el jueves 25 de abril, el día siguiente a las más violentas
manifestaciones en Chilpancingo, el líder de la CETEG, Minervino Morán, amenazó
con radicalizar todavía más la protesta si el Congreso de la Unión no revierte
la reforma, cosa que se antoja francamente difícil que ocurra dado el consenso
que la reforma logró al ser aprobada.
Tristemente, no es el único
caso en el que el gobierno de Guerrero ha optado, por razones de cálculo
político, por incumplir sus responsabilidades. Ahí está el caso de las
“policías comunitarias”, que reflejan la desconfianza de las comunidades
rurales con el gobierno, pero que no pueden considerarse como la respuesta
idónea a los problemas de esa entidad.
Parece claro que las
promesas que llevaron a Aguirre a la gubernatura, entre las que destacaban su
experiencia, resultaron vanas. Aguirre no sólo no aprendió de la dolorosa
masacre de Aguas Blancas. Ahora acumula nuevos y más graves errores que podrían
llevar a nuevas y más graves violaciones de los derechos humanos.
El gobernador Aguirre
debería considerar que el Estado y el derecho no pueden existir como adorno en
la vida de las personas. Para que Estado y derecho y todo lo que esas dos
realidades integran tengan sentido, sean útiles, es necesario que la ley se
cumpla, lo que no implica que se violen los derechos humanos.
Decía Ortega y Gasset que
para que el derecho sea pleno, para que tenga sentido como construcción, es
necesario que se funde e irradie la totalidad de la vida humana colectiva.
Cuando se deja de creer en instituciones públicas como el derecho y el Estado, como
está ocurriendo en Guerrero, se diluye hasta desaparecer la legitimidad de esas
instituciones y lo que sigue no es la democracia. Por lo regular, lo que sigue
en esos casos son dictaduras o alguna otra forma de tiranía.
El reto de Aguirre no es obligar
a la CETEG a aceptar o apreciar la reforma educativa. Pueden repudiarla, es su
derecho. El reto de Aguirre, es que incluso si la CETEG repudia la reforma
educativa, ello no se convierta en una situación en la que la CETEG u otros
grupos, como las policías comunitarias, ejerzan el tipo de violencia que han
ejercido en fechas recientes. En otras palabras, el gobernador de Guerrero y sus
colaboradores no tienen derecho a suspender, por capricho o cálculo político,
la aplicación y la observancia del derecho.
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