Manuel Gómez Granados
La discusión
sobre el futuro de la seguridad pública en México no para. No es que se hayan
logrado avances significativos. Más bien no se han logrado, y algunas regiones
de México se parecen a los “territorios liberados” que algunas guerrillas
establecieron en América Central o, peor, recuerdan las porciones del
territorio que controlan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los signos
están por todas partes. Son evidentes en Michoacán donde la Tierra Caliente ya
es una realidad aparte del resto del estado y el país. Algunas empresas se han
retirado y quien puede emigrar lo hace. El problema no es la enfermedad de Fausto
Vallejo. Más bien la enfermedad de don Fausto ha demostrado que Michoacán
podría ahorrarse los sueldos de un gobierno estatal que parece dar lo mismo que
exista o no.
En Guerrero
Ángel Aguirre ha demostrado que toda la experiencia que acumuló sirve de muy
poco, y que para que las alternancias locales tengan sentido no pueden ser la
repetición de viejas fórmulas con colores distintos como el nepotismo, que
resuelve problemas de los políticos, como el pago de facturas y sentir que
necesitan rodearse de leales, pero que genera muchos más problemas.
En
Tamaulipas, priístas como Rodolfo Torre, que tanto criticaban a gobiernos del PAN
por imponer en los 1990 códigos de vestido en las oficinas públicas, le apuestan
a erradicar minifaldas y escotes para resolver la seguridad.
En Tabasco,
un gobernador grabado en vídeo alardea, alcoholizado, acerca de sus propiedades
y bienes en el marco de uno de los peores rituales de la política pues, a pesar
de las promesas que Arturo Núñez hizo, no hay signos de que vaya a proceder
contra quienes saquearon el erario. Más bien, el vox populi tabasqueño estima que
los castigos no pasarán de ser un “estate-quieto” y por eso se hizo público el
vídeo de Andrés Granier, para ver si, con una prueba de los excesos, Núñez cumple
sus promesas.
Los
problemas son mayores en los 13 estados de la República que celebrarán
elecciones este año. Aunque sólo uno elegirá gobernador (Baja California) y hay
una elección extraordinaria (Sonora), en las otras once elecciones hay un tufo
de guerra de trincheras que no abona a la democracia; habla de feudalización y
corrupción y la manera en que muchos gobernadores actúan como jefes de
facciones.
Los signos
más evidentes se presentaron en Veracruz, pero otros estados y otros partidos no
están exentos de los mismos vicios. Las reformas que hablan de crear un
Instituto Nacional Electoral, en lugar del actual IFE, podrían ayudar, pero no
bastarán en tanto los partidos le apuesten todo a logros de corto plazo.
No es
posible olvidar, a propósito de esto, cómo a finales de la década pasada, el
PAN y el PRD, incapaces de ganar elecciones por sí mismos, recurrieron, a veces
juntos, a veces por separado, al expediente de “piratear” candidatos al PRI.
Quienes fueron presidentes del PAN o del PRD presentaban esas acciones como
grandes avances en la ruta de la democratización. La realidad los contradijo. Olvidaron
aquello que Einstein decía al definir la locura como el estado en el que se
buscan resultados diferentes haciendo la misma cosa una y otra vez, ¿cómo
esperaban resultados de la política en México si sólo reclutaron a cuadros que
no encontraban acomodo en el PRI?
Lo mismo
ocurre en el plano de la seguridad pública, ¿cómo esperan que se mejore si en
ocasiones desde los gobiernos estatales se induce la violencia y la
inseguridad? Aunque se nombran especialistas, se les ata de manos por los
compromisos que los gobernadores asumen para —según ellos— ganar hasta en el
municipio más aislado. Resulta contradictorio que quienes se dicen demócratas,
busquen a como dé lugar la unanimidad.
Y es cierto,
el gobierno de Felipe Calderón heredó una situación lamentable, pero así como
resultaba absurdo que Calderón culpara al PRI de la violencia que él propició, el
PRI, el PRD y los gobernadores de coalición no pueden apostarle todo a culpar a
Calderón y al PAN. Olvidan que la seguridad pública se construye desde los
espacios locales, con autoridades que respondan a las necesidades de las
comunidades. La situación sólo podrá resolverse en la medida que los
gobernadores reconozcan que la más importante dimensión de la seguridad pública
es la que los involucra a ellos. El Mando Único les dará todavía más poder, la
pregunta es ahora si sabrán qué hacer con ese poder o si simplemente lo
utilizarán para satisfacer sus objetivos de control político.
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