lunes, 20 de mayo de 2013

La democracia facciosa



Manuel Gómez Granados

La discusión sobre el futuro de la seguridad pública en México no para. No es que se hayan logrado avances significativos. Más bien no se han logrado, y algunas regiones de México se parecen a los “territorios liberados” que algunas guerrillas establecieron en América Central o, peor, recuerdan las porciones del territorio que controlan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los signos están por todas partes. Son evidentes en Michoacán donde la Tierra Caliente ya es una realidad aparte del resto del estado y el país. Algunas empresas se han retirado y quien puede emigrar lo hace. El problema no es la enfermedad de Fausto Vallejo. Más bien la enfermedad de don Fausto ha demostrado que Michoacán podría ahorrarse los sueldos de un gobierno estatal que parece dar lo mismo que exista o no.

En Guerrero Ángel Aguirre ha demostrado que toda la experiencia que acumuló sirve de muy poco, y que para que las alternancias locales tengan sentido no pueden ser la repetición de viejas fórmulas con colores distintos como el nepotismo, que resuelve problemas de los políticos, como el pago de facturas y sentir que necesitan rodearse de leales, pero que genera muchos más problemas.

En Tamaulipas, priístas como Rodolfo Torre, que tanto criticaban a gobiernos del PAN por imponer en los 1990 códigos de vestido en las oficinas públicas, le apuestan a erradicar minifaldas y escotes para resolver la seguridad.

En Tabasco, un gobernador grabado en vídeo alardea, alcoholizado, acerca de sus propiedades y bienes en el marco de uno de los peores rituales de la política pues, a pesar de las promesas que Arturo Núñez hizo, no hay signos de que vaya a proceder contra quienes saquearon el erario. Más bien, el vox populi tabasqueño estima que los castigos no pasarán de ser un “estate-quieto” y por eso se hizo público el vídeo de Andrés Granier, para ver si, con una prueba de los excesos, Núñez cumple sus promesas.

Los problemas son mayores en los 13 estados de la República que celebrarán elecciones este año. Aunque sólo uno elegirá gobernador (Baja California) y hay una elección extraordinaria (Sonora), en las otras once elecciones hay un tufo de guerra de trincheras que no abona a la democracia; habla de feudalización y corrupción y la manera en que muchos gobernadores actúan como jefes de facciones.

Los signos más evidentes se presentaron en Veracruz, pero otros estados y otros partidos no están exentos de los mismos vicios. Las reformas que hablan de crear un Instituto Nacional Electoral, en lugar del actual IFE, podrían ayudar, pero no bastarán en tanto los partidos le apuesten todo a logros de corto plazo.

No es posible olvidar, a propósito de esto, cómo a finales de la década pasada, el PAN y el PRD, incapaces de ganar elecciones por sí mismos, recurrieron, a veces juntos, a veces por separado, al expediente de “piratear” candidatos al PRI. Quienes fueron presidentes del PAN o del PRD presentaban esas acciones como grandes avances en la ruta de la democratización. La realidad los contradijo. Olvidaron aquello que Einstein decía al definir la locura como el estado en el que se buscan resultados diferentes haciendo la misma cosa una y otra vez, ¿cómo esperaban resultados de la política en México si sólo reclutaron a cuadros que no encontraban acomodo en el PRI?

Lo mismo ocurre en el plano de la seguridad pública, ¿cómo esperan que se mejore si en ocasiones desde los gobiernos estatales se induce la violencia y la inseguridad? Aunque se nombran especialistas, se les ata de manos por los compromisos que los gobernadores asumen para —según ellos— ganar hasta en el municipio más aislado. Resulta contradictorio que quienes se dicen demócratas, busquen a como dé lugar la unanimidad.

Y es cierto, el gobierno de Felipe Calderón heredó una situación lamentable, pero así como resultaba absurdo que Calderón culpara al PRI de la violencia que él propició, el PRI, el PRD y los gobernadores de coalición no pueden apostarle todo a culpar a Calderón y al PAN. Olvidan que la seguridad pública se construye desde los espacios locales, con autoridades que respondan a las necesidades de las comunidades. La situación sólo podrá resolverse en la medida que los gobernadores reconozcan que la más importante dimensión de la seguridad pública es la que los involucra a ellos. El Mando Único les dará todavía más poder, la pregunta es ahora si sabrán qué hacer con ese poder o si simplemente lo utilizarán para satisfacer sus objetivos de control político.



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