Manuel Gómez Granados.
La Crónica de Hoy.
Domingo 16 de junio de 2013.
Desde los primeros días de
junio las estructuras del gobierno de Estados Unidos se han cimbrado hasta sus
cimientos. No es para menos. De manera simultánea, en Londres y Washington, DC,
se dieron a conocer detalles nunca conocidos de la manera en que el gobierno de
EU espía, vigila y controla a sus ciudadanos. Los detalles del programa PRISM
son más significativos por dos razones. En primer lugar porque en estos días
tiene lugar el juicio contra uno de los dos actores clave de Wikileaks, Bradley
Manning. Y aunque no hay una verdadera discusión acerca de la
culpabilidad, sino un debate acerca del
castigo que recibirá Manning, este juicio ha dado pie a que se discutan cuáles
son los límites de la lealtad que un soldado le debe a su gobierno,
especialmente cuando se cometen violaciones del derecho internacional de guerra
que motivaron la reacción de Manning al entregar los documentos que Julian
Assange publicó.
En segundo lugar porque, el
documento del programa PRISM fue filtrado por Edward Snowden, un analista en la
Agencia Nacional de Seguridad, con un sueldo de más de 200 mil dólares al año,
que arriesgó todo para dar a conocer la manera en que el gobierno de su país
espía y, al hacerlo, viola derechos fundamentales consagrados en la
constitución de su país y abre la puerta a muchas preguntas acerca de lo que
podría pasar en México y otros países.
Snowden vive ahora lo que
Julian Assange vivió hace algunos meses, cuando sabía que el gobierno de EU lo
perseguía. Y, como con Assange, no sería difícil que además de los cargos que
ya se han levantado contra el exfuncionario de la NSA, se siga una estrategia
similar de “character assesination”, es decir, desacreditar sin importar si se
recurren a relatos que incluyan mentiras. En el caso de Assange fue que sostuvo relaciones con dos hermanas
suecas menores de edad. A Manning se le ha presentado como un homosexual,
resentido, ahogado por el rencor, incapaz de encajar en el Ejército ¿Qué usarán
ahora contra Snowden?
Es difícil saberlo pues
—como en el caso de Manning— la legislación de EU no incluye algún tipo de
salvaguarda para proteger a quienes delatan las actividades que involucren la
seguridad nacional y la pena que podría enfrentar Snowden, como Manning, se
escogerá de un menú en el que sólo hay dos platos: pena de muerte o cadena
perpetua. Esa es, por cierto, la razón por la que Assange se ha negado a
abandonar el incómodo refugio que le ofrece la embajada de Ecuador en Londres.
Más allá de la preocupación
acerca del futuro de Snowden o Manning, para nosotros como mexicanos hay otras
preguntas. ¿El gobierno de México también colecta información distribuida por
medio de Internet o de la telefonía celular? Si la colecta, ¿cómo es posible
que no la use para frenar las actividades del narcotráfico o para frenar las actividades
de los traficantes de personas y de tantos otros criminales? Cualquiera podría
suponer que un narco, lo mismo que un pollero o un secuestrador usan recursos
tecnológicos modernos como teléfonos celulares o correos electrónicos. Si es
así, ¿por qué no se utiliza esa información para atajar sus actividades? ¿Qué
le impidió, por ejemplo, al gobierno de Felipe Calderón, usar este tipo de
información? Es difícil imaginar que el obstáculo fuera la legislación mexicana
en la materia, ¿es el costo de los aparatos y los programas de cómputo
necesarios para aprovechar ese tipo de información? Y peor aún, dadas las
actividades de empresas mexicanas de comunicación y telecomunicación, ¿éstas le
entregan también información al gobierno de EU? Y si la entregan, ¿sólo es
información de sus clientes en EU o también de los clientes que operen desde
México?
Todas estas preguntas son
difíciles de contestar dadas las limitaciones de nuestras instituciones de
protección de los derechos humanos, pero no estaría por demás que ahora que
hemos estrenado legislación en materia de telecomunicaciones, también se
definieran con precisión los límites de las acciones que el gobierno de México
pudiera realizar para salvaguardar la seguridad nacional. No es algo
descabellado. La violencia no ha parado. En algunos lugares, como Guerrero, se
ha hecho más compleja, y no sería difícil que las mismas empresas que vendieron
a George Bush el equipo para analizar llamadas, correos electrónicos e
historiales de navegación en Internet, se lo ofrezcan a nuestro país para
acabar ya con la violencia.
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