Manuel Gómez Granados.
La Crónica de Hoy.
Domingo 30 de junio de 2013.
La Oficina
para América Latina en Washington, WOLA en inglés, a finales de mayo publicó un
documento fundamental para comprender por qué México y América Central
enfrentan los problemas que, en materia alimentaria, padecemos en la
actualidad. Se titula “La agricultura familiar en México y América Central” y
da cuenta con cifras precisas de la manera como, a finales de los noventa, los
gobiernos de México y el Istmo redujeron los fondos para la producción
agropecuaria familiar y los concentraron en las grandes empresas agropecuarias.
En México y
Centroamérica, la inversión pública en agricultura pasó en 2000 de 3.34 por
ciento de los presupuestos de egresos, a sólo 2.08 por ciento en 2009. Más del
1.20 por ciento de reducción en nueve años. Al mismo tiempo, 50 por ciento de
la inversión pública en materia agropecuaria en México se concentró en el diez por
ciento de los empresarios más ricos del ramo.
De acuerdo
con WOLA, esta tendencia a reducir y concentrar la inversión pública en materia
agropecuaria es resultado de los acuerdos comerciales que iniciaron con el
Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, y continuaron durante los noventa y la década
anterior hasta integrar a América Central, Panamá y la República Dominicana. Los
resultados no se hicieron esperar. La producción se especializó, se tecnificó y
se orientó fundamentalmente a los mercados más rentables: Estados Unidos y
Europa, mientras que los pequeños productores —cada vez más empobrecidos— abandonaban sus tierras. Lo que es peor, dice
WOLA, “aunque estos acuerdos multilaterales ayudaron a promover el desarrollo de
un vibrante sector agroexportador, especialmente en México, golpearon a quienes
producían para los mercados locales. Los precios que se pagaban a los
campesinos por cultivar muchos productos, cayeron dramáticamente, hasta 50 por
ciento en el caso del maíz y el frijol, al tiempo que los productores de México
y América Central enfrentaban más dificultades para competir con el flujo de
productos importados baratos, especialmente las carnes, cereales y frutas
fuertemente subsidiados en Estados
Unidos… Con menos oportunidades para dedicarse a la agricultura, los habitantes
de comunidades rurales frecuentemente fueron obligados a abandonar sus
comunidades. Algunos viajaron a ciudades en sus propios países, otros viajaron
a otros países de América Latina y la mayoría ha intentado el cada vez más
peligroso viaje de México a EU” (p.2).
Lo que está
en el fondo de la reflexión de WOLA es una creciente preocupación de distintos
observadores, de organizaciones dedicadas a la promoción del desarrollo, así
como de organismos promotores de la democracia y del respeto de los derechos
humanos, con las consecuencias que ha tenido el abandono de la agricultura
familiar. El más importante es que aumentó la vulnerabilidad alimentaria de cerca
del 30 por ciento en México y de más del 40 por ciento en América Central. Además,
quienes poseen tierras, aunque sean de mala calidad, enfrentan presiones del
narcotráfico para dedicar sus propiedades a la producción o al tránsito de
estupefacientes, y quienes no las poseen se han convertido en jornaleros
agrícolas migrantes, uno de los grupos más vulnerables en todo México, pues
además de las difíciles condiciones en las que trabajan, sus hijos (un poco más
de medio millón de niños y jóvenes de ambos sexos), no cuentan con
oportunidades para poder educarse.
WOLA no se queda en
la descripción de las desventuras las familias rurales de México y América
Central. El documento, en inglés, está en el portal de esa institución en http://www.wola.org/publications/government_investment_in_family_agriculture, y presenta cuatro
grupos de recomendaciones: los programas de gobierno para agricultura familiar
deben ser más integrales. Es decir, no basta con entregar semillas,
fertilizantes o píes de cría. Tampoco bastan los subsidios. Se necesitan
mejoras en los caminos rurales, compras de gobierno, acceso a crédito y a
servicios de educación para los menores de esas familias. En segundo lugar, los
programas de agricultura familiar deben ser más transparentes en su operación,
de manera que se reduzcan las oportunidades para que se les use con propósitos
electorales y/o clientelares. En tercer lugar, los gobiernos, las
organizaciones campesinas y de la sociedad civil, así como instituciones
internacionales deben mejorar las métricas y los criterios a partir de los
cuales se evalúan estos programas. Finalmente, recomienda elevar los niveles de
inversión en este tipo de programas.
En
esta época en que urge que la Cruzada Nacional contra el Hambre se consolide,
sería útil que los responsables de esa iniciativa se familiarizaran con este
documento, ya que contrasta con lo que señala la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo: México es el séptimo país más atractivo
para inversiones.
manuelggranados@gmail.com
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