Sábado 06 de julio de 2013.
Ayer por la tarde, en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, muchas personas protestaron en las calles por los asesinatos de
mujeres en ese estado. No es la primera manifestación y seguramente no será la
última. En los primeros seis meses de 2013, 45 fueron asesinadas, lo mismo en
zonas rurales que urbanas. Es una cifra desgarradora: casi dos mujeres por
semana y es más grave por la situación de desorden que, según se dice, Juan Sabines heredó a su sucesor en la
gubernatura: Manuel Velasco Coello.
Tantas muertes de mujeres no es algo que
dependa sólo de las acciones u omisiones del gobernador; especialmente en Chiapas,
estado con una larga historia de violencia cuyo origen siempre es la brutal
desigualdad que lo caracteriza; tristemente, las intervenciones realizadas en
los últimos 20 años no resolvieron el problema de la desigualdad. Las dos
alternancias en la historia de la entidad ya tendrían que haber demostrado los
beneficios de la democracia, pero no es así. Las excusas las conocemos de
memoria: dificultades para moverse en un estado tan grande, con una geografía
tan accidentada y con el mayor número de comunidades de
menos de dos mil 500 personas, además de que Chiapas se disputa siempre, con
Oaxaca y Guerrero, el primero, segundo o tercer lugar en los índices de
pobreza, marginación o dificultades para acceder a servicios de educación,
salud y procuración y administración de justicia.
A todos esos problemas habría que agregar los
que tienen que ver con su ubicación como estado de frontera y paso de
narcotraficantes, tratantes y traficantes de personas, contrabandistas y todo
tipo de delincuentes, nacionales e internacionales, además de personas que
viajan desde América Central para emigrar a EU. Pero no nos engañemos. Esos
problemas complican pero no explican la situación que vive Chiapas.
No es la pobreza; es la desigualdad en la
distribución de la riqueza y las oportunidades lo que explica los problemas de
este estado, dotado de muchos recursos, pero concentrados en un pequeño círculo
de familias que se han alternado los cargos públicos en los últimos 40 años. El
mejor ejemplo de que la desigualdad que padece Chiapas no es resultado de la
pobreza sino de malas políticas, fueron las Ciudades Rurales de Juan Sabines,
entre otros excesos. Santiago del Pinar costó 394 millones y Jaltenango otros
428 millones. Sin embargo, a pesar todo el bombo y platillo con el que se les
presentó como la solución a todos los problemas del estado, ahora lucen
abandonadas y seguirán así, como monumento a la soberbia de quienes las
construyeron.
Esa “inversión” resultó un desperdicio que no
sólo no atacó el problema de la desigualdad; lo agravó. No nos engañemos, toda
la evidencia disponible dice que existe una correlación entre desigualdad y
violencia y, de manera más concreta, entre desigualdad y violencia de género,
es decir, la dirigida contra las mujeres. Y es más frecuente en Chiapas
por la mala calidad de la seguridad
pública, la procuración de justicia, tanto federal como estatal, y la
impunidad.
Hace casi 20 años, la sociedad civil
organizada evitó que la desigualdad en Chiapas detonara una guerra civil. Ahora
ya no hay guerrillas; los conflictos no tienen ya el tinte ideológico de los
años 1970 y 1980, pero el sustrato que explica y hace posible la violencia,
sigue ahí. Urge acabar con la desigualdad y frenar el desperdicio de recursos
que perpetúa la marginación y hace de las mujeres blancos fáciles e impunes.
Enlace: http://www.excelsior.com.mx/manuel-gomez-granados/2013/07/06/907539
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