sábado, 6 de julio de 2013

Las muertas de Chiapas

Excelsior.
Sábado 06 de julio de 2013.

Manuel Gómez Granados.


Ayer por la tarde, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchas personas protestaron en las calles por los asesinatos de mujeres en ese estado. No es la primera manifestación y seguramente no será la última. En los primeros seis meses de 2013, 45 fueron asesinadas, lo mismo en zonas rurales que urbanas. Es una cifra desgarradora: casi dos mujeres por semana y es más grave por la situación de desorden que, según se dice,  Juan Sabines heredó a su sucesor en la gubernatura: Manuel Velasco Coello.

Tantas muertes de mujeres no es algo que dependa sólo de las acciones u omisiones del gobernador; especialmente en Chiapas, estado con una larga historia de violencia cuyo origen siempre es la brutal desigualdad que lo caracteriza; tristemente, las intervenciones realizadas en los últimos 20 años no resolvieron el problema de la desigualdad. Las dos alternancias en la historia de la entidad ya tendrían que haber demostrado los beneficios de la democracia, pero no es así. Las excusas las conocemos de memoria: dificultades para moverse en un estado tan grande, con una geografía tan accidentada y con el mayor número de comunidades de menos de dos mil 500 personas, además de que Chiapas se disputa siempre, con Oaxaca y Guerrero, el primero, segundo o tercer lugar en los índices de pobreza, marginación o dificultades para acceder a servicios de educación, salud y procuración y administración de justicia.

A todos esos problemas habría que agregar los que tienen que ver con su ubicación como estado de frontera y paso de narcotraficantes, tratantes y traficantes de personas, contrabandistas y todo tipo de delincuentes, nacionales e internacionales, además de personas que viajan desde América Central para emigrar a EU. Pero no nos engañemos. Esos problemas complican pero no explican la situación que vive Chiapas.

No es la pobreza; es la desigualdad en la distribución de la riqueza y las oportunidades lo que explica los problemas de este estado, dotado de muchos recursos, pero concentrados en un pequeño círculo de familias que se han alternado los cargos públicos en los últimos 40 años. El mejor ejemplo de que la desigualdad que padece Chiapas no es resultado de la pobreza sino de malas políticas, fueron las Ciudades Rurales de Juan Sabines, entre otros excesos. Santiago del Pinar costó 394 millones y Jaltenango otros 428 millones. Sin embargo, a pesar todo el bombo y platillo con el que se les presentó como la solución a todos los problemas del estado, ahora lucen abandonadas y seguirán así, como monumento a la soberbia de quienes las construyeron.

Esa “inversión” resultó un desperdicio que no sólo no atacó el problema de la desigualdad; lo agravó. No nos engañemos, toda la evidencia disponible dice que existe una correlación entre desigualdad y violencia y, de manera más concreta, entre desigualdad y violencia de género, es decir, la dirigida contra las mujeres. Y es más frecuente en Chiapas por  la mala calidad de la seguridad pública, la procuración de justicia, tanto federal como estatal, y la impunidad.

Hace casi 20 años, la sociedad civil organizada evitó que la desigualdad en Chiapas detonara una guerra civil. Ahora ya no hay guerrillas; los conflictos no tienen ya el tinte ideológico de los años 1970 y 1980, pero el sustrato que explica y hace posible la violencia, sigue ahí. Urge acabar con la desigualdad y frenar el desperdicio de recursos que perpetúa la marginación y hace de las mujeres blancos fáciles e impunes.

manuelggranados@gmail.com


Enlace: http://www.excelsior.com.mx/manuel-gomez-granados/2013/07/06/907539

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