domingo, 21 de julio de 2013

Urgen transiciones en los estados

Manuel Gómez Granados.
La Crónica de Hoy.
Domingo 21 de julio de 2013.


Si algo han demostrado las elecciones de principios de este mes, así como las encuestas publicadas más recientemente en México, que dan cuenta de la percepción que tenemos de qué tan hondo ha calado la corrupción en las estructuras de los partidos políticos, es que la política en nuestro país no genera confianza.

¿Cómo podría generar confianza cuando el país vive en una espiral de decepciones que tiene como principales protagonistas a los políticos? ¿Cómo podría generar confianza la política si, por ejemplo, tres ex gobernadores se han convertido a últimas fechas en blancos de investigaciones por corrupción? ¿Cómo podría generar confianza la política, si las investigaciones por corrupción ocurren mientras se conocen detalles de la manera en que la deuda pública de estados y municipios ha crecido en los últimos años? Y peor, aún, ¿cómo podríamos confiar en la política y los actores de la política, cuando la deuda que crece y crece no ha servido para resolver problemas fundamentales como la educación, la salud o el transporte público?

Lejos de ello, la deuda —que en su conjunto creció un punto del PIB nacional, es decir, cerca de 116 mil millones de pesos— hasta en un 70 por ciento supuestamente sirvió para financiar el gasto corriente y la entrega de subsidios por parte de los gobiernos estatales y municipales a sus ciudadanos. No se resolvieron problemas de largo plazo, como la construcción de infraestructura; tampoco se construyeron más hospitales ni se aumentó la dotación de camas en los hospitales públicos; no se mejoró el funcionamiento de los servicios de salud o de educación; más bien lo contrario. Hoy, en 2013, la familia mexicana promedio, debe gastar más recursos propios para cuidar su salud o educar a sus hijos de lo que hacía hace 20 ó 30 años.

Lo que queda como saldo de esa realidad, es que hay una creciente percepción de la irrelevancia práctica de los cambios políticos que han ocurrido en los últimos 15 o 18 años. La democracia, lejos de prestigiarse, se degrada a los ojos de los ciudadanos que, no en balde, participan menos en la política y cuando lo hacen —como lo demuestran las “candidaturas” de animales como Morris, el candigato en Xalapa—, lo hacen con un ánimo cercano al cinismo. Y peor aún: los institutos electorales estatales, lejos de construir confianza hacen lo contrario con sus errores y los salarios extremos de sus funcionarios.

¿Toda la culpa es de los políticos? No. Pero, el quiebre del control del Congreso por un solo partido, la alternancia en 2000 a escala federal, así como las que ocurrieron antes y después en distintos estados, reflejaron más los intereses, preferencias y acuerdos de los políticos que las demandas de la ciudadanía. Parte del problema es que no sabemos qué quiere la ciudadanía, pues la participación en organizaciones de la sociedad civil es exigua e inconstante. No hay voces que representen a las personas comunes que, lejos de asociarse para dar fuerza a su voz, prefieren refugiarse en la aparente fortaleza de las relaciones con los miembros más cercanos de su familia que, como tales, nunca salen fuera del ámbito de lo más inmediato. Se trata de un acendrado individualismo en el que la lógica es sálvese quien pueda.

En el ámbito nacional, México vivió entre 1994 y 2000 importantes cambios que fueron posibles gracias a la movilización de la sociedad civil, aunque en estricto sentido nunca “aterrizaron” en la política estatal. Hoy, en los estados, se requiere de transformaciones que reconstruyan el tejido social y renueven el bien público. Historias de terror como las que han salido a la luz pública en Tabasco, Aguascalientes o Chiapas, forman parte de los rezagos que la alternancia de 2000 no logró resolver. Tristemente, la democracia mexicana de los últimos 15 años más bien empeoró nuestros problemas. Ahí están monumentos al despilfarro como el financiamiento público a equipos de futbol como el Necaxa, en Aguascalientes; el guardarropa del ex gobernador de Tabasco o las ciudades rurales, en el caso de Chiapas.

Este mes se aprobó una reforma que trata de poner un límite al despilfarro en la contratación de deuda, que ahora deberá ser objeto de una licitación y no podrá ser contratada en los últimos meses de un gobierno estatal o municipal. Pero eso no bastará mientras no existan suficientes contrapesos en cada uno de los 31 estados de la República, y esos contrapesos sólo podrán ser resultado de la capacidad de organización y movilización que demuestre la sociedad civil en cada entidad.
manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/770065.html

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