domingo, 22 de septiembre de 2013

Devastación nacional



Manuel Gómez Granados.

Noventa y siete muertos y otros tantos desaparecidos; un millón 200 mil damnificados;  comunidades enteras sepultadas por el agua y el lodo, aisladas, incomunicadas y sin alimento; carreteras destruidas; infraestructura devastada; cultivos y ganado perdidos; 330 municipios de 23 estados afectados por las torrenciales lluvias e inundaciones. Son algunos de los daños causados por Ingrid y Manuel, más lo que se acumule.

Entre el 11 y el 18 de septiembre, se registraron lluvias extraordinarias. Conagua reporta 987 milímetros en la sierra de Guerrero, 661 milímetros en la huasteca potosina, 519 milímetros en la costa de Michoacán; la lluvia que afectó al estado de Guerrero es la mayor intensidad registrada en la historia del país. En Puebla 31 municipios fueron declarados en estado de emergencia —entre ellos Chiconcuautla y Huauchinango, de población indígena— y 33 en Tamaulipas. En Veracruz el gobernador informó que en La Perla y en Mariano Escobedo hay por lo menos 30 deslaves.

Expertos indican, además, que existe 60% de posibilidades de que un huracán se forme en el suroeste de México, Jerry, y que puede alcanzar la intensidad de Ingrid. El secretario de Gobernación, el titular de Conagua y otras autoridades informan que continuarán las intensas lluvias. Como dice el refrán popular: las desgracias nunca vienen solas.

Ante la magnitud del problema, el presidente Peña Nieto canceló su participación en la Asamblea General de la ONU para atender personalmente la emergencia, y además de recorrer las zonas afectadas, dio instrucciones a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para que atienda la contingencia. Quizás porque gobernadores y presidentes municipales se vieron titubeantes.

A los 53.3 millones de pobres en México se añade esta catástrofe y como siempre ocurre, son los más pobres los que sufren las peores consecuencias; están indignados y desesperados.

La tala inmoderada, la ausencia de una cultura de prevención, la corrupción que permite la construcción masiva en zonas de alto riesgo, el modelo de desarrollo urbano que privilegia a los autos sobre las personas sin considerar el impacto medioambiental, la lentitud de algunas autoridades para actuar ante los desastres y un largo etcétera, agravan estas situaciones.

Acapulco, por ejemplo, en 1997 sufrió una tragedia como la de este año con el huracán Paulina. Conmovidos por la magnitud de la tragedia, Ernesto Zedillo y René Juárez, entonces gobernador del estado, prometieron que no volvería ocurrir algo parecido.

No faltó voluntad política. Zedillo zarandeó en cadena nacional a un político priista local que aprovechaba la situación para pasearse con los colores de su partido, mientras repartía ayuda. En un discurso pronunciado dos años después, Zedillo sentenció: “no se detendrá en la operación del programa de saneamiento integral de la bahía de Acapulco, ni ninguna de las acciones que realiza; por el contrario, seguirá inyectando al puerto la vitalidad y la hermosura que habrá de requerir en el siglo veintiuno”.

El siglo veintiuno llegó y en lugar de que se resuelvan los problemas de Acapulco y de otras ciudades de México, se agravan muchas de las causas estructurales de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestras urbes, como si no hubiera voluntad política de resolver los problemas.

Más allá de las culpas, las responsabilidades y las omisiones, hoy lo más urgente es llevar alimentos, agua, abrigo y medicinas a las comunidades aisladas, y atender a los miles de personas que están en albergues. Como decía el decreto de Graciano: “Alimenta al que muere de hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas”. Y al mismo tiempo, conviene prepararnos para iniciar la reconstrucción, porque, después de que pasa la emergencia, nos olvidamos de los marginados.

La Cruz Roja, Cáritas y muchas organizaciones de la sociedad civil y del gobierno federal como el DIF han desplegado lo mejor de sus capacidades para ayudar a los damnificados. Ojalá no haga el gobierno lo que puede y debe hacer la ciudadanía organizada, pero que tampoco haga la ciudadanía lo que puede y debe hacer el gobierno. Quizás sea la oportunidad de que el gobierno demuestre que se pueden utilizar los recursos públicos eficazmente, haga ver para qué quiere la reforma hacendaria y ponga las prioridades donde corresponden: los seres humanos concretos.

Sin embargo, nada de la ayuda que se envíe podrá sustituir la sensatez para cambiar el modelo de desarrollo urbano y la eficaz prevención de accidentes. Por eso, urge repensar el futuro de las ciudades desde una óptica distinta, racional y más sustentable. Ya no hay tiempo. Es la oportunidad del gobierno federal para corregir lo que se hizo mal y empezar a hacer las cosas bien y a la primera.

manuelggranados@gmail.com


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