domingo, 20 de octubre de 2013

La democracia en América Latina



Manuel Gómez Granados.

La Fundación Konrad Adenauer de Alemania, publicó este mes su más reciente edición del índice de la democracia en América Latina. Es una investigación valiosa por la información coyuntural que ofrece, además de que, al acumular ya doce ediciones, pueden formular conjeturas que no se limitan a lo que ocurrió en el último año en tal o cual país de la región. Eso hace posible pensar en análisis longitudinales, que den cuenta de lo que ha ocurrido tanto en países individuales, como en subconjuntos de países de América Latina.

Las noticias no son alentadoras. Los países de la región no han logrado resolver algunos problemas del diseño de sus instituciones y el saldo son ligeros retrocesos que, si queremos ser optimistas, podemos ver como un estancamiento general del desarrollo democrático en la región, con algunos avances muy limitados en algunas áreas, pero que no logran compensar o revertir una tendencia general negativa de largo plazo.

No es un problema, por cierto, de pobreza. De hecho, la Konrad Adenauer, como otras instituciones, señala que la región ha vivido un “fuerte descenso de la pobreza desde 2003”, pero este no se ha visto acompañado de una mejora en la calidad de las instituciones. Lo que es peor, ese descenso de la pobreza está asociado con un aumento general de los precios de las materias primas, que no ha logrado revertir por sí mismo (no podría hacerlo) el problema más grave, más complejo, de la mala distribución del ingreso, al mismo tiempo que expresa su preocupación con “los avances precarios del empleo”,  lo que hace más difícil que los problemas estructurales se resuelvan.

Dicho estudio (http://www.kas.de/wf/doc/kas_35551-1522-4-30.pdf?131001121558), muestra cómo Argentina, por ejemplo,  en los últimos 10 años logró recuperarse de la severa crisis en que la sumieron los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa. Pero esa recuperación no ha estado acompañada de mejoras en el empleo formal, ni de la maduración de las instituciones políticas que, más bien, se han visto afectadas por el caudillismo, por la extrema personalización de la vida pública. Algo similar pasó en Venezuela durante los trece años de gobiernos de Hugo Chávez, o en los procesos que han vivido en años recientes Ecuador con Rafael Correa y Bolivia con Evo Morales. En todos esos casos, lejos de que las prácticas de la democracia institucional se consolidaran,  se fortaleció  la lógica del caudillo, del líder iluminado, como el único capaz de resolver los problemas de sus países.

En el caso de México, la Konrad Adenauer deja ver que, entre 2002 y 2013, ocurrió una constante degradación del Índice de Desarrollo Democrático. El indicador pasó de 6.340 en 2002, a 5.522 en 2005, a 6.135 en 2008; En 2009, el indicador repuntó hasta alcanzar 6.490, el máximo registrado, pero de ahí en adelante ha sido una caída constante. El indicador registró 5.455 en 2010; cayó a 4.925 en 2011. En este indicador, en el último año de gobierno de Felipe Calderón perdió 0.403 puntos.  Repuntó ligeramente en 2012, pues alcanzó un 5.373, para volver a caer en 2013 a 5.056. Lo que es peor, cualquier aspiración de que México se incorporara, en el corto plazo, en el selecto grupo de los países con Alto Grado de Desarrollo Democrático en AL, que integra a Costa Rica, Chile y Uruguay, se esfumó.

El principal obstáculo al desarrollo democrático de México en los doce años que cubre el análisis de la Fundación Konrad Adenauer, se encuentra en lo que los autores llaman “la dimensión social”, esto es, “los indicadores que miden la calidad del desarrollo social y humano en la región”. México se encuentra entre los países que NO reportan mejoras en estos indicadores, que incluye el gasto en salud y educación, la mortalidad infantil, la matriculación en la educación secundaria, entre otros elementos.

Parte de los problemas de desempeño de la democracia mexicana está en el diseño, calidad y eficacia de sus instituciones, parte también radica en que la democracia participativa es anodina y se privilegia la representativa. En otras palabras, existe un déficit de ciudadanía: la participación política disminuyó y se volvió acrítica, resignada, comodina, reducida a demandas de servicios  y beneficios que el Estado otorga a los que se organizan de acuerdo con lineamientos institucionales y gozan de padrinos que avalen sus peticiones. La aplicación de las políticas públicas está en manos de funcionarios o burócratas, y la representación del pueblo “descansa” en el Congreso que  muestra la incapacidad de nuestros políticos para escuchar al pueblo y construir acuerdos.

manuelggranados@gmail.com

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