Manuel Gómez Granados.
A mediados de la semana pasada, el miércoles, en la sede de Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza, el gobierno de México enfrentó, como lo hacen otros
países miembros de la ONU, el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo
de Derechos Humanos. Es la segunda ocasión que México se somete a este
procedimiento y los resultados fueron, como suele ser en el caso de la ONU,
variopintos. Hay avances notables en algunas áreas. Avances que hacen que
resulte absurdo comparar a los gobernantes de México hoy con los de los
sesenta, pero también hay realidades que no cambian y que, más bien, se
agravan. Muestra de ello son 180 recomendaciones que
hicieron a nuestro país, el doble respecto del primer examen.
En materia de libertades de reunión y de expresión de ideas, en México
han cambiado mucho las cosas en los últimos 50 años. Los cambios, sin embargo,
no son tan claros en temas como la desaparición de activistas, periodistas y
líderes sociales que, de alguna manera, son incómodos para los gobiernos
estatales, municipales y para las estructuras de poder locales que normalmente
identificamos como “cacicazgos”. Hay, además, una clara vinculación entre las
desapariciones y los índices de desarrollo humano. No en balde, son los estados
donde la pobreza y la marginación son más prevalentes, donde ocurren con mayor
frecuencia estas desapariciones. También hay coincidencias entre las
desapariciones y la existencia de movimientos que defienden el derecho de las
comunidades para usar los recursos naturales a su alcance.
La posición del gobierno no fue particularmente destacada. La delegación
mexicana fue encabezada por el gobernador de Coahuila Rubén Moreira y el
secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade. Hubo una cierta
disposición de ambos de aceptar lo que la ONU dijo, se expresó la disposición a
mejorar, aunque muchas de las expresiones fueron más fórmulas de cortesía que
expresiones de compromisos concretos para cambiar prácticas o reformar leyes.
Ya desde la víspera, el ambiente estaba cargado en contra de México.
Distintas organizaciones civiles globales como Amnistía Internacional, habían
publicado reportes o comunicados en los que destacaban los problemas que
existen en nuestro país y hacían llamados para que México “haga más” a fin de
garantizar el respeto a los derechos. El argumento de Amnistía Internacional y de
otras organizaciones civiles es clave: el problema en muchos casos no son los
derechos en el papel, en las leyes. El problema es el respeto a los derechos en
las prácticas diarias de policías, jueces y funcionarios de los tres niveles de
gobierno, que muchas veces se aferran a formas de ejercer el poder marcadas por
el clientelismo o la parcialidad. Como en el caso del DF, donde se toleran
todos los excesos de la sección 22 del SNTE, pero se reprime con mucha
facilidad a ciudadanos comunes por “delitos” como tomar fotografías.
Uno de los problemas principales que enfrenta México es el del mal
trato que se le da a los transmigrantes centro y sudamericanos que, para bien o
para mal, pasan por México rumbo a EU, así como las
dificultades para garantizar la integridad de defensores de los derechos de los
transmigrantes, como los sacerdotes Alejandro Solalinde o Pedro Pantoja. Las
organizaciones civiles urgieron al gobierno de México a emitir y aplicar leyes
que efectivamente protejan a los migrantes.
Otra contradicción en el expediente mexicano es el pobre desempeño de
las autoridades de la justicia militar. No sólo cuando abusan del fuero militar
para impedir que se castiguen abusos contra civiles, también cuando—en el marco
de ese fuero militar—se protege a los altos mandos que abusan de los soldados y
oficiales de menor rango.
El Examen Periódico Universal consideró, en esta ocasión, los tres
últimos años de la gestión de Felipe Calderón. En ese sentido, es necesario
reconocer que es un periodo marcado por excesos y abusos de distintas
autoridades que no supieron aceptar tanto la futilidad de sus esfuerzos para
acabar con el tráfico de las drogas, como el hecho de que las Fuerzas Armadas y
la Policía Federal Preventiva, no estaban listas para hacerle frente a los
efectos de la violencia.
Más que ver para atrás, México necesita pensar en el futuro. Urge, por
ejemplo, que los congresos, tanto el federal como los de los estados, alineen
de mejor manera la legislación mexicana con lo que los convenios y tratados
internacionales dicen, y no esperar que sean los jueces quienes hagan esa
tarea. Los derechos humanos son irrenunciables y no son negociables.
Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/792848.html
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