domingo, 27 de octubre de 2013

México, reprobado en Derechos Humanos



Manuel Gómez Granados.

A mediados de la semana pasada, el miércoles, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el gobierno de México enfrentó, como lo hacen otros países miembros de la ONU, el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos. Es la segunda ocasión que México se somete a este procedimiento y los resultados fueron, como suele ser en el caso de la ONU, variopintos. Hay avances notables en algunas áreas. Avances que hacen que resulte absurdo comparar a los gobernantes de México hoy con los de los sesenta, pero también hay realidades que no cambian y que, más bien, se agravan. Muestra de ello son 180 recomendaciones que hicieron a nuestro país, el doble respecto del primer examen.

En materia de libertades de reunión y de expresión de ideas, en México han cambiado mucho las cosas en los últimos 50 años. Los cambios, sin embargo, no son tan claros en temas como la desaparición de activistas, periodistas y líderes sociales que, de alguna manera, son incómodos para los gobiernos estatales, municipales y para las estructuras de poder locales que normalmente identificamos como “cacicazgos”. Hay, además, una clara vinculación entre las desapariciones y los índices de desarrollo humano. No en balde, son los estados donde la pobreza y la marginación son más prevalentes, donde ocurren con mayor frecuencia estas desapariciones. También hay coincidencias entre las desapariciones y la existencia de movimientos que defienden el derecho de las comunidades para usar los recursos naturales a su alcance.

La posición del gobierno no fue particularmente destacada. La delegación mexicana fue encabezada por el gobernador de Coahuila Rubén Moreira y el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade. Hubo una cierta disposición de ambos de aceptar lo que la ONU dijo, se expresó la disposición a mejorar, aunque muchas de las expresiones fueron más fórmulas de cortesía que expresiones de compromisos concretos para cambiar prácticas o reformar leyes.

Ya desde la víspera, el ambiente estaba cargado en contra de México. Distintas organizaciones civiles globales como Amnistía Internacional, habían publicado reportes o comunicados en los que destacaban los problemas que existen en nuestro país y hacían llamados para que México “haga más” a fin de garantizar el respeto a los derechos. El argumento de Amnistía Internacional y de otras organizaciones civiles es clave: el problema en muchos casos no son los derechos en el papel, en las leyes. El problema es el respeto a los derechos en las prácticas diarias de policías, jueces y funcionarios de los tres niveles de gobierno, que muchas veces se aferran a formas de ejercer el poder marcadas por el clientelismo o la parcialidad. Como en el caso del DF, donde se toleran todos los excesos de la sección 22 del SNTE, pero se reprime con mucha facilidad a ciudadanos comunes por “delitos” como tomar fotografías.

Uno de los problemas principales que enfrenta México es el del mal trato que se le da a los transmigrantes centro y sudamericanos que, para bien o para mal, pasan por México rumbo a EU, así como las dificultades para garantizar la integridad de defensores de los derechos de los transmigrantes, como los sacerdotes Alejandro Solalinde o Pedro Pantoja. Las organizaciones civiles urgieron al gobierno de México a emitir y aplicar leyes que efectivamente protejan a los migrantes.

Otra contradicción en el expediente mexicano es el pobre desempeño de las autoridades de la justicia militar. No sólo cuando abusan del fuero militar para impedir que se castiguen abusos contra civiles, también cuando—en el marco de ese fuero militar—se protege a los altos mandos que abusan de los soldados y oficiales de menor rango.

El Examen Periódico Universal consideró, en esta ocasión, los tres últimos años de la gestión de Felipe Calderón. En ese sentido, es necesario reconocer que es un periodo marcado por excesos y abusos de distintas autoridades que no supieron aceptar tanto la futilidad de sus esfuerzos para acabar con el tráfico de las drogas, como el hecho de que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal Preventiva, no estaban listas para hacerle frente a los efectos de la violencia.

Más que ver para atrás, México necesita pensar en el futuro. Urge, por ejemplo, que los congresos, tanto el federal como los de los estados, alineen de mejor manera la legislación mexicana con lo que los convenios y tratados internacionales dicen, y no esperar que sean los jueces quienes hagan esa tarea. Los derechos humanos son irrenunciables y no son negociables.

manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/792848.html

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