Manuel Gómez
Granados.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
presentó, a mediados de la semana pasada, el Informe Regional de Desarrollo
Humano 2013-4 para América Latina. Es importante en la medida que se trata de
un índice específico para América Latina que, en la edición de este año, aborda
uno de los problemas más serios que enfrenta la región: la violencia y los
efectos que tiene en el desarrollo de nuestros países.
La preocupación de la ONU, las agencias y programas
de esa institución que participaron en este ejercicio no es coyuntural. América
Latina es, al mismo tiempo, una de las regiones más desiguales y más violentas
del mundo. De hecho hay quienes consideran que desigualdad y violencia van de
la mano. La violencia, además, se ha agravado en los últimos 15 años como
resultado de los efectos de la guerra contra las drogas. También es el
resultado de los efectos del crecimiento económico acelerado que algunos países
de la región han experimentado como proveedores de materias primas y que, dados
los patrones de exclusión y concentración del ingreso que nos han distinguido,
explican que seamos una región muy desigual.
El documento del PNUD (disponible en http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-regional/)
destaca en primer lugar que, “mientras en la mayoría de los países de América
Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron entre 2004 y 2010, en más de la
mitad de los países analizados, la tasa de homicidio aumentó, incluso en
aquellos países con menores niveles de pobreza”.
Destaca también que uno de
cada tres latinoamericanos dice haber sido víctima de un delito violento en
2012. El informe encuentra, además, que “el aumento de las expectativas de
consumo y la relativa falta de movilidad social en la región impulsan el
‘delito aspiracional’”, que es el delito que se comete para acceder a bienes de
lujo.
El informe confirma lo que
ya sabíamos acerca de los efectos de los
modelos de crecimiento urbano que no abonan a la sustentabilidad,
centrados en el uso del auto y que no favorecen la construcción de relaciones
fundadas en la confianza que, combinados con problemas en el diseño y desempeño
de los sistemas educativos de la región han contribuido a la poca movilidad
social y favorecen que muchos jóvenes vean en el crimen la única manera de
subsistir y obtener prestigio social.
Algo que el PNUD destaca son
los muy bajos índices de confianza que los sistemas de justicia de cada uno de
nuestros países tienen. En el caso de México, cerca del 70 por ciento de la
población adulta no confía en el sistema de procuración y administración de
justicia y, paradójicamente, uno de los países con más altos índices de
confianza en ese sistema, es uno de los menos desarrollados de la región:
Nicaragua.
Otra tendencia preocupante, es la proporción de mujeres
encarceladas por narcotráfico y robo. Para ese problema, el informe sólo
considera información de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú.
En México sólo 5.4 por ciento de los reos por narcotráfico son mujeres, pero en
Argentina, Perú, Brasil y Chile, más de la mitad, lo son. Al mismo tiempo, en
México el 36.7 por ciento de los reclusos por robo son mujeres y la proporción
es mayor a la que se observa en los países considerados en este indicador.
En materia de propuestas, el
PNUD insiste en la necesidad de lograr una mayor participación de la sociedad
civil, evitar los abusos en los derechos humanos, especialmente de las víctimas
de los delitos, coordinar los esfuerzos y políticas a escala regional y global,
así como aumentar las oportunidades reales de desarrollo humano para los
jóvenes.
Otro tema de interés para el
PNUD es impulsar medidas que reduzcan la
violencia contra las mujeres en los ámbitos familiares y privados, pues
encuentran vínculos entre la violencia contra las mujeres y las cifras
relativamente altas de mujeres que purgan condenas por delitos que cometieron, dadas
las difíciles condiciones que enfrentan para satisfacer las necesidades de sus
familias. Ello explica que—como ya se apuntó—la proporción de mujeres
condenadas por robo y narcotráfico sea, en algunos países, mayor a la de los
varones condenados por esos crímenes.
Este informe da nota de un mayor
arraigo de la cultura de la violencia en la que cada vez más latinoamericanos se
involucran. La construcción de la paz para América Latina requiere educación
para la legalidad, confiar en el Estado de derecho y en nuestra propia
comunidad, y que los políticos se empeñen sinceramente en ganarse la confianza con
base en su integridad y resultados.
manuelggranados@gmail.com
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