martes, 19 de noviembre de 2013

Desarrollo, seguridad y violencia en América Latina


Manuel Gómez Granados.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó, a mediados de la semana pasada, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-4 para América Latina. Es importante en la medida que se trata de un índice específico para América Latina que, en la edición de este año, aborda uno de los problemas más serios que enfrenta la región: la violencia y los efectos que tiene en el desarrollo de nuestros países.

La preocupación de la ONU, las agencias y programas de esa institución que participaron en este ejercicio no es coyuntural. América Latina es, al mismo tiempo, una de las regiones más desiguales y más violentas del mundo. De hecho hay quienes consideran que desigualdad y violencia van de la mano. La violencia, además, se ha agravado en los últimos 15 años como resultado de los efectos de la guerra contra las drogas. También es el resultado de los efectos del crecimiento económico acelerado que algunos países de la región han experimentado como proveedores de materias primas y que, dados los patrones de exclusión y concentración del ingreso que nos han distinguido, explican que seamos una región muy desigual.

El documento del  PNUD (disponible en http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-regional/) destaca en primer lugar que, “mientras en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron entre 2004 y 2010, en más de la mitad de los países analizados, la tasa de homicidio aumentó, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza”.

Destaca también que uno de cada tres latinoamericanos dice haber sido víctima de un delito violento en 2012. El informe encuentra, además, que “el aumento de las expectativas de consumo y la relativa falta de movilidad social en la región impulsan el ‘delito aspiracional’”, que es el delito que se comete para acceder a bienes de lujo.

El informe confirma lo que ya sabíamos acerca de los efectos de los  modelos de crecimiento urbano que no abonan a la sustentabilidad, centrados en el uso del auto y que no favorecen la construcción de relaciones fundadas en la confianza que, combinados con problemas en el diseño y desempeño de los sistemas educativos de la región han contribuido a la poca movilidad social y favorecen que muchos jóvenes vean en el crimen la única manera de subsistir y obtener prestigio social.

Algo que el PNUD destaca son los muy bajos índices de confianza que los sistemas de justicia de cada uno de nuestros países tienen. En el caso de México, cerca del 70 por ciento de la población adulta no confía en el sistema de procuración y administración de justicia y, paradójicamente, uno de los países con más altos índices de confianza en ese sistema, es uno de los menos desarrollados de la región: Nicaragua.

Otra tendencia preocupante, es la proporción de mujeres encarceladas por narcotráfico y robo. Para ese problema, el informe sólo considera información de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. En México sólo 5.4 por ciento de los reos por narcotráfico son mujeres, pero en Argentina, Perú, Brasil y Chile, más de la mitad, lo son. Al mismo tiempo, en México el 36.7 por ciento de los reclusos por robo son mujeres y la proporción es mayor a la que se observa en los países considerados en este indicador.

En materia de propuestas, el PNUD insiste en la necesidad de lograr una mayor participación de la sociedad civil, evitar los abusos en los derechos humanos, especialmente de las víctimas de los delitos, coordinar los esfuerzos y políticas a escala regional y global, así como aumentar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.

Otro tema de interés para el PNUD es  impulsar medidas que reduzcan la violencia contra las mujeres en los ámbitos familiares y privados, pues encuentran vínculos entre la violencia contra las mujeres y las cifras relativamente altas de mujeres que purgan condenas por delitos que cometieron, dadas las difíciles condiciones que enfrentan para satisfacer las necesidades de sus familias. Ello explica que—como ya se apuntó—la proporción de mujeres condenadas por robo y narcotráfico sea, en algunos países, mayor a la de los varones condenados por esos crímenes.

Este informe da nota de un mayor arraigo de la cultura de la violencia en la que cada vez más latinoamericanos se involucran. La construcción de la paz para América Latina requiere educación para la legalidad, confiar en el Estado de derecho y en nuestra propia comunidad, y que los políticos se empeñen sinceramente en ganarse la confianza con base en su integridad y resultados.

manuelggranados@gmail.com

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