domingo, 10 de noviembre de 2013

El IFE en la encrucijada

Manuel Gómez Granados.

Al concluir octubre terminó una era en el Instituto Federal Electoral, la de Leonardo Valdés Zurita como consejero presidente de esa institución. Es difícil hacer una valoración cabal del desempeño de Valdés en un espacio tan reducido como éste. Es claro que, sin ser abogado, pues lo suyo es la economía y la ciencia política, Valdés es—ya desde los ochenta—una de las personas que más sabe de elecciones e instituciones electorales mexicanas y de América Latina. Sin embargo, como otros consejeros que llegaron al IFE luego de la primera “camada”, aquella en que estuvieron José Woldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa o Ricardo Pozas Horcasitas, entre otros, a Valdés le faltó el bono que otorga la confianza que no depende del conocimiento técnico puro.

Más importante que lo que pudo faltarle a Valdés y antes de él a Carlos Ugalde,  es pensar qué sucederá con el IFE en los próximos meses, habida cuenta que se elegirán a cinco consejeros, uno de ellos con el rango de consejero presidente, en un momento en que los ánimos en las cámaras del Congreso estarán muy caldeados por la discusión del presupuesto de 2014 y por la reforma electoral que, entre otras cosas, ha abierto—de nuevo—la discusión sobre el futuro del IFE y su eventual transformación en una institución nacional única, lo que implicaría transformar o eliminar a las 32 autoridades electorales que ahora existen en cada una de las entidades. Los  ánimos están tan caldeados que la elección de los consejeros debió ocurrir a mediados de este año y no fue posible realizarla.

El primer problema que enfrenta el proceso de elección de consejeros, es que no permite la reelección de aquellos  que hayan hecho bien su trabajo, los que se hayan ganado la confianza de la ciudadanía, como ocurrió con Woldenberg. En este modelo,  resulta muy difícil acreditar la capacidad y aumentar la confianza en tal o cual consejero. Una reforma electoral sensata tendría que reconocer que el gran problema de las elecciones en México sigue siendo la (des)confianza que inspiran las decisiones de los consejeros electorales y que los posibles candidatos a ocupar ese cargo son personas que pueden tener muchas calificaciones técnicas, pero que son poco conocidos más allá del ámbito de su especialidad y difícilmente concitan la confianza del público en general.

Otro problema es el de los gastos en que incurre el IFE, sus contrapartes en las 32 entidades, además del Tribunal Electoral, sus salas regionales y los 32 tribunales electorales del país, además de los partidos políticos en sí mismos. Somos un país con elecciones sumamente caras, ritualizadas, farragosas, altamente burocratizadas que lejos de contribuir a la construcción de confianza, más bien la socavan y alientan el conflicto. Es cierto, los partidos políticos no ayudan tampoco. Sus líderes frecuentemente tratan de ocultar sus errores y los errores de sus estructuras tras argumentos muy desgastados, como el del fraude electoral que, lejos de alentar la participación y la confianza en el proceso electoral, alimentan los miedos de los escépticos y favorecen el constante descrédito de la democracia y sus procedimientos.

Se trata de problemas que no se van a resolver con abultados currículos de personas que pueden tener uno, dos o tres doctorados pero que—por el mismo grado de especialización que han logrado o por pedantería—hablan un lenguaje ajeno al de la mayoría y son incapaces de construir confianza en sus decisiones y en el desempeño de las instituciones que dirigen. El resultado es una creciente desconfianza en las instituciones electorales, que debilita nuestra democracia.

En este sentido, la negociación de la reforma política y de la elección de los nuevos consejeros del IFE tendría que aprovecharse para que los partidos dejen—aunque sea sólo por un par de meses—de socavar la confianza en la democracia. Quienes laboran en esas instituciones, también tendrían que poner de su parte. La última vez que al IFE le faltaron miembros, los consejeros se autorizaron a sí mismos aumentos en sus ingreso, vía bonos, y recursos adicionales a los sueldos exorbitantes que cobran. Urge, en ese sentido, que los consejeros que mantendrán en funcionamiento al IFE y quienes sean electos comprendan qué tan frágil es su posición en instituciones que no despiertan la confianza de las personas de a pie: que eviten excesos y  boato; que contribuyan a que el país se serene y a que, poco a poco, reconstruyamos las bases de la confianza.


manuelggranados@gmail.com

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