Manuel Gómez Granados.
“La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones…”
(Juramento Hipocrático, Convención de Ginebra, l945)
A últimas fechas, a la manera de las epidemias, nos
enteramos de distintos casos de personas que no reciben la atención debida en
hospitales públicos del país. Uno de los casos más indignantes fue el de Irma,
una mujer oaxaqueña, indígena mazateca, que ante la falta de atención parió en
el patio del hospital público de Jalapa de Díaz, en Oaxaca y quien, un mes
después del alumbramiento, sigue sin recibir atención. El más doloroso, por
trágico, fue el de José, un jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió
luego de que le negaran atención en las afueras del hospital general de
Guaymas, Sonora.
Unos días antes, en la misma Sonora, Audelia, esposa
ya anciana de un minero retirado de Cananea, fue sacada del quirófano porque el
Hospital General de Sonora, ubicado en Hermosillo, dijo no tener dinero para
pagar las válvulas cardiacas que requiere para sobrevivir. Además, Doña Audelia ni siquiera fue regresada a Cananea en
ambulancia. Tuvo que regresar en camión del servicio público.
Y la lista sigue. En Zacatecas, en los últimos dos
años, han ocurrido varios casos de niños jornaleros que murieron por las malas
condiciones en que trabajan, o por la falta de atención médica. En septiembre
de 2012, falleció un número no determinado de menores de familias jornaleras.
Los niños tenían menos de cinco años y no resistieron consumir agua contaminada
con heces en comunidades como Río Florido, a donde llegan indígenas de Durango
a trabajar. Que no se sepa cuántos niños murieron en 2012 en Zacatecas,
demuestra la gravedad de la situación. Después, en julio de 2013, Eulogio, niño
de seis años, hijo de una familia de jornaleros guerrerenses que trabajaban ahí
mismo en Río Florido, falleció de anemia y otras complicaciones con un peso de
sólo 16 kilos y una estatura de 1.32 metros.
En septiembre de este año, Zenaida, una niña de seis
meses de edad, hija de otra familia jornalera de Guerrero, falleció
deshidratada en campos de fresa en Guanajuato. Unos meses antes, en junio de
2013, había fallecido en Barretos, Guanajuato, otra bebé guerrerense, de 8
meses, de quien no se reveló su identidad, también por las difíciles
condiciones en que viven las familias de jornaleros que carecen de servicios de
salud.
Que todas estas historias involucren a personas de
comunidades rurales del país que no encuentran atención en los sistemas federal
o estatales de salud, no sólo habla de la crisis financiera que enfrentan esos
sistemas. Habla también de la manera en que esos sistemas de salud definen sus
prioridades y se relacionan con los pacientes. En teoría, ya desde el sexenio
pasado se había logrado la llamada “cobertura universal”, así lo anunciaba Felipe
Calderón en 2012. La idea de la cobertura universal era hacer irrelevante la
derechohabiencia, una de esas palabras que sólo se les pudo ocurrir a los
burócratas mexicanos, y que designa esa situación de privilegio de contar con
los servicios del IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, la cobertura universal no se
logró. Y no es sólo por lo que Enrique Peña dijo el 5 de septiembre de este
año, cuando llamó a hacerla realidad. Las muertes y malos tratos narrados en
los párrafos anteriores demuestran que la “cobertura universal” no se ha
logrado y que quienes están sufriendo más por las dificultades para acceder a
ese servicio son quienes más frecuentemente son excluidos, explotados y vejados
de sus derechos, además de otros bienes y servicios: mujeres, niños, indígenas,
ancianos, jornaleros, migrantes y mineros.
Más allá de cómo se defina la “cobertura universal”,
que el gobierno federal ha vinculado con el resultado de las otras reformas que
impulsa, es evidente que también existen graves
problemas de insensibilidad y mala administración en los sistemas de salud.
Es, en un sentido, un problema de derechos humanos,
de la manera en que se desestima la idea del respeto a la persona humana,
especialmente cuando está enferma o necesitada. Ese desdén quiebra el discurso
de los distintos partidos políticos acerca de la manera en que construyen sus
políticas y acciones. Refleja que quienes administran hospitales y sistemas
hospitalarios padecen un problema de madurez e incapacidad para ser flexibles
cuando es necesario. Un sistema de salud que prefiere la muerte de personas
antes que incumplir normas y reglamentos, que anteponen a los derechos de las
personas, muestra que también urge formación humana y una reforma en la
burocracia. Es inaceptable que abatir costos
sea más importante que atender enfermos, especialmente los más pobres y
marginados.
Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/794425.html
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