domingo, 3 de noviembre de 2013

La epidemia de indolencia

Manuel Gómez Granados.

“La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones…”
(Juramento Hipocrático, Convención de Ginebra, l945)

A últimas fechas, a la manera de las epidemias, nos enteramos de distintos casos de personas que no reciben la atención debida en hospitales públicos del país. Uno de los casos más indignantes fue el de Irma, una mujer oaxaqueña, indígena mazateca, que ante la falta de atención parió en el patio del hospital público de Jalapa de Díaz, en Oaxaca y quien, un mes después del alumbramiento, sigue sin recibir atención. El más doloroso, por trágico, fue el de José, un jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió luego de que le negaran atención en las afueras del hospital general de Guaymas, Sonora.

Unos días antes, en la misma Sonora, Audelia, esposa ya anciana de un minero retirado de Cananea, fue sacada del quirófano porque el Hospital General de Sonora, ubicado en Hermosillo, dijo no tener dinero para pagar las válvulas cardiacas que requiere para sobrevivir. Además, Doña Audelia ni siquiera fue regresada a Cananea en ambulancia. Tuvo que regresar en camión del servicio público.

Y la lista sigue. En Zacatecas, en los últimos dos años, han ocurrido varios casos de niños jornaleros que murieron por las malas condiciones en que trabajan, o por la falta de atención médica. En septiembre de 2012, falleció un número no determinado de menores de familias jornaleras. Los niños tenían menos de cinco años y no resistieron consumir agua contaminada con heces en comunidades como Río Florido, a donde llegan indígenas de Durango a trabajar. Que no se sepa cuántos niños murieron en 2012 en Zacatecas, demuestra la gravedad de la situación. Después, en julio de 2013, Eulogio, niño de seis años, hijo de una familia de jornaleros guerrerenses que trabajaban ahí mismo en Río Florido, falleció de anemia y otras complicaciones con un peso de sólo 16 kilos y una estatura de 1.32 metros.

En septiembre de este año, Zenaida, una niña de seis meses de edad, hija de otra familia jornalera de Guerrero, falleció deshidratada en campos de fresa en Guanajuato. Unos meses antes, en junio de 2013, había fallecido en Barretos, Guanajuato, otra bebé guerrerense, de 8 meses, de quien no se reveló su identidad, también por las difíciles condiciones en que viven las familias de jornaleros que carecen de servicios de salud.

Que todas estas historias involucren a personas de comunidades rurales del país que no encuentran atención en los sistemas federal o estatales de salud, no sólo habla de la crisis financiera que enfrentan esos sistemas. Habla también de la manera en que esos sistemas de salud definen sus prioridades y se relacionan con los pacientes. En teoría, ya desde el sexenio pasado se había logrado la llamada “cobertura universal”, así lo anunciaba Felipe Calderón en 2012. La idea de la cobertura universal era hacer irrelevante la derechohabiencia, una de esas palabras que sólo se les pudo ocurrir a los burócratas mexicanos, y que designa esa situación de privilegio de contar con los servicios del IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, la cobertura universal no se logró. Y no es sólo por lo que Enrique Peña dijo el 5 de septiembre de este año, cuando llamó a hacerla realidad. Las muertes y malos tratos narrados en los párrafos anteriores demuestran que la “cobertura universal” no se ha logrado y que quienes están sufriendo más por las dificultades para acceder a ese servicio son quienes más frecuentemente son excluidos, explotados y vejados de sus derechos, además de otros bienes y servicios: mujeres, niños, indígenas, ancianos, jornaleros, migrantes y mineros.

Más allá de cómo se defina la “cobertura universal”, que el gobierno federal ha vinculado con el resultado de las otras reformas que impulsa, es evidente que también existen graves  problemas de insensibilidad y mala administración en los sistemas de salud.

Es, en un sentido, un problema de derechos humanos, de la manera en que se desestima la idea del respeto a la persona humana, especialmente cuando está enferma o necesitada. Ese desdén quiebra el discurso de los distintos partidos políticos acerca de la manera en que construyen sus políticas y acciones. Refleja que quienes administran hospitales y sistemas hospitalarios padecen un problema de madurez e incapacidad para ser flexibles cuando es necesario. Un sistema de salud que prefiere la muerte de personas antes que incumplir normas y reglamentos, que anteponen a los derechos de las personas, muestra que también urge formación humana y una reforma en la burocracia. Es inaceptable que abatir costos  sea más importante que atender enfermos, especialmente los más pobres y marginados.

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/794425.html

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