sábado, 9 de noviembre de 2013

Patishtán y los riesgos de la justicia del indulto


Manuel Gómez Granados

Recientemente el país se regocijó con la restitución de la libertad al profesor chiapaneco Alberto Patishtán. La suya fue una odisea de más de 15 años en la que se exhibieron como en muestrario todo tipo de errores, absurdos, quizás corruptelas y, sobre todo, abusos. La solución a la que se llegó es plausible en la medida que sacó de la cárcel al profesor, pero abre la puerta a muchas preguntas. Unas acerca de la medida en sí misma y otras acerca del uso que la Presidencia de la República, sin importar quién sea su titular, podría darle.

Parte del problema tiene que ver con el hecho de que el indulto fue la única solución posible al caso de Patishtán. Para hacerla realidad se tuvo que reformar el Código Penal Federal, agregándole el artículo 97 bis, pero esa adición dejó intocados algunos problemas. El más importante es que Patishtán, técnicamente, sigue siendo culpable de los delitos que lo llevaron a la cárcel. En este sentido, sus derechos políticos no han sido rehabilitados. Tampoco hubo reparación del daño y, aunque la concesión del indulto y la reforma del Código Penal Federal que lo precedió, hablan de un reconocimiento de una situación injusta, los poderes del estado de Chiapas no han acertado a hacer lo que correspondería: admitir que hubo errores muy graves en el proceso que terminaron por costarle 15 años de vida al profesor. Sería deseable que en Chiapas, donde se vive una compleja movilización magisterial, los poderes tuvieran la sensibilidad para admitir que se cometió una injusticia (algo que ya aceptó el gobernador Manuel Velasco) y que, dado que no es posible reparar el daño, se pida perdón por el daño causado.

Hay otra dimensión. Desde 1989 hasta el 30 de octubre de este año, todas las reformas a la Constitución y las más importantes leyes del país corrieron en la lógica de desmontar las que Jorge Carpizo llamaba las “facultades metajurídicas” de la presidencia de la República. Fue así como se autonomizó al Banco de México, al IFE y otras instituciones y fue así como otras instituciones fueron creadas en los últimos 20 o 23 años. La reforma del artículo 97 bis rompe con esa lógica y fortalece una vez más la figura presidencial. Le da de nueva cuenta la posibilidad de ser el gran árbitro de la vida pública mexicana. Lo hace, además, sin que existan controles de alguno de los otros poderes. Las cámaras del Congreso de la Unión pueden proponer, pero—en estricto sentido—es facultad personal y discrecional del Presidente conceder o no el indulto.

¿Qué hará la presidencia con estos nuevos poderes? La pregunta es pertinente porque en Estados Unidos, donde la figura del indulto existe hace mucho tiempo, han sido frecuentes los abusos. Lo hizo Gerald Ford en los años 1970 con Richard Nixon, Ronald Reagan en los años 1980 con Oliver North, entre otros, Bill Clinton en los años 1990 con Marc Rich y George Bush hijo indultó entre otros muchos a Scooter Libby. Todos beneficiaron en mayor o menor medida a aliados y subordinados. Una de las tradiciones del último día de gobierno en EU es conocer los indultos que el presidente decide otorgar de manera discrecional, además de que en EU, también los gobernadores de los estados pueden indultar reos.

¿Qué sucederá en México con los indultos presidenciales? ¿Harán más absurdo nuestro sistema de justicia? ¿Nuestros gobernadores también buscarán dispensar indultos? Si es así, ¿habrá límites en el uso de esas facultades?

manuelggranados@gmail.com


Enlace: http://www.excelsior.com.mx/opinion/manuel-gomez-granados/2013/11/09/927746

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