domingo, 5 de enero de 2014

Que veinte años no es nada


Manuel Gómez Granados.

Este año se cumple el veinte aniversario del levantamiento promovido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Anverso y reverso de la realidad, los aniversarios reflejan las profundas contradicciones que marcan nuestro desarrollo. En lo que hace al primero, a nadie escapa el hecho que el EZLN era más que una guerrilla en el sentido tradicional, un movimiento que buscaba justicia social al capitalizar las fallas tanto en el diseño de las instituciones como de los mercados en Chiapas. Lo suyo nunca fue una opción militar, pues esa ruta no tenía futuro.

El proceder de los líderes del EZLN dejaba ver su oportunismo, pues enviaron a jóvenes y niños armados con fusiles de madera a enfrentar al Ejército. Eso fue ruin; como lo fue el proceder de las autoridades que —al ignorar las advertencias sobre el inicio del conflicto— permitieron que se derramara sangre aquel enero de 1994. Lo que se vino después, con Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz, tampoco fue honesto de parte del gobierno federal y del propio Camacho, pues estuvo marcado por las rencillas que había generado la desaseada nominación de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial del PRI.

Lo peor es que, a pesar del dolor y los daños causados, Chiapas sigue siendo uno de los estados menos desarrollados y con mayor número de marginados de México. Algunos culpan a los zapatistas de haber perpetuado las condiciones de pobreza al impedir que las comunidades que les son fieles participen, por ejemplo, de los programas de combate a la pobreza. Sin embargo, ese es un argumento falaz, pues en Guerrero, Oaxaca o en los municipios de Chiapas en los que el EZLN no existe, los índices de pobreza, marginación y, de manera más general, de subdesarrollo, no son muy distintos de aquellos en los que actúa esa organización.

Chiapas ha sido, en este sentido, escenario de muy ambiciosas intervenciones estatales: se construyeron nuevas autopistas y supercarreteras; un nuevo aeropuerto en Tuxtla, además de un puerto de altura en la costa del Pacífico, que facilitaron la comunicación con el resto del país. En Tuxtla se promovió un modelo de desarrollo urbano centrado en el uso del auto. Esas y otras iniciativas tendrían que haber terminado con la miseria. Sin embargo, esas intervenciones no resolvieron los problemas, pues se convirtieron en semillero de rencillas entre la clase política nacional. La más notable llevó a Manuel Camacho y Marcelo Ebrard de la negociación de la paz a la izquierda y prefiguró la que llevó a Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz, en algún momento de los noventa, responsable de los programas de desarrollo en Chiapas, a romper con el PRI y dar vida a uno de los partidos de la izquierda mexicana.

Ese patrón de conflicto y radicalización de la clase política explica por qué Chiapas está así: se invierte en programas de desarrollo, pero esos programas no tocan las vidas de los más marginados, pues mucho del dinero termina en las manos de los políticos, sus aliados y socios. Y el patrón se reproduce también entre la clase política local. Desde 1994, Chiapas ha sido un escenario privilegiado de la transición a la democracia en México. El monopolio que el PRI ejerció se quebró ya en el 2000 con la elección de Pablo Salazar, postulado por los partidos de izquierda, a quien siguió otro gobernador avalado por la izquierda, Juan Sabines.

Ambos prometieron mucho, pero al final cumplieron poco. Sus gobiernos comprometieron recursos públicos para fines privados, como el sostenimiento del equipo de la primera división de futbol Jaguares o dieron vida a proyectos faraónicos, como las Ciudades Rurales de Sabines, que menos de seis años después de su inauguración, están desiertas. Y lo que es peor, ambos se enfrascaron en una estéril lucha que sólo sirvió para convencer a la opinión pública local de que la izquierda no era viable en el gobierno.

Pero el mal no terminó con el final de sus gobiernos. Veinte 20 años después del conflicto, nos enteramos que el gobernador actual de Chiapas, gastó 10 millones de dólares en promoción personal y que para el año que recién inicia, serán 11.4 millones. Las razones para gastar tanto para promover la imagen del gobernador nadie las entiende y sólo alimentan la idea de que la democracia es irrelevante, pues es incapaz de resolver la marginación y la injusticia.

manuelggranados@gmail.com

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