Manuel Gómez Granados.
Concluyó la muerte del Instituto Federal Electoral y
el nacimiento, muy complicado, de cesárea, fórceps y anestesia general, del
Instituto Nacional Electoral. Se nombró a una mezcla de antiguos y nuevos
consejeros que, en algunos casos, no cumplieron con las expectativas, entre
otras razones porque muchas posiciones se asignaron como cuota a los partidos
en un proceso que demostró que los responsables de las elecciones no tienen
garantizado algo crucial para cualquier autoridad: ser inamovibles. Y si no hay
esa garantía, el riesgo sigue siendo que sus decisiones se orienten en la
lógica del “no hacer olas”, de modo que no se les destituya una vez más.
Algunos dirán —con razón— que el consejo general del
IFE, que sumió a México en la crisis política de 2006 se merecía ser
destituido, pero queda la duda de qué ocurriría —por ejemplo— si la Suprema
Corte de Justicia de la Nación hubiera sido sometida en los últimos 10 años a
un tratamiento similar al que se ha seguido con el IFE, ahora rebautizado como
INE.
Y ya no se puede culpar al presidente de la
República en turno de este tipo de situaciones. Han sido los partidos y sus
grupos parlamentarios, quienes han generado este caos que ahora —se nos dice— será
ya el último para finalmente poder vivir en democracia. Qué bueno que se piense
eso, pero —como reza el viejo refrán— el camino al infierno está empedrado de
buenas intenciones.
Por lo pronto habrá que ver si la izquierda
mexicana, caprichosa como es, reconoce la autoridad moral del presidente del
INE. Lorenzo Córdova no puede ser acusado de “desviaciones” priístas o
panistas. Es hijo de un militante del antiguo Partido Comunista recién
fallecido, don Arnaldo Córdova, y nadie le conoce militancias o simpatías en
organizaciones o círculos del PRI o del PAN. ¿La izquierda respetará la
conducción que haga del INE o pasará como con Leonardo Valdés, que también
venía de militar en la izquierda y de todos modos lo lincharon a la menor
oportunidad? Es difícil saberlo. Entre otras cosas porque una de las primeras
decisiones que el INE deberá tomar es si el Movimiento de Regeneración
Nacional, Morena, recibe o no el reconocimiento (y el dinero) que lo convierta
en partido político, lo que fraccionará todavía más el voto de la izquierda y
hará que el Partido de la Revolución Democrática, el llamado Movimiento
Ciudadano y el Partido del Trabajo encuentren algún nuevo equilibrio entre
ellos de cara a las elecciones de 2015. El INE de Córdova tendrá —de esa
manera— un muy ingrato debut, pues si dice que sí a Morena, se ganará la
desconfianza del PRD y si dice que no se ganará la repulsa (movilizaciones
incluidas) de las huestes de Andrés Manuel López. No hay modo de quedar bien
ahí.
Luego viene el delicado problema de la
redistritación. Ya es un hecho que no se podrá redistritar para la elección de
2015. El asunto es si se logrará hacerlo para que las elecciones de 2018 y
2021, reflejen los resultados del censo de 2010. Ello inevitablemente quitará
peso a algunas entidades (muy probablemente el DF) para dárselo a otras (el
Estado de México). Lo cual implica que la izquierda, que domina el panorama
político de la capital de la República, podría perder legisladores frente al
Estado de México, que es el bastión del PRI.
Y está el problema de qué ocurrirá si el Congreso,
atravesado por una agenda que lo rebasa —la legislación de telecomunicaciones
es un ejemplo— no logra aprobar la legislación electoral secundaria antes de
junio de este año. De ser ese el caso, ¿seguiría vigente la legislación federal
y las de los estados con la que se celebraron las elecciones de 2012 y 2013?,
justamente eso es lo que se quiere evitar con la reforma que centraliza en el
nuevo INE la organización de las elecciones federales y de las elecciones
estatales.
Algo que sería útil en cualquiera de los casos es
que los nuevos consejeros fueran conscientes de que no le hacen un favor al
país. Más bien lo contrario: quedan a deber. No sólo por los enormes salarios
que —en buena medida, por medio de bonos de desempeño— se auto-asignan en un
país con 53 millones de pobres, sino porque llevamos ya casi 25 años de
reformas electorales que no logran el objetivo de toda democracia: que las
elecciones se realicen y no haya dudas sobre el resultado.
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