domingo, 13 de abril de 2014

De federal a nacional, ¿valdrá la pena?

Manuel Gómez Granados.

Concluyó la muerte del Instituto Federal Electoral y el nacimiento, muy complicado, de cesárea, fórceps y anestesia general, del Instituto Nacional Electoral. Se nombró a una mezcla de antiguos y nuevos consejeros que, en algunos casos, no cumplieron con las expectativas, entre otras razones porque muchas posiciones se asignaron como cuota a los partidos en un proceso que demostró que los responsables de las elecciones no tienen garantizado algo crucial para cualquier autoridad: ser inamovibles. Y si no hay esa garantía, el riesgo sigue siendo que sus decisiones se orienten en la lógica del “no hacer olas”, de modo que no se les destituya una vez más.

Algunos dirán —con razón— que el consejo general del IFE, que sumió a México en la crisis política de 2006 se merecía ser destituido, pero queda la duda de qué ocurriría —por ejemplo— si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera sido sometida en los últimos 10 años a un tratamiento similar al que se ha seguido con el IFE, ahora rebautizado como INE.

Y ya no se puede culpar al presidente de la República en turno de este tipo de situaciones. Han sido los partidos y sus grupos parlamentarios, quienes han generado este caos que ahora —se nos dice— será ya el último para finalmente poder vivir en democracia. Qué bueno que se piense eso, pero —como reza el viejo refrán— el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Por lo pronto habrá que ver si la izquierda mexicana, caprichosa como es, reconoce la autoridad moral del presidente del INE. Lorenzo Córdova no puede ser acusado de “desviaciones” priístas o panistas. Es hijo de un militante del antiguo Partido Comunista recién fallecido, don Arnaldo Córdova, y nadie le conoce militancias o simpatías en organizaciones o círculos del PRI o del PAN. ¿La izquierda respetará la conducción que haga del INE o pasará como con Leonardo Valdés, que también venía de militar en la izquierda y de todos modos lo lincharon a la menor oportunidad? Es difícil saberlo. Entre otras cosas porque una de las primeras decisiones que el INE deberá tomar es si el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, recibe o no el reconocimiento (y el dinero) que lo convierta en partido político, lo que fraccionará todavía más el voto de la izquierda y hará que el Partido de la Revolución Democrática, el llamado Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo encuentren algún nuevo equilibrio entre ellos de cara a las elecciones de 2015. El INE de Córdova tendrá —de esa manera— un muy ingrato debut, pues si dice que sí a Morena, se ganará la desconfianza del PRD y si dice que no se ganará la repulsa (movilizaciones incluidas) de las huestes de Andrés Manuel López. No hay modo de quedar bien ahí.

Luego viene el delicado problema de la redistritación. Ya es un hecho que no se podrá redistritar para la elección de 2015. El asunto es si se logrará hacerlo para que las elecciones de 2018 y 2021, reflejen los resultados del censo de 2010. Ello inevitablemente quitará peso a algunas entidades (muy probablemente el DF) para dárselo a otras (el Estado de México). Lo cual implica que la izquierda, que domina el panorama político de la capital de la República, podría perder legisladores frente al Estado de México, que es el bastión del PRI.

Y está el problema de qué ocurrirá si el Congreso, atravesado por una agenda que lo rebasa —la legislación de telecomunicaciones es un ejemplo— no logra aprobar la legislación electoral secundaria antes de junio de este año. De ser ese el caso, ¿seguiría vigente la legislación federal y las de los estados con la que se celebraron las elecciones de 2012 y 2013?, justamente eso es lo que se quiere evitar con la reforma que centraliza en el nuevo INE la organización de las elecciones federales y de las elecciones estatales.

Algo que sería útil en cualquiera de los casos es que los nuevos consejeros fueran conscientes de que no le hacen un favor al país. Más bien lo contrario: quedan a deber. No sólo por los enormes salarios que —en buena medida, por medio de bonos de desempeño— se auto-asignan en un país con 53 millones de pobres, sino porque llevamos ya casi 25 años de reformas electorales que no logran el objetivo de toda democracia: que las elecciones se realicen y no haya dudas sobre el resultado.




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