Manuel Gómez Granados.
Las últimas semanas han mostrado
algunos avances en la solución del conflicto de Michoacán, pero son
insuficientes dada la magnitud del problema de fondo: ni el gobierno estatal o
los municipales y ni siquiera el gobierno federal pueden garantizar la
seguridad de los ciudadanos. Continúan extorsiones, robos, asesinatos... No es
un problema exclusivo de Michoacán. Municipios del Estado de México, como
Ecatepec o Cuautitlán Izcalli muestran que ni siquiera en zonas urbanas es
fácil garantizar la seguridad.
Michoacán llegó a una situación
insostenible que dio vida a las auto-defensas como solución de corto plazo.
Hasta el momento, el gobierno federal ha enfrentado el problema con alguna
destreza. Ha usado el conocimiento del terreno de algunos miembros de las
auto-defensas para capturar a cabecillas e incluso dirigentes de alguna
importancia. También ha recolectado el conocimiento, siempre necesario, de
dónde y cómo se esconden los dirigentes de La Familia Michoacana-Caballeros
Templarios, para realizar operaciones más precisas. Sin embargo el problema de
fondo no está resuelto y hay una serie de riesgos.
El riesgo más evidente es que
permanezca La Familia, que surgió como una “auto-defensa” que iba a defender a
Michoacán de los ataques de otros cárteles. Gracias a la irresponsable
complicidad de la clase política michoacana, desde la gubernatura hasta las
regidurías y las jefaturas de policía, el modelo prosperó. Fue así como se
llegó a esta situación.
El otro riesgo es que si
desarman de inmediato, podrían ocurrir venganzas contra los comunitarios que
han contribuido a identificar o incluso han arrestado ellos mismos a
templarios. Ese es un riesgo que debe evitarse a cualquier costo, así como el
riesgo de que ser comunitario se convierta en una patente para hacer justicia
por propia mano. Algo más, muchos se presentan como auto-defensas y cometen
toda clase de tropelías.
El dilema se puede plantear
como una serie de preguntas: ¿qué tanto deberá esperar el gobierno federal para
proceder al desarme? ¿El desarme debe ser total? ¿Se puede confiar en la
vetusta figura de los cuerpos de defensa rurales? Este paso, al menos de manera
formal, ya se dio en enero de este año, pero no ha logrado los objetivos que se
planteaba porque la dirigencia de las auto-defensas se ha empeñado en asumir
una actitud cínica respecto de su relación con el Estado. José Manuel Mireles
no ha sabido contribuir a la pacificación de Michoacán. Frente a las
autoridades dice una cosa y frente a los medios de comunicación, especialmente
los extranjeros, dice otra. Hay quien se empeña en ver eso como algo positivo,
pero no es así. Mireles, como cualquiera, tiene derecho a disentir y expresar
sus opiniones libremente. A lo que no tiene derecho es a contradecirse
públicamente y esperar que no haya consecuencias.
El desarme inmediato parece
imposible, se impone que se establezca algún plan que permita construir el
escenario en el que el desarme, la pacificación y el desarrollo social sean
posibles. Quedarnos como estamos, prácticamente al garete, sólo alentará que
crezcan las rencillas y el riesgo de vendettas de todo tipo aumente. Se deben
establecer requisitos, metas, objetivos, que hagan posible la seguridad y un
desarme y una pacificación total. No olvidemos que el año próximo se celebrarán
elecciones de gobernador en Michoacán. Lo último que se necesita es que la
elección se realice con sospechas o dudas sobre la legitimidad del resultado.
Enlace: http://www.excelsior.com.mx/opinion/manuel-gomez-granados/2014/04/26/955905
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