Manuel
Gómez Granados.
En
el mundo del teatro, se utiliza el recurso Deus
ex machina, es decir, hacer que Dios aparezca en escena y así resolver los
problemas que plantea la trama. De manera semejante, en la política en México,
desde hace ya muchos años, también es común una expresión para resolver todos los problemas de procuración y
administración de justicia: “traigan al Ejército”. En fechas recientes, dado el
protagonismo de la Secretaría de Marina-Armada de México, ahora la fórmula es
“traigan a la Marina”.
Las
fuerzas armadas han probado ser muy eficaces cuando se trata de situaciones de
urgencia por un desastre natural, de hecho han perfeccionado ese tipo de
intervenciones. Saben hacerlo y esa es una de las razones por las que el
Ejército y la Marina aparecen siempre en los primeros lugares de las
valoraciones sobre confianza en las instituciones. Sin embargo, cuando se trata
de resolver problemas de seguridad pública y de procuración y administración de
justicia, las cosas no son tan claras. Tan es así que se debieron reformar
muchas leyes para que los militares ya no sean juzgados por tribunales
militares cuando sus acciones afectan a civiles. Fue una medida dolorosa, que
los mandos militares resistieron tanto como pudieron, pero que era resultado de
una realidad objetiva.
Las
Fuerzas Armadas son muy útiles al aplicar el DN-III-E, pero enfrentan problemas
cuando se les pide hacer funciones de policía preventiva. Ejemplos abundan en
la memoria reciente, como en Michoacán, donde muy pronto se escucharon voces
que hablaban de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos del
Ejército.
El
problema de recurrir a la Marina no es que sus efectivos sean sanguinarios o
ineptos, como algunos insinúan, sino que no es una institución diseñada para
ese tipo de intervenciones, pues incluso si un marino pudiera arrestar a un
delincuente en flagrancia, tendría que entregarlo a alguna autoridad civil para
procesarlo. Y, dadas las características de nuestro sistema de justicia, el proceso
tendría que realizarse ante un tribunal y con ministerios públicos del fuero
común.
La
alternativa de que la Procuraduría General de la República atrajera todos los
casos en los estados durante una intervención federal es absurda. Ni la PGR
tiene el personal suficiente para hacerlo, ni podría pedirle a los jueces
federales que resolvieran todos los casos del fuero común.
Quizás
sea tiempo de que nuestros políticos, abandonen ya el “traer al Ejército”, que
no resuelve el problema de fondo; más bien afecta el prestigio de las fuerzas
armadas. Más que “traer al Ejército”, los gobernadores deberían llevar a sus policías y procuradurías a
personal honrado, capacitado, bien pagado, que pueda cumplir con su trabajo y
dotar a las instituciones con los recursos necesarios para hacerlo. Hay
estados, como Chiapas, donde es frecuente ver a los policías “botear” para
comprar gasolina o refacciones para las patrullas.
Los
estados que todavía no padecen crisis de seguridad deberían prevenir; los que
ya las viven deberían apresurar sus reformas y crear sus propios sistemas de
seguridad pública y de administración de justicia que resuelvan los casos del
fuero común. Ni siquiera países centralistas, como Francia, transfieren toda la
responsabilidad a las autoridades nacionales. En ámbitos de seguridad pública, urge que cada quien haga
lo que le corresponde y no se lave las manos pidiendo a otros que le hagan su
trabajo, ¿es mucho pedir?
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