sábado, 19 de julio de 2014

Niños y niñas, víctimas seguras



Manuel Gómez Granados.

Si alguien escribiera en México una historia de la violencia y la desidia contra los niños tendría mucho material de dónde escoger. Ahí están, de manera más que evidente, los niños atorados de uno y otro lado de la frontera de México y Estados Unidos, así como los miles de niños que están en algún punto intermedio entre esa y la otra frontera, la México-Guatemala.

Están los casos de la Guardería ABC, asunto en el que las autoridades de Sonora han optado por el carpetazo como estrategia para sembrar el olvido y la amnesia, así como los cientos, quizá más, de casos de abuso sexual perpetrados por miembros de distintas iglesias. No sólo eso. Quien tenga el estómago para hacerlo, puede darse una vuelta por las Meccas de la explotación sexual por parte de turistas, nacionales o extranjeros, en el Acapulco viejo, en Salina Cruz o Cancún, entre otros muchos puntos.

Hay otras formas de explotación menos extremas, pero que son toleradas por los gobiernos federal, estatales y municipales, las que perpetran los propios padres o madres de familia de los menores con el pretexto de que los niños también deben contribuir con trabajo, aunque ello les impida ir a la escuela o cumplir con las tareas que deberían cumplir para la escuela.

Sean mexicanos o extranjeros, los niños en México la tienen difícil. Hace dos años, en 2012, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) evaluó si se protegían o no los derechos de los menores a escala federal y estatal, y los resultados fueron deprimentes. Redim confirmó como se puede ver en la tabla “Calidad de las leyes en materia de derechos de la infancia” (p. 67) de La Infancia Cuenta 2013, disponible enhttp://www.derechosinfancia.org.mx/ICM_2013.pdf que hay estados (como Chihuahua) donde ni siquiera existe una ley que proteja los derechos de los niños. Y lo que es peor, donde sí existen las leyes, sólo existen en el papel o sólo como derechos, pero no hayan medios que garanticen que efectivamente se respeten los derechos de los niños o que no se les golpee, se les venda, se les explote o se abuse sexualmente de ellos. Y no hay quien se salve; las iglesias, que deberían ser las primeras instituciones interesadas en cumplir su misión al proteger a los niños, están en la primera fila de los abusos contra menores en México.

Ya sea que lo hagamos por los niños emigrantes que pasan por México desesperados para tratar de encontrar una mejor vida, o que lo hagamos por los niños mexicanos que también tratan de llegar a Estados Unidos para huir de la violencia y la falta de oportunidades que ahoga a nuestro país, necesitamos construir un marco jurídico que efectivamente garantice el respeto de la vida, la integridad física y el derecho al desarrollo de los menores.

En ese sentido es inevitable sorprenderse por el linchamiento colectivo contra la señora Rosa Verduzco, de Zamora, Michoacán. Más allá de si hacía bien o mal el trabajo con La Gran Familia, lo que es un hecho es que nadie más lo hacía, y por eso miles de niños pasaron por las habitaciones del refugio que ella les ofrecía. Ojalá que se le juzgue con justicia (algo difícil de imaginar en un país como el nuestro), pero sobre todo que se reconozca que si ella (como otras personas) intervino en ese ámbito es porque las autoridades civiles y muchos ciudadanos renunciaron al ejercicio de sus obligaciones. Lo último que Michoacán y México necesitan ahora es un nuevo linchamiento en los medios.

*Analista

manuelggranados@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario