domingo, 3 de agosto de 2014

La burra arisca

Manuel Gómez Granados.

Qué bueno que los partidos políticos en México, luego de casi 15 años de parálisis legislativa, iniciada en 1997, hayan impulsado las reformas logradas en los últimos dos años. En términos generales, son reformas que se ajustan a las recomendaciones hechas por organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o como el Fondo Monetario Internacional. Recogen algunas de las propuestas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional que concentran casi 60 por ciento del total de los votos, y algunas incluyeron también los puntos de vista de un sector de la izquierda mexicana por lo que su representatividad podría ser cercana al 70 por ciento del electorado.

Tristemente, el pueblo de México es la proverbial burra hecha arisca a fuerza de golpes y malos tratos. Las reformas fiscal y laboral no han rendido los frutos que se esperaba. La laboral, por ejemplo, perdió de vista que el problema de fondo en México no era la regulación excesiva. Era, más bien, la desregulación excesiva del mercado laboral que hace que 60 por ciento de la PEA esté ocupada en el sector informal de la economía. La fiscal tampoco queda claro que vaya a rendir los frutos esperados. La de telecomunicaciones parecería que empieza a generar algunos acomodos interesantes en ese mercado, que podrían implicar mejoras en el servicio y mayor competencia.

La reforma energética, en cambio, ha generado dudas. La más notable tiene que ver con las consecuencias de la “ocupación” de tierras. En un país sin certeza jurídica y con déficit en la protección de los derechos de propiedad, resulta preocupante que se introduzca una figura tan incierta como esa de la “ocupación”. No en balde, en España, a quienes habitan de manera irregular casas o departamentos, se les llama “okupas”; justamente porque ni son propietarios, ni inquilinos, ni tienen algún comodato con los dueños.

Parece que los autores de la legislación no tomaron nota de los muchos conflictos que ocurren ya en México por el carácter abusivo de proyectos mineros o de infraestructura y le apuestan a generar una figura compleja y difícil de distinguir del despojo, con el agregado de los daños ambientales que se generan durante la ocupación. Y esto se agrava en la medida que nuestro sistema de procuración de justicia está plagado de abusos y corrupción, y lejos de garantizar certidumbre, genera dudas y temores.

Y la cereza del pastel es el asunto del agua que se usará para explotar el petróleo de arena. ¿En serio creemos que resolveremos ese problema de mejor manera que en Estados Unidos o Canadá, donde hay un número muy importante de conflictos derivados del uso de agua? Seguramente habrá quienes digan que sí, que es tiempo de dejar de pensar que las cosas siempre son peores de este lado de la frontera.

Tristemente, la experiencia va en contra de esos pronósticos optimistas y nos habla de historias de abusos contra las comunidades rurales, indígenas o no, a las que se les despoja de sus recursos, tanto por parte de mineras que operan en el sector formal de la economía, como ocurrió en Pasta de Conchos, Coahuila, o por parte de agentes económicos informales como los Templarios que incorporaron la explotación minera entre sus actividades en Michoacán.



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