domingo, 10 de agosto de 2014

Violencia, migración y esperanza


Manuel Gómez Granados.

Poco más del equivalente a la cuarta parte del Producto Interno Bruto le cuesta al país la violencia. Se trata de 4.4 billones (sí, con b) de pesos, el 27 por ciento de todo lo que se produce en México al año, se va a la cloaca de la violencia. Y ese cálculo, hecho a partir de la metodología del Instituto para la Economía y la Paz y su Índice Global de Paz (http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/mexico-peace-index), no logra estimar cuánto dejamos de crecer como resultado de ese abrumador desperdicio de recursos.

Algo es claro. Ni la estrategia belicista del gobierno de Felipe Calderón ni la errática colección de acciones aisladas que ha seguido el gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado los resultados esperados. Calderón detonó un conflicto que, andado el tiempo, se salió de control y su partido pagó la más elemental de las consecuencias: el PAN perdió la elección de 2012. Sin embargo, es absurdo pensar que basta con que el PRI pierda la elección de 2015 para que las cosas se resuelvan.

Las derrotas electorales son interesantes en el corto plazo pero, en el mediano plazo, generan desconfianza, desazón, desesperanza y, como ya ocurrió en Michoacán y Guerrero, alientan las soluciones de justicia por propia mano, las llamadas “auto-defensas”, que ya forman parte de un mito según el cual basta con que todos nos armemos para resolver nuestros problemas. ¿De verdad es así? Si fuera cierto, los países más violentos del planeta serían los más desarrollados y más bien es lo opuesto. México está lejos de ser un “Estado fallido”, es cierto, pero muchos empujan en esa dirección. El vídeo de la alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, Salma Karrum lo demuestra como lo demuestra también la “explicación” que ofrece de sus actos: “me mandaron llamar”, dice con una actitud digna de una colegiala.

Y la reacción de los jueces y magistrados federales y de los estados no podría ser más desalentadora. No sólo han estado en la primera fila del bloqueo de iniciativas para devolver la confianza en las instituciones, como la ley de salarios máximos; ni siquiera maquillan el hecho que ven al Estado, a las plazas laborales, como un patrimonio del que ellos y sus familias se benefician de manera exclusiva sin importar qué tanto distorsionen el derecho, la justicia y la confianza.

La violencia está en el corazón de muchos de nuestros males. Una de las tragedias más recientes, la de los niños atorados en la frontera, sólo se puede comprender cuando se entienden los efectos devastadores de la violencia en Honduras, en El Salvador, pero también en estados de México como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca. Esos cinco estados concentran por sí mismos a 6,172 de los 11,335 niños mexicanos arrestados por la Border Patrol, como demuestran los datos que publicó el lunes de la semana pasada el Pew Research Center (http://pewrsr.ch/1snd693). Al considerar estos datos con los del Índice Global de Paz 2014 lo que se observa es que sólo Oaxaca tiene una tasa baja de homicidios. Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas ocupan los lugares 31, 23, 24 y 19 de 32 lugares posibles en el índice Global de Paz 2014 de México y de esos cinco estados, los que más expulsan niños a Estados Unidos, sólo Tamaulipas era relativamente próspero hasta hace tres años.

Tanto en México como en América Central los motores del éxodo de menores son la pobreza y las muy altas tasas de homicidios. Hoy, más que nunca, es cierto aquello que dijo Pablo VI: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.

manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/850149.html

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