sábado, 13 de septiembre de 2014

Una ley que proteja en verdad a la niñez


Manuel Gómez Granados.

El presidente Enrique Peña decidió continuar con el ímpetu reformador con el que trata de distinguir a su gobierno, con un proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes, que llegó al Congreso de la Unión con la etiqueta de “preferente”. Eso significa que el Congreso debe decidir el futuro del proyecto en un mes. Uno podría sentirse motivado a sumarse al coro que aplaude a Peña y celebrar que, una vez más, se reconozca que proteger a los niños y adolescentes de ambos sexos es muy importante.

Tristemente, no es la primera vez que se presenta (y aprueba) una ley federal en esa materia y aunque hay alguna intención en la exposición de motivos de recuperar la jerga de los convenios internacionales y las leyes de otros países, como cuando habla de “la protección activa del Estado”, esa intención no se concreta en la ley.

Cuando aborda el núcleo del problema, la manera en que se protegerá a los niños, abundan las generalidades. No es que la ley sea mala. Es que, como tantas otras leyes vigentes, carece de dientes, es decir, carece de mecanismos concretos para obligar a que se logren sus objetivos. En muchos casos no establece las consecuencias concretas que enfrentarán quienes cometan algún tipo de abuso contra menores de edad. No dice qué sucederá con las autoridades que permitan que ocurran esos abusos.

El proyecto de la Presidencia no es claro —sobre todo— al abordar el problema de los mecanismos para proteger a los niños indígenas, a los niños de familias jornaleras, a los niños que trabajan, la inmensa mayoría de ellos en el sector informal, explotados por sus propias familias. Tampoco considera casos como los que se vivieron recientemente en Zamora, Michoacán, con motivo de la clausura del orfanato de doña Rosa Verduzco, en que los padres de familia mismos se desentienden de sus responsabilidades y obligaciones, y posteriormente parece que se arrepienten de sus actos, en un contexto en que las autoridades municipales de Zamora y de Michoacán encontraron cómodo dejar que fuera una particular quien asumiera las responsabilidades.

Tampoco se considera el caso, tan doloroso como actual, de los niños y menores extranjeros migrantes. Para esos niños, como parte de otras propuestas, lo que se ofrece es la dureza de una legislación que les niega el derecho humano a migrar cuando sus vidas están en peligro o cuando el hambre los lleva a buscar mejores condiciones de vida.

Hay vacíos cuando se trata de garantizar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia pueda cumplir con sus objetivos. La razón de ello es que la iniciativa no establece mecanismos de financiamiento.

La iniciativa de la Presidencia presume un “impacto presupuestal cero”, que resulta increíble al considerar las condiciones en que operan los DIF nacional, estatales y municipales, que compiten con organizaciones civiles por donaciones, a pesar de ser parte del gobierno.

Otro problema es que las organizaciones más activas en ese ámbito no fueron consultadas. Una de esas entidades, llamada ODISEA, considera que la iniciativa es peor que la ley vigente (http://eepurl.com/2RVRb). Por ello, algunos consideran que lo mejor que podría ocurrir es que se rechazara el proyecto y se abriera una discusión menos apresurada de un tema que es crucial, pues más allá del lugar común de los niños como el futuro, hoy mismo, poco más de 40 millones de mexicanos, todos los menores de 18 años, serían afectados por la nueva ley.

*Analista



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