domingo, 16 de noviembre de 2014

Detrás de la violencia, la injusticia y la desigualdad


Manuel Gómez Granados.

Desde el jueves de la semana pasada, México se ha convertido en escenario de una serie de actos violentos. Hay quienes los quieren ver como reflejo de la ira acumulada por las fallas de los sistemas de justicia y, en ese sentido, consideran aceptables las quemas de edificios públicos que hemos visto en Guerrero, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal. Otros creen que se debería aplicar la “mano dura”. Paradójicamente, unos y otros están convencidos de que las fallas de justicia hacen de México un “Estado fallido”.

Cualquier opinión o análisis es incompleto si no incluye el factor de la injusticia y la desigualdad. Y no, no es que los pobres sean violentos, pues los pobres tienden a aguantar mucho. Son muy pasivos incluso. El problema viene cuando a la pobreza, que se transmite de generación en generación y no hay salida a la vista ni en 50 o 60 años, se agrega la insensibilidad de jueces y la corrupción de funcionarios públicos, especialmente de las policías y las procuradurías. Cuando se combinan esos factores y no hay empleos de calidad, y los servicios de salud son tan malos que no hay funcionario público que se atienda en hospitales públicos, es cuando se generan los problemas.

No basta observar o condenar la terrible violencia que vivimos, que no se limita a Guerrero. Incluye a estados como Coahuila (las fosas de Allende) y Chihuahua (la sierra tarahumara), así como otros que no salen de la zozobra y la intranquilidad como Michoacán o Veracruz, entre otros. Hay que atender las causas estructurales de la violencia y ésas son la injusticia y la desigualdad. Para la primera no hay otro remedio que la reforma de las instituciones de administración y procuración de justicia. La Procuraduría General de la República tendría que estar lista para su inminente transformación en Fiscalía, que no debe ser sólo un cambio de camiseta o logotipo. Ojalá que no sea sólo otro cambio cosmético, de cromática.

Un factor clave es que en 20 años de vigencia, los distintos programas de combate a la pobreza no han logrado sus objetivos, pues siguen ahí, como testimonio de que las causas de la pobreza no se han modificado. Y es que, sin importar qué tan loables sean las metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hasta ahora no ha roto con la lógica de contención de la pobreza, porque, aunque la pobreza no detona la violencia, la desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo en contextos de injusticia sí la detona.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuna —si la hay— del capitalismo, las autoridades reconozcan que para combatir la pobreza NO basta entregar dinero que acaba en manos de grandes empresas? Y es que luego de experimentar varios años en estados como Michigan, Nueva York, Pennsylvania, Maryland u Oklahoma, el congreso federal de EU ha reconocido que es necesario canalizar los recursos públicos para la alimentación de los más pobres a la compra de productos agropecuarios frescos, que desarrollen los mercados locales.

A partir de 2015, las familias pobres de EU recibirán el doble de recursos de los programas de ayuda cuando consuman productos agropecuarios directamente de los productores. Ese esquema contrasta con lo que en ciertos casos hace la Cruzada y otros subsidios del Estado, que en lugar de alentar la producción de vegetales frescos y promover mecanismos para comprar directamente a los productores, fortalece a las grandes empresas que ya controlaban casi por completo los mercados.

manuelggranados@gmail.com

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