domingo, 9 de noviembre de 2014

Jugar con fuego


Manuel Gómez Granados.

Hay metáforas, como aquella de “jugar con fuego”, que describen la realidad que vivimos los mexicanos respecto de la violencia, ahora con una precisión aterradora. No son sólo los vándalos que quemaron una unidad y una estación del Metrobús la noche del miércoles 5 de noviembre en el DF. Es el conjunto de errores o fallas del modelo de desarrollo, de distribución del ingreso, de desempeño de las instituciones políticas (incluidos los partidos) y de procuración y administración de justicia, lo que nos tiene sumidos en la zozobra.

Los partidos, fieles a sus peores tradiciones, han hecho de la tragedia de Ayotzinapa una feria de mutuas acusaciones y sucesivos deslindes. Como suele suceder, esos desplantes no logran otra cosa que no sea llenar miles y miles de páginas de internet con chismes, fotografías, algunas reales, otras editadas, y todo tipo de estrambóticas hipótesis acerca del origen real del problema.

Lo que es un hecho, y lo admitió la actual administración federal, es que existe un conjunto de condiciones que agudizan las causas estructurales de la violencia. El gobierno de Enrique Peña lo reconoció en un documento poco consultado, pero fundamental: Programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia 2014-8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de este año. Ahí, el gobierno admite que la violencia, de la que los normalistas de Ayotzinapa es, tristemente, uno de tantos casos, responde a muchas causas. Admite que la violencia y la delincuencia sólo podrán reducirse si se atacan la exclusión, la marginación y las fallas de los sistemas educativo, de salud, de procuración de justicia, así como los fallos en las estrategias de desarrollo urbano y regional.

Tristemente, cuando los gobiernos federal y del estado de Guerrero pasaron del diagnóstico de los problemas a las propuestas, se quedaron cortos. Eso queda claro al leer la propuesta para aplicar ese programa en Guerrero. El documento, publicado en marzo de 2013 y disponible en http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/ComisionIntersecretarial/Guerrero.pdf, es notable por sus omisiones. Llama la atención que —a sabiendas de la historia de conflictos asociados a la Normal de Ayotzinapa— no se identificó esa realidad como uno de los primeros problemas que debían atenderse. El documento se centra en tres municipios (Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo) y aunque reconoce, a partir de las cifras de Coneval, que la desigualdad es uno de los problemas más graves, se limita a presentar mapas de Google donde se identifican colonias o zonas de riesgo en esos tres municipios.

¿Por qué no se consideró a Ayotzinapa como una prioridad para reducir la violencia en Guerrero? Y es más difícil explicarlo cuando se considera que, apenas en diciembre de 2012, los estudiantes de la normal habían protagonizado acciones muy violentas en Chilpancingo.

Así, Ayotzinapa se ha convertido, más por los errores y fallas de las instituciones que por los méritos del modelo académico practicado en esa normal, en un símbolo de las muchas cosas que están mal en México. El riesgo es que ese conflicto se confunda con otros, actualmente en curso, como el del Instituto Politécnico Nacional, así como en otras instituciones educativas cuyos jóvenes, equivocados o no, ven poca esperanza de que al concluir sus estudios mejorará su vida. Pero el peor riesgo de contagio no está ahí. Está en el hecho de que ante la evidencia de cientos, quizás miles de cadáveres, apilados en fosas de Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, entre otros estados, perdamos lo poco que queda de la confianza en las instituciones y en nuestra capacidad para reformarlas y exigir justicia.

manuelggranados@gmail.com


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