domingo, 30 de noviembre de 2014

Violencia en Guerrero, las tenazas de la desigualdad y la injusticia



Manuel Gómez Granados.

En estos días de tribulación por la impunidad y la ineficacia de las instituciones de justicia, días en que todo parece hablar de violencia, es importante tratar de ir a las causas primeras de los males que padecemos. ¿Qué provoca la violencia? Más específicamente, ¿por qué estados con rezagos como Michoacán, Guerrero y Morelos se han convertido en el epicentro de esta monumental crisis?



Por ejemplo, acerca del drama ocurrido en Iguala con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se han adelantado muchas hipótesis. Unas nos dicen que se trata de un hecho aislado, sin relación con lo que ocurría en Guerrero o en todo el país. Otras, hablan de distintos grados de complicidad, desde los que se limitan solamente a los alcaldes de Iguala y Cocula hasta los que insisten en que “fue el Estado”, es decir, el conjunto de las instituciones de gobierno.



La hipótesis correcta se encuentra, seguramente, en algún punto intermedio de esos dos extremos, pero es un hecho que, más allá de las fallas de diseño y operación de las instituciones de justicia y seguridad pública, somos el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que menos invierte en desarrollo social. Así lo señala un estudio recientemente publicado por dicha organización multilateral: mientras el promedio de la inversión social en la OCDE es 21.4 por ciento del PIB, México sólo destina 7.7 por ciento del ingreso nacional a esas tareas. Se trata de una diferencia abismal, que se explica porque 55 por ciento del gasto social total lo concentra el 20 por ciento más rico de México; en el otro extremo, el 20 por ciento más pobre sólo recibe 10 por ciento del gasto social. Así, tenemos un modelo injusto cuando nos comparamos con países de la OCDE, y un modelo terriblemente injusto cuando sólo observamos nuestras cifras y los resultados.



Cuando se escribe sobre el día a día en espacios como este, es importante resistir la tentación de imaginar parte-aguas, puntos de quiebre, donde no existen en realidad. La masacre de Cocula podría ser uno de esos parte-aguas siempre y cuando las élites de la política logren dimensionar el alcance real del problema. Hasta ahora no ha sido así. Quizás eso explica que se insista en mantener políticas sociales orientadas a la contención de la pobreza que han demostrado, a lo largo ya de dos décadas, no resolver los problemas de fondo, pues no van a la raíz del problema.



Es el caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán y otros estados en los que frecuentemente nos enteramos en los medios de inauguraciones y entrega de apoyos. Incluso, en Chiapas, se construyeron ciudades enteras, ciudades-rurales, decía el ex gobernador en el colmo del absurdo, que no resuelven los problemas que dicen atacar. Tenemos que invertir más para lograr un verdadero desarrollo y, dado que no podremos invertir más de la noche a la mañana, debemos invertir mucho mejor los recursos a nuestro alcance.



No olvidemos, que el común denominador que enlaza las historias de los 43 normalistas, de los 31 estudiantes de bachillerato que también desaparecieron meses antes en Cocula, e incluso la historia del sacerdote ugandés John Ssenyondo, cuyos restos fueron identificados como resultado de las investigaciones, son la marginación, el olvido, el aislamiento y, sobre todo, la pobreza. Si queremos acabar con la injusticia es necesario acabar también, al mismo tiempo, con la pobreza y, para ello, debemos reorientar las políticas de desarrollo y la manera en que invertimos los recursos.


manuelggranados@gmail.com


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