domingo, 7 de diciembre de 2014

Dos iniciativas y un índice

 
 
Manuel Gómez Granados.
 
En la semana que concluye, el Senado de la República recibió dos iniciativas de reforma constitucional que, si no se abordan con serenidad y responsabilidad, podrían costarnos mucho a los mexicanos. Costarnos mucho más, por ejemplo, que los 16 millones de dólares que el gobierno federal debió pagarle a las empresas que habían ganado la licitación del Tren de Alta Velocidad a Querétaro y que, en medio del pandemónium por las compras inmobiliarias de la familia presidencial, debió cancelarse.

Se trata, por una parte, de la iniciativa del Ejecutivo que extingue las policías municipales y, en su lugar, crea 31 policías estatales (la del DF ya existe como tal desde hace muchos años). La otra, es una iniciativa presentada por el diputado federal del Partido Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución y que, entre otras cosas, podría ser el instrumento para regular, de manera todavía poco clara, marchas, manifestaciones, plantones y otras formas de protesta en un país en el que escasea la confianza en las instituciones y en los políticos.

Sin poder ir al fondo en un espacio tan reducido, bastaría preguntarse si tiene sentido apostarle tanto al “mando único” cuando es claro que otras corporaciones con mando único, algunas desde que fueron creadas, están muy lejos de ser un ejemplo a seguir. Incluso el Ejército Mexicano, la corporación de fuerza pública con mando único más importante de México, está lejos de serlo, como lo demuestra el caso Tlatlaya, para hablar sólo del caso más reciente. Luego están las policías de Morelos, que fue una de las primeras en adoptar ese modelo, así como la policía del DF que enfrenta severos cuestionamientos por su actuación en las movilizaciones para protestar por la desaparición o muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. La propuesta de mando único corre en sentido contrario a las necesidades de un país del tamaño y la complejidad del nuestro y parece  ser un paso más al centralismo que una solución real a nuestros problemas.

Algo parecido se puede decir de la reforma de los artículos 11 y 73 de la Constitución. Esa propuesta dormía el sueño de los justos en San Lázaro desde abril de 2014, y de pronto fue aprobada y enviada al Senado. Y sí, las marchas son muy molestas y lo son más los plantones y mucho más cuando implican amenazas y agresiones, como con el magisterio de Oaxaca, la llamada CNTE, o el de Guerrero, la CETEG, pero es un hecho que hay muchas cosas que no funcionan en México y la protesta social, nos guste o no, es un mecanismo —uno de los pocos— que tenemos los ciudadanos para que la clase política nos escuche. Lo que no significa solapar violencia ni impunidad ni soslayar los derechos humanos de los afectados.

Algo grave es que las dos propuestas de reforma coincidan con la publicación —como cada diciembre— del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La nueva edición del índice constata que estamos en el sótano de la transparencia: lugar 103 de 175, con un doloroso índice de 35, 8 puntos debajo de Brasil y 16 puntos por arriba de Venezuela, fiel reflejo de escándalos como el de la cancelación de la concesión del TAV-Querétaro.

La contención de las causas de la corrupción no resuelve el problema. A pesar de que hay métodos probados para reducir la corrupción, evadimos aplicarlos, preferimos los paliativos, sin considerar los costos tanto en dinero, como con el tren a Querétaro, como —sobre todo— en confianza.
 
manuelggranados@gmail.com
 

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