domingo, 18 de enero de 2015

La sordera de los políticos mexicanos

Manuel Gómez Granados.

Pocas cosas exhiben qué tan mal estamos en México como las bajísimas tasas de confianza entre las personas y en las instituciones. Así lo demuestran tanto las series periódicas de estudios de opinión publicadas por encuestadoras como Consulta Mitofsky, Parametría, IPSOS o encuestas más ambiciosas, como las que patrocinan la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Tampoco importa qué tan grandes son las muestras, una cosa está clara: los mexicanos no confiamos ni en nosotros mismos ni en nuestros políticos y autoridades, y menos en las instituciones encargadas de impartir justicia. Y es cierto, en muchos otros países existen crisis similares de confianza en lo que hacen o dicen los políticos, pero en muy pocos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los niveles son tan bajos y afectan de manera tan marcada a las policías, a los jueces y a los altos funcionarios del Estado.

Lo que es peor, como lo ha demostrado la OCDE en distintos estudios dados a conocer en los últimos años, existe una muy alta correlación entre desconfianza y corrupción. En otras palabras, en la medida que aumenta la corrupción aumenta también la desconfianza. Es un círculo vicioso que hace que sospechemos de todo y de todos, que eleva los costos para la apertura de negocios, que lisia prácticamente cualquier esfuerzo que se realice. Incluso los mecanismos que específicamente se han diseñado para atacar ese problema, como los llamados “Controles de Confianza”, que se instituyeron en México la década pasada para tratar de hacerle frente a la crisis de seguridad pública que padecemos desde finales de los noventa, han demostrado ser incapaces de lograr lo que buscan, es decir, aumentar, mejorar los niveles de confianza.

Estamos atrapados en un laberinto tan hondo que no se ve la solución. Y se agrava porque nuestros políticos, de todos los partidos, se empeñan en no escuchar lo que esas encuestas, en las que gastan tantos y tantos millones de pesos, les dicen: la gente no participa, no confía ni en otras personas ni en las leyes y políticas de los gobiernos porque no se siente considerada, no se siente escuchada. No es algo coyuntural, no es sólo por lo que ha ocurrido en los últimos cuatro meses (de pesadilla) con casos como los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa o las propiedades de la familia presidencial. Es una tendencia de largo plazo que incluso un estudio elaborado por El Colegio de México para el Instituto Nacional Electoral lo reveló a finales de 2014. Se trata del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía (http://t.co/C5Yp7l9LaJ) que señala, entre otras cosas, que 66 por ciento de los mexicanos consideran que las leyes se respetan poco o nada; que 61 por ciento de las víctimas de un delito no denunciaron y que, de ese porcentaje abultado, 63 por ciento no lo hizo pues están convencidos de que no sirve hacerlo. Y lo que es peor, de los que sí denunciaron, más de la mitad no resolvieron cosa alguna con la denuncia.

El estudio incluye una pregunta que indaga si las personas creen que “los políticos se preocupan por gente como ellos”. Las respuestas son demoledoras: 49.61 por ciento dijeron estar muy en desacuerdo; 22.4 dijeron estar algo en desacuerdo; 12.78 no pudieron decir si estaban de acuerdo o no y sólo 13.12 por ciento dijeron estar algo o muy de acuerdo en que los políticos los escuchaban. ¿Así o más claro?

manuelggranados@gmail.com

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