sábado, 14 de febrero de 2015

El Circuito Exterior Mexiquense y la desconfianza

Manuel Gómez Granados.

Los últimos meses han sido terribles. Es la historia de una crisis que no se mide en pesos y centavos. Es más honda, pues golpea la de por sí poca confianza que las personas podemos tener en las autoridades. Mucha de esta crisis se debe a la manera en que nuestros políticos se relacionan con los empresarios. Dicen que se busca “ganar-ganar”. Que se busca el beneficio de lo público y lo privado, pero ese “ganar-ganar” no siempre corre a favor del interés público.

Y no son sólo las historias que ya sabemos y que no tiene mucho caso repetir aquí: casas compradas en condiciones opacas, muy favorables para personas en el gobierno o con influencia sobre lo que el gobierno puede hacer o no. Se suman nuevas historias que contribuyen a un estado de ánimo dominado por el pesimismo y la convicción de que las autoridades no buscan el bien de todos.

El más reciente ejemplo de estas prácticas que inducen desconfianza y contribuyen al ambiente crispado fue la decisión del gobierno del Estado de México de promover la llamada “Ley OHL”, en referencia a la constructora que ha sido beneficiaria de tanta obra pública en México en los últimos años. Uno de esos proyectos, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) ha resultado tan rentable que OHL ya recuperó su inversión y ha obtenido ganancias por esa inversión. Ello haría posible que, en los próximos meses, el Estado de México asumiera la operación y propiedad del CEM.

La mayoría del PRI en el Congreso de Toluca dijo que, si se mantiene la concesión hasta 2051, el CEM podrá ser operado “con los niveles de calidad que se tienen, sin necesidad de que el Estado destine recursos que limiten su capacidad de distribuir el ingreso en rubros indispensables para el bienestar y la mejora en la calidad de vida de los mexiquenses”. El argumento es débil, pues que el gobierno mexiquense asumiera la operación no implica dejar de cobrar cuotas. Sólo implica que, en lugar de que OHL lucre con el CEM, los recursos irían al gobierno estatal.

A pesar de ello, el 12 de febrero, el Congreso local de Toluca aprobó una iniciativa que reforma la fracción IV del art. 17.43 del Código Administrativo de la entidad, que permitirá que OHL explote hasta 2051 la concesión del CEM, que ya es un bien público, pues ya se pagó la inversión. Los términos de la reforma son tan oscuros como generosos, pues otorgan a la Secretaría de Comunicaciones estatal todas las facultades para decidir si la concesión sigue y cuáles serían, si las hubiera, las contraprestaciones que OHL ofrecería. Esto mueve a desconfianza porque los acuerdos entre OHL y los más recientes gobiernos mexiquenses han sido desfavorables al interés público. En 2009, por ejemplo, cuando el CEM ya estaba construido y en operación, el gobierno del Estado de México aceptó que una de las “contra-prestaciones” por las facilidades que el gobierno mexiquense ha dado a OHL para refinanciar el CEM fuera construir el “Monumento bicentenario de Toluca”, obra en la que OHL dice haber gastado 624 millones, aunque originalmente se pactó por sólo 350 millones de pesos. Poco se sabe de por qué la diferencia de más de 200 millones. Habrá quien diga que todo es legal. Puede ser, pero queda la percepción de que éstas y otras muchas reformas se hacen para beneficio de unos cuantos. Y estas dudas sólo contribuyen a aumentar la desconfianza y la resistencia a cualquier acción del gobierno, sin importar si es útil o no.

*Analista



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