sábado, 28 de febrero de 2015

La verdadera reforma estructural


Manuel Gómez Granados.

El actual gobierno comprometió muchos de sus esfuerzos en sus primeros 18 meses de gestión a lograr lo que sus funcionarios llamaron “reformas estructurales”. Los méritos de algunas de ellas son innegables, aunque la realidad es que la mayoría distó mucho de atacar los problemas de fondo. No todo está perdido. En estos días se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados, y pasará a la de Senadores, la que podría ser una verdadera reforma estructural, una que atara las manos no sólo a los funcionarios del gobierno federal, sino —sobre todo— a muchos de los funcionarios de los gobiernos estatales y municipales, así como a muchos empresarios que lo son sólo de nombre, que buscan financiar su estilo de vida y privilegios con recursos públicos. Es la reforma que dará vida a un sistema nacional de combate a la corrupción.

La importancia de esa reforma fue desestimada no sólo por el gobierno de Enrique Peña. También por las oposiciones que —si hubieran sido más auto-críticas con sus propios excesos— podrían haber visto la urgencia de frenar ya la corrupción. El problema de la corrupción no es sólo lo que se deja de hacer con los recursos públicos, por lo que se desvía a cuentas personales. Los partidos, por ejemplo, han tolerado abusos en nombre de una competencia electoral malentendida, que no resuelve, que agrava nuestros problemas.

Y lo más grave de la corrupción es el legado de desconfianza y resentimiento que deja tras de sí, al que se debe agregar todas las distorsiones que genera, tanto en los mercados como en el comportamiento de las personas. El resentimiento y la desconfianza son más graves para México por la manera en que se ha concentrado el ingreso y se han estrechado las oportunidades de desarrollo para los mexicanos, especialmente para los más jóvenes. Los efectos del resentimiento y la desconfianza son patentes tanto en los argumentos con los que se promueven distintas movilizaciones de protesta o exigencia de respeto a los derechos humanos como en las críticas a quienes promueven esas movilizaciones.

A pesar del descuido, todavía estamos a tiempo para enviar el mensaje adecuado. Si, en una situación extrema, se necesita de una amnistía que quizás implique olvidarse de desfalcos, engaños, timos y abusos como los que han ocupado las primeras planas de los diarios de México en los últimos años, hagámoslo. No es lo deseable, pero si es el precio que debemos pagar como sociedad, paguémoslo para que existan mecanismos ciertos e incluso severos, para castigar a quienes en el futuro pudieran cometer actos de corrupción. Lo que no podemos hacer es dejar las cosas como están. 

En fechas recientes, por ejemplo, un grupo de organizaciones civiles presentaron una propuesta mínima que resume muchas de las propuestas necesarias para dar forma a un sistema nacional de combate a la corrupción que evite mayor daño a nuestro país (http://bit.ly/snasocivmex).

Hay ya un abismo insondable entre los órganos del Estado (las cámaras del Congreso, las secretarías de Estado o la Suprema Corte) y el clamor de los ciudadanos, evidente en los bajos índices de confianza en las instituciones. Lo que está en juego no son ajustes de cuentas entre partidos o resultados electorales coyunturales. Está en riesgo agudizar la desconfianza y resentimiento que nos ahoga y hace crecientemente difícil impulsar casi cualquier política. Todos desconfiamos ya de todos; a nadie conviene agravar esa realidad.







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