domingo, 15 de marzo de 2015

Tortura sistemática, injusticia sistemática


Manuel Gómez Granados.

México no ha dejado las primeras planas de los medios de comunicación globales. Estamos ahí por las peores razones posibles. Es cierto, como señaló el presidente de la República, la semana que terminó, que comparados con países hermanos como Venezuela, o con países de otras regiones, contamos con la gran ventaja de una relativa estabilidad. La pregunta es, ¿qué precio hemos pagado por esa estabilidad que el presidente presume? La realidad es que ha sido un precio altísimo. No nos engañemos. Hemos pagado un precio en sangre, en pobreza crónica, que se hereda, como se heredan las enfermedades más terribles, y es el precio de la desconfianza, que nos hace incapaces de echar adelante las reformas que de verdad inducirían cambios estructurales.

La mejor prueba de ello la ofrecen los señalamientos puntuales, mesurados, bien documentados, que la Organización de Naciones Unidas ha hecho acerca de la práctica de la tortura en México en un documento que tuvo como responsable y relator a Juan E. Méndez. Don Juan es un argentino de 71 años, con una muy larga experiencia en tareas de documentación de abusos de derechos humanos en distintos países de nuestro continente. Quienes han querido desacreditarlo cometen uno de los peores crímenes: matan al mensajero que nos trae malas noticias.

Las respuestas que se han dado al texto de don Juan, disponible en http://bit.ly/reporteONUtortura2015, parecen más animadas por consignas, que por un ánimo de reflexión. Nos hemos creído la ficción de un país noble y generoso. Es cierto, hay excepciones, como las mujeres nobles y generosas que alimentan a cuanto migrante pasa cerca de Córdoba, Veracruz, las llamadas Patronas. Ellas son, sin embargo, una excepción. Lo hacen solas, lo hacen a contrapelo de las repetidas “sugerencias” de autoridades civiles y religiosas que tratan de convencerlas de quedarse en sus casas.

Y ¿qué decir de la procuración y administración de justicia? Una vez más vemos filtraciones de imágenes y videos de los capos recientemente arrestados. Estas filtraciones son graves y hablan del tipo de problemas que padecemos, pues ponen en peligro la integridad de los procesos judiciales. Esa fue la causa, por ejemplo, de la dolorosa exoneración de Florence Cassez y es una ruta que el gobierno vuelve a andar, sin que se entienda para qué. Y está el pésimo manejo dado a la masacre de Iguala que, como caso judicial, depende casi exclusivamente de confesiones de algunos de los presuntos autores materiales.

Lejos de dispararle al mensajero, el gobierno de México debería reconocer que no hemos hecho lo necesario para desterrar conductas abominables de nuestro sistema de justicia. La prisión preventiva sigue siendo una práctica frecuente; es difícil conseguir fianzas o amparos si no se tiene mucho dinero y muchos casos —incluso de alto perfil— se resuelven porque algún autor material o testigos pagados deciden confesar, sin que quede claro por qué lo hacen. Tenemos, además, reconocida por INEGI, una brutal “cifra negra” de delitos no reportados, de más de 95 por ciento.

A las víctimas de delitos o accidentes se les trata mal. Basta ver cómo una de las enfermeras que arriesgó su vida para salvar niños en la explosión en el hospital infantil de Cuajimalpa, no cuenta con el apoyo de las autoridades de la capital para que los responsables de la explosión paguen las cirugías.

Un gobierno que verdaderamente buscara transformar, mover a México, debería reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien y aprovechar la presión externa para impulsar los cambios. Tristemente, preferimos victimizarnos, culpar a otros, inventar alguna conspiración que deje las cosas como están. Así no se puede.

manuelggranados@gmail.com


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