domingo, 9 de agosto de 2015

País de fosas comunes


Manuel Gómez Granados.

La expresión suele enfurecer a los funcionarios del gobierno mexicano sin importar quién la pronuncie. Los molesta más que la usen personas como Javier Sicilia o Alejandro Solalinde quienes, por doloroso destino o por vocación de servicio, han estado en los últimos nueve años en la vanguardia de la crítica a las políticas de seguridad pública y seguridad nacional que nos tienen sumidos en la crisis de derechos humanos, violencia y desconfianza en la que estamos. Sin embargo, la realidad ha terminado por darles la razón a Sicilia, a Solalinde y a muchos más que en los últimos años han proclamado que México se ha convertido en un país de fosas comunes.

Así lo acreditaron las cuentas de redes sociales del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, http://onc.org.mx/), una organización civil que da seguimiento y analiza las dolorosas cifras de la violencia en México y que, de acuerdo con los datos oficiales de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación y la ahora desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala que de 2006 a 2014 las fuerzas federales han localizado 440 fosas comunes, en las que se han identificado al menos mil 383 cadáveres. Es importante insistir en que es una cifra tentativa, porque en algunas fosas ubicadas por Sedena y por Semar no fue posible identificar el número preciso de personas enterradas en esas condiciones, podrían ser más. A esa cifra sería necesario agregar a aquellos cuerpos sin vida que son sometidos a procesos de desaparición: por ácidos, arrojándolos a cuerpos de agua, que están en fosas todavía no identificadas o que pudieran haber sido consumidos por animales.

Es un fenómeno que confirma una verdad que nos indigna desde que empezó a proclamarse en 2009, pero que no hemos sido capaces de desmentir: México vive una ola de violencia peor que las que padecen Irak o Afganistán. No sólo eso, los métodos de las organizaciones criminales mexicanas podrán ser menos conspicuos que los de ISIS o Al-Qaeda, pero son más letales que los de esas organizaciones terroristas. Frente a ello, preocupa mucho la información que ha sido filtrada en fechas recientes acerca de las razones que explican la fuga de Joaquín Guzmán (corrupción y relajamiento de los protocolos de seguridad), así como la respuesta de las autoridades, que —empecinadas en librar la guerra contra las drogas— no aciertan a lograrlo (quizás porque es imposible) sin provocar dolor y zozobra, liberándose a sí mismas de la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos.

Y no es que falten propuestas. Están desde aquellas que hablan de despenalizar el consumo de algunas o todas las drogas, hasta las que señalan los flancos débiles de los sistemas de procuración y administración de justicia, y de seguridad pública y seguridad nacional del país que han adelantado México Unido Contra la Delincuencia, el propio ONC o la Universidad de las Américas, por medio de su Índice Global de Impunidad, además de las que ha presentado el Centro de Investigación y Docencia Económicas a petición expresa del gobierno.

Lo que ha faltado es disposición para atender lo que proponen organizaciones civiles e instituciones académicas. Se ha perdido mucho tiempo en justificaciones y defensa de propuestas que sólo lastimarían más al país y que han demostrado su ineficacia en estados como Morelos, con los mandos únicos estatales. Y lo peor es que a este clima de zozobra y desorden se agregue saber que en México mueren periodistas a tasas similares a las que reportan dictaduras, sin que exista esperanza de mejora en el corto plazo.

manuelggranados@gmail.com

Enlace: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/913943.html

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