Manuel Gómez Granados.
A México se le acabó la ilusión de vivir del
petróleo: los precios del crudo tocaron un punto del que no se recuperarán
pronto. La reacción ha sido recortar el gasto, pero sin transparentar más —como
sería necesario— el manejo de los recursos públicos. Más bien se apuesta a la
opacidad, las componendas, la discrecionalidad y el patrimonialismo, como lo
demuestra el proyecto de Ley de obras públicas que se discute en el Congreso.
Sin embargo, además de que necesitamos mayor
transparencia, así como un claro compromiso para erradicar la impunidad, el
país debe resolver uno de sus problemas básicos: garantizar el derecho a la
alimentación de todos. Alimentarse es uno de los derechos “en el papel” de la legislación,
pero está lejos de ser realidad, porque en el gobierno ha prevalecido un
enfoque que ha decidido dejar a muchos productores y consumidores a su suerte.
Muchos productores no son capaces
de competir en el exterior, pues de las unidades de producción agropecuaria en
México siete de cada diez son propiedad de campesinos, indígenas y pequeños
productores con superficies menores a cinco hectáreas dedicadas al autoconsumo;
dos de cada diez son pequeños productores con superficies de cuatro a 20
hectáreas, dedicadas mayormente al autoconsumo y algo para el mercado local;
sólo seis por ciento de los productores son empresarios que canalizan sus
mercancías al mercado nacional e internacional. Ello explica que las familias del medio rural apenas subsistan y hoy dependamos
más de la importación de alimentos: importamos tres de cada diez kilos de arroz, siete de
cada diez de oleaginosas y nueve de cada diez de soya. En total, 43 por ciento
de nuestros alimentos vienen de fuera. Además, las familias de las zonas
rurales sobreviven al emplearse en sectores diferentes al agropecuario, en
condiciones muy difíciles. Sus hijos no pueden asistir a la escuela pues, desde
pequeños, laboran ocho y más horas en los campos.
Por ello es tan grave que, en
México, ahora que vivimos el fin del modelo orientado a la exportación de
petróleo y manufacturas que ya tocó límite, se proponga al Congreso reducir 19
por ciento (18 mil millones de pesos) del presupuesto asignado a la producción
agropecuaria. La inversión agropecuaria es de menos del uno por ciento del PIB
y la producción total agropecuaria sólo representa tres por ciento del PIB. En
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el
promedio del PIB agropecuario es un tercio del total. Si se lograra que el
sector agropecuario mexicano generara diez por ciento del PIB nacional, lograríamos
un gran avance.
Urge que los legisladores
consideren seriamente el impacto de una decisión así. Más que recortar,
deberían aumentar el presupuesto y mejorar la calidad del gasto: facilitar la
capacitación y adopción de nuevas tecnologías para mejorar la producción y la
distribución, eliminar monopolios, cuellos de botella en el acopio y
distribución, producir mediante contrato de venta y simplificar la tramitología.
Para enfrentar estos retos se
constituyó la Unión Nacional de Organizaciones Productivas Ciudadanas (Unoproc),
que busca promover una sociedad más equitativa, favorecer que las personas
menos favorecidas participen en procesos de desarrollo sustentable al
garantizar lo más importante: la alimentación. Unoproc ofrece la esperanza de
una organización activa, ágil, innovadora, que promueve sinergias entre
productores y empresarios del sector para responder a los desafíos al dar forma
a proyectos de vanguardia que mejoren el desempeño del sector agropecuario,
respeten el medio ambiente y contribuyan al progreso. Ellos han cumplido con
organizarse, ahora necesitan apoyo de políticas públicas y del gobierno para
alcanzar sus metas.
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