sábado, 2 de enero de 2016

Los costos del crimen y la violencia

Manuel Gómez Granados.

A finales del año que ayer expiró, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un texto titulado Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe. Se trata de un esfuerzo importante para tratar de comprender cuáles son los efectos concretos de la ola de violencia que padece América Latina y que, salvo excepciones, no ha sabido ser confrontada. Uno de los datos más notables que aporta el texto, que está disponible en https://digital-iadb.leadpages.co/costos-violencia/, es que hay una correlación entre la desigualdad en el ingreso y los homicidios.

El caso más notable a escala latinoamericana es Honduras, pero en el mismo contingente están Jamaica, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Colombia, Brasil y México. Aunque no lo aborda este texto, editado por Laura Jaitman, cuando se consideran los niveles de violencia en estados tan notablemente desiguales como Guerrero y se le compara con la que existe en entidades menos desiguales, la situación es muy similar: a mayor desigualdad, mayor violencia.

El vínculo entre desigualdad económica y la violencia expresada por el índice de homicidios sería suficiente para que los responsables del diseño de las políticas de combate al crimen se dieran cuenta de qué es lo que se debe hacer. Lamentablemente no ha sido así. En la mayor parte de los países de la región, lo que ha predominado son las políticas represivas. Honduras, la meca latinoamericana de la violencia, se embarcó desde mediados de la década pasada en una ineficaz política que ataca el crimen con mayores penas de cárcel, reduce la edad mínima para encarcelar menores, pero no ha logrado sus objetivos. Más bien, ha sumido a ese país en una crisis de derechos humanos que se manifiesta en el éxodo de personas que tratan de llegar a Estados Unidos. En otros países como El Salvador la situación es similar, como también lo es en México, donde vivimos desde mediados de la década pasada una era de violencia sin paralelo en el pasado reciente.

No es un problema de pobreza en sí. Tanto en América Latina como a escala global, el problema no es que los países con bajos ingresos (estimado por medio del PIB per cápita) sean violentos. Todo lo contrario. Los países muy pobres pero que no sufren una alta desigualdad, suelen tener índices de homicidio tan bajos o más que los países más ricos a escala mundial. Es un problema de desigualdad, es decir, producto del hecho que en América Latina tenemos ricos muy ricos y pobres que—como ocurre en regiones de Guerrero o Oaxaca—padecen pobreza similar a la de Haití.

Otra parte del problema está en el número de policías. Hay países que tienen pocos policías por cada 100 mil habitantes, como Honduras, que no llega a los 200 y tiene una tasa muy alta de homicidio (90 por cada 100 mil). El Salvador tiene casi 400 policías por cada 100 mil habitantes y su tasa de homicidios es de poco más de 40 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, tampoco es necesario tener demasiados policías: mientras Uruguay logra una tasa relativamente pequeña de homicidios (menos de diez por cada 100 mil habitantes), gracias a una de las mayores tasas de policías por habitantes de la región (casi 800), Chile tiene menos de 5 asesinatos por cada 100 mil habitantes con menos de 300 policías por cada 100 mil habitantes. Sabemos, además, por el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas, que el problema más grave que padecen países de la región, como Honduras y México, es la insuficiencia de jueces.

Un elemento clave que destacan los autores es el problema de la calidad de las estadísticas. En ese terreno hay demasiados pendientes. En México ha costado mucho que las autoridades hagan y mantengan públicos los datos sobre criminalidad. El Secretariado Nacional de Seguridad Pública, parece que trata de ocultar la información que genera y la que está disponible, suele ofrecerla en formatos difíciles para el análisis.

En la mayoría de los casos la información disponible sólo existe a escala municipal. Eso un avance respecto de lo que ocurría hace algunos años, pero sigue siendo insuficiente para comprender qué ocurre en las colonias o las unidades habitacionales, especialmente cuando se trata de delitos distintos al homicidio. México vivirá un 2016 difícil. Los recursos que estuvieron disponibles gracias a los precios altos del petróleo ya no estarán. Eso debe obligar a las autoridades a pensar bien qué harán para combatir la violencia que nos ahoga. Parte del problema de la violencia tiene que ver también con la manera en que se diseñan las ciudades que padecen los efectos de la corrupción en la asignación de obras públicas que generan transporte público mal planeado y que facilita los robos.



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