sábado, 27 de febrero de 2016

Una solución humana a la violencia


Manuel Gómez Granados.

México ha vivido durante más de nueve años en un conflicto no convencional que costó ya demasiadas vidas y que, de continuar, apunta a costarnos la esperanza y nuestra capacidad para creer en nosotros mismos. Mientras el papa Francisco estuvo en México, uno de los temas recurrentes de sus mensajes fue justamente encontrar soluciones, por medio del diálogo, del análisis, a esos problemas que tanto daño nos hacen. Unos días antes de su llegada, el cinco de febrero, la revista académica Stability. International Journal of Security and Development, publicó un importante estudio que analiza las causas de la violencia criminal en el área metropolitana de la capital del país en un texto titulado “¿Qué explica la violencia criminal en la Ciudad de México? Una prueba de dos teorías del crimen” (disponible en http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.433/).

Se trata de uno de los primeros ejercicios que tratan de utilizar al máximo posible la información disponible desde que, a finales de la década pasada, se empezó a recabar la información en materia de criminalidad. El artículo parte de un supuesto distinto a la manera en que se han diseñado las políticas de seguridad pública en México que, como lo demuestra la discusión sobre el Mando Único de las policías, se caracteriza por preferir, ya desde el gobierno de Felipe Calderón, políticas preocupadas por aspectos policiacos y judiciales que suelen perder de vista lo que ocurre en las colonias, en los barrios donde viven las personas que más padecen la violencia.

Carlos Vilalta y Robert Muggah buscaron observar dónde y por qué ocurre la violencia criminal. Para hacerlo, se centraron en las unidades administrativas (municipios y delegaciones) que forman el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM). Estas 76 unidades se encuentran en la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. Tomadas en su conjunto, son hogares de poco más de 20 millones de personas y 20 de estas 76 unidades concentran la mitad de todos los hechos criminales en la AMCM. Para mayor precisión, incluso, los autores logran identificar a diez de las 76 unidades (8 de la Ciudad de México y dos del Estado de México) como los lugares donde ocurre casi una tercera parte del total de los hechos criminales.

El análisis encuentra correlaciones estadísticas muy importantes entre algunos fenómenos que pierden de vista estrategias como la militarización, la creación del mando único o, de manera más general, el enfoque prohibicionista del control del consumo de drogas. Entre los más notables están la proporción de mujeres que son jefas de hogar, la baja participación electoral, la desigualdad en el ingreso (índice GINI) y, en menor medida, el número de menores que son incapaces de avanzar en sus estudios.

Los hallazgos que Vilalta y Muggah reportan les permiten formular una serie de recomendaciones de política pública. La primera es revisar los supuestos a partir de los cuales se diseñan las políticas de seguridad pública, que  básicamente siguen tres derroteros: aumentar los policías, las penas y la tasa de encarcelamiento. Vilalta y Muggah cuestionan la pertinencia de esas políticas y abogan por redoblar la inversión social para proteger a las familias trabajadoras, especialmente las familias cuya jefa sea una mujer, así como las madres solteras, con especial atención a las madres solteras adolescentes.

No se trata de condenar a las mujeres que se embarazan sin haberse casado. Se trata de prevenir embarazos adolescentes, así como de aumentar las oportunidades tangibles, reales, para que las personas jóvenes puedan acceder a educación y empleo. Villata y Muggah no hablan de otros fenómenos como el mal y muy caro transporte público que padece prácticamente todo el país, pero esa es una de las causas más notorias tanto de la deserción escolar, como de la baja productividad de la mano de obra y de las inversiones. Tampoco abordan problemas como la impunidad que padecemos incluso en delegaciones de la Ciudad de México con altos ingresos y alta escolaridad, como la Miguel Hidalgo, y que —de acuerdo con el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas-Puebla— es una de las causas de nuestros problemas. Tampoco considera ejemplos de programas como la construcción de infraestructura social (parques públicos, canchas deportivas comunitarias, etc.) como documenta el Banco Interamericano de Desarrollo en un artículo que da cuenta del efecto que tuvo la disposición del gobierno español a impulsar proyectos de ese tipo y evitar una burbuja criminal como la que ha padecido México estos años (disponible en http://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2016/02/12/prevenir-la-delincuencia-con-proyectos-de-construccion/).




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