sábado, 7 de mayo de 2016

La justicia y la confianza, mal y de malas

Manuel Gómez Granados.
Paradójica y tristemente, en los más recientes intentos para aprobar el SNA, un grupo de legisladores panistas traicionaron a su partido, a la ciudadanía, y gracias a ello, seguimos sin SNA. Por otra parte, en los estados de la República tampoco se ha avanzado en las reformas que deberían darle vida al Sistema de Justicia Penal Acusatoria, SJPA, una de las reformas que hace ocho años se nos dijo era crucial para resolver los problemas que explican la desconfianza que hace imposible creer en las instituciones de justicia en todas esas masacres, de San Fernando a Tierra Blanca, pasando por Ayotzinapa, y que han cimbrado al país en los últimos años.
Si del Sistema Nacional Anticorrupción se podría decir que no hubo voluntad en el ámbito federal, con el SJPA la voluntad escaseó en las 32 entidades de la federación. A los gobernadores y congresos locales parece que poco les ha importado descarrilar, al no cumplir con lo que hace ocho años se dijo que sería la más importante reforma en materia de administración y procuración de justicia. Así lo prueba el CIDAC en su documento Hallazgos 2015(http://proyectojusticia.org/hallazgos-2015/), que —además— pone en tela de duda el destino de tres mil 510 millones 92 mil pesos entregados a los gobernadores para ese propósito entre 2010 y 2015.
No sólo era la más importante reforma en materia de justicia; era una oportunidad dorada para darle vida a un sistema que nos evitara muchos de los conflictos que, no en balde, han hecho de México un agujero negro global en temas de derechos humanos, como lo documenta, entre otros, el Índice de Libertad de Prensa de Freedom House (http://bit.ly/FreedomH2016), publicado a finales de abril, que nos coloca en una posición similar a la de Venezuela o Rusia,  y que coincide casi en todo con el de Reporteros Sin Fronteras (https://rsf.org/en/ranking). En concreto, Freedom House acusa a México de fallar por “la pobre implantación de las leyes diseñadas para proteger a los periodistas y la constante impunidad que protege a quienes cometen los crímenes contra la prensa”.
La impunidad, por cierto, ya había sido señalada a principios de este año por la Universidad de las Américas-Puebla, cuando publicó su edición 2016 del Índice Global de Impunidad (http://bit.ly/IGIMx2016). Este año, la UDLA-P nos hace ver que pocas de las 32 entidades se salvan de ser paraísos de la impunidad porque, a pesar de todas las promesas hace ocho años, cuando se pactó el SJPA, poco o nada se ha avanzado. La UDLA-P insiste en su recomendación del año pasado, cuando descubrió que México era el segundo país con mayor impunidad a escala global, sólo detrás de Filipinas: faltan jueces.
Habrá quien crea que esto sólo lo debemos resolver los mexicanos. Ése fue, en el fondo, el argumento (tan xenofóbico como los de Donald Trump) de quienes hicieron todo por echar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero se tiene que ser muy infantil para no advertir cuánto daño causan las críticas que se nos hacen en el exterior. Además de la verborrea de Trump, México ha sido criticado por Hillary Clinton por el manejo dado al caso Ayotzinapa. Esas críticas fueron refrendadas días después por Samantha Powers, excolaboradora de Clinton cuando era secretaria de Estado, quien en su papel de embajadora de EU ante Naciones Unidas, insistió en que México debe resolver ese caso, sin olvidar los señalamientos que jefes de gobierno europeos hicieron durante la más reciente gira de Enrique Peña por aquel continente.
Y algo más. Es importante entender el momento que vive México a la luz de la pérdida de confianza en las instituciones documentada por Consulta Mitofsky (http://bit.ly/confINSTMx2015). En total, se habla de una pérdida de confianza en las 17 instituciones más importantes del país en los últimos siete años, al pasar de un promedio de 6.9 a 6.2 y las que más pierden son justamente las que deberían inspirarnos más confianza, como los jueces, el Congreso o las policías.

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