Manuel Gómez Granados.
Si algo ha distinguido a los políticos mexicanos en las
últimas dos décadas ha sido su capacidad para generar expectativas en una
sociedad ávida de creer en algo que, sin embargo, al poco tiempo debe admitir
que le vieron la cara. Carlos Salinas de Gortari lo hizo cuando convenció a
muchos de las virtudes del Tratado de Libre Comercio. Ernesto Zedillo no pudo
hacerlo por la manera en que su candidatura resultó de una tragedia agravada
por los pleitos de familia detrás del mítico “error de noviembre” o de “error
de diciembre”, según quien cuente la historia.
Vicente Fox no tuvo que esforzarse demasiado para construir
las expectativas. Su llegada como primer presidente de la transición estuvo
cargada con todo tipo de expectativas que, al final del sexenio, terminaron por
desinflarse. Con Calderón, la expectativa fue que se necesitaba un gobierno de
mano dura que aplacara a los criminales para comprarnos el boleto al primer
mundo. Hubo efectivamente un gobierno de mano dura, pero el boleto nunca llegó;
se perdió, ahogado en sangre, en algún punto de su gestión.
Con Enrique Peña la gran expectativa era que el PRI iba a
sacar al país de la parálisis legislativa e iba a lograr las anheladas reformas
que se habían congelado desde 1997, cuando inició el “gobierno dividido”, es
decir, un gobierno en el que el Ejecutivo está en manos de un partido y el
Legislativo en manos del otro. Algo se avanzó, pero las reformas son tan pobres,
que han terminado por ser irrelevantes dadas las nuevas realidades globales,
como la reforma energética o por generar más problemas de los que resuelven,
como la reforma educativa.
El mejor ejemplo de ello lo tuvimos esta semana con la
votación en el Congreso de las medidas que crean el Sistema Nacional
Anticorrupción, el SNA, una reforma tan descafeinada y absurda que no logrará
sus objetivos. La culpa, si somos honestos, no es sólo del partido en el
gobierno y sus satélites, que contribuyeron con el grueso de los votos para
sabotear el proyecto. También contó con la entusiasta participación de Legisladores
del PAN, el PRD y el grupo parlamentario que teóricamente representa al Partido
del Trabajo, pero que —en los hechos— representa al Movimiento de Regeneración
Nacional. Todos mostraron su desinterés en resolver el problema más grave que
enfrenta México hoy: la corrupción.
El problema está centrado en el mecanismo de “tres de tres”
y en la fiscalía anticorrupción. En ambos casos, las iniciativas originales
recogían propuestas de organizaciones de la sociedad civil y recomendaciones de
organismos internacionales. Son mecanismos que otros países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos utilizan para combatir la
corrupción, de modo que no se trataba de experimentos que fueran a poner en
peligro al país. A pesar de ello, en ambos casos, lo que se aprobó fueron
versiones insuficientes, cojas, de las propuestas originales. El tres de tres
quedó desdibujado pues impide la publicidad de las declaraciones de los altos
funcionarios de Estado, quienes pueden beneficiarse con el tráfico de
influencias y la asignación irregular de contratos y concesiones, y obliga, en
cambio, a que los becarios del CONACyT y los empresarios que participen en contratos
de obra pública, entre otras personas que no son funcionarios, cumplan con esta
obligación. También es motivo de sospecha que el fiscal anticorrupción será nombrado por
el Senado, de modo que desde ahora es posible intuir quienes serán intocables.
En el Senado, los que sabotearon la iniciativa fueron, en
el caso del PAN, conocidos participantes de los circuitos del llamado “moche”;
otros alegaron razones de inseguridad para no votar; en el caso del PT-Morena,
en el Senado la actitud fue más esquiva aún. Optaron por no presentarse a votar
y “justificaron” su decisión en la irrelevancia de las propuestas. Según ellos,
las leyes vigentes eran suficientes; lo que falta es la voluntad política para
aplicarlas y por ello se ausentaron.
Unos y otros se equivocan. Las leyes que tenemos no son
suficientes, objetivamente carecen de “dientes”, es decir, de castigos para desalentar
actos de corrupción, aunque es cierto que parte del problema es la falta de
voluntad política para aplicar las leyes que ya existen, para mejorar las que
tenemos o para crear otras.
La última esperanza para evitar el nuevo parto de los
montes es que el Presidente de la República vete la iniciativa, ¿Lo hará? Hay 630
mil firmas que avalarían una medida así y, por cierto, Si las 630 mil firmas que
avalaban la propuesta original de 3 de 3 no bastaron, y a nuestros políticos les
ofenden tanto las movilizaciones callejeras que las quieren prohibir, entonces,
¿qué se necesita para que escuchen lo que se les dice?
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