domingo, 26 de junio de 2016

Tiempo de dialogar



Manuel Gómez Granados.

Hace justo una semana, Nochixtlán, Oaxaca, se unió a la indigna lista de las localidades mexicanas que han sido testigos de la violencia desmedida de las autoridades. El saldo de los enfrentamientos en esa localidad todavía está en disputa pero, más allá del número de personas heridas o muertas, en Nochixtlán murieron lo poco de confianza que quedaba en el gobierno federal, así como las posibilidades reales, prácticas, de aplicar tal y como fue aprobada en el congreso la reforma educativa. Días después, por razones muy parecidas, la presidencia de la República debió anunciar el veto parcial de las leyes que teóricamente darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción, SNA.
El común denominador que explica ambos fracasos es que aunque el Congreso de la Unión cuida algunas de las formas cuando vota y aprueba reformas, en general son procesos autoritarios en los que los acuerdos cupulares entre partidos políticos  sustituyen al trabajo político serio. Por ello,  los legisladores no deberían sorprenderse de que tanto la reforma educativa como la reforma del SNA y otras, lejos de motivar reconocimiento o admiración (como ellos quisieran) enfrenten la férrea oposición de distintos grupos. Que los empresarios, que con tanto desprecio hablan de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se opongan al SNA y amenacen con reducir las inversiones, deja ver que a pesar de las diferencias entre maestros y empresarios, hay denominadores comunes que hablan del descontento con la democracia.
Ese malestar no tiene que ver ya con las formas. Ya no hay un gran elector al estilo de Porfirio Díaz o Carlos Salinas de Gortari que decida quienes serán diputados. Hay elecciones, sí; pero seguimos muy lejos de contar con una democracia que vaya más allá de los formalismos y sea capaz de escuchar a las personas. No es que no se cumplan requisitos formales como convocar a foros y actividades similares. Es que a veces muchos de los invitados a esos foros son personas tan cercanas a los partidos o a los legisladores que es casi imposible distinguir sus opiniones de los partidos. Muchos de los foros se convocan para legitimar decisiones tomadas de antemano. Lo mismo se puede decir de mucho del trabajo en comisiones legislativas.
Y algo muy grave que deberían considerar el gobierno federal y  los de las entidades es que ya no son sólo uno o dos movimientos aislados. Vivimos en muchos estados de la República, Chiapas y Oaxaca son los mejores ejemplos de ello, crisis sistémicas, muy profundas, que han contaminado a la reforma educativa y que, si se insiste en la lógica de la represión, corren el riesgo de extenderse a otras entidades, incluida la capital de la República. Ya hay signos de contagio en Michoacán, Guerrero, Morelos,  Tabasco y la capital del país. Otras entidades como Quintana Roo podrían contagiarse de manera muy grave por caprichos como la aprobación en el Congreso en Chetumal de un “paquete de impunidad” para proteger al gobierno saliente y algo similar podría ocurrir en Campeche donde la quiebra de Pemex ha disparado el desempleo y el descontento.
Hay que dialogar. Hay que hacerlo de buena fe, admitiendo que nada en las leyes está escrito en otra cosa que no sea papel. Qué bueno que el presidente haya admitido que hubo errores y haya usado el veto para evitarnos más conflictos. Ojalá se haga algo similar en los campos de la educación y la salud y se evite que, por ejemplo, el conflicto se extienda a las instituciones de educación de la Ciudad de México (como ya empieza a ocurrir con la UAM-Azcapotzalco).
manuelggranados@gmail.com

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