domingo, 19 de junio de 2016

Verano caliente

Manuel Gómez Granados.
Las movilizaciones contra la reforma educativa a mediados de junio alcanzaron un punto en el que ya resulta difícil creer que la reforma pactada por el gobierno federal vaya a pasar tal cual. El gobierno federal enfrenta una serie de problemas. Por una parte, la legitimidad misma de la reforma, que algunos consideran intachable por haber sido pactada en las instancias correspondientes del legislativo y el ejecutivo federales, pero que resulta difícil de aceptar cuando se considera que la expectativa es evaluar como iguales a estudiantes y profesores de sistemas educativos tan distintos entre sí como  pueden ser, por una parte, los de la Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León y, por la otra, los de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Quien conozca las condiciones en las que operan muchas escuelas rurales de estos últimos tres estados, sabe que aunque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenga un historial tan o más negro que el de muchos de los sindicatos más corruptos de México, hay una realidad insoslayable que habla de diferencias abismales entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero que no son imputables del todo a la CNTE, pues esa organización no es responsable de la construcción y el mantenimiento de edificios que en muchos casos ni siquiera existen como tales. Muchos planteles no pasan de ser jacales mal construidos, sin lo más elemental para funcionar como salón de clases.
Luego está el problema de la responsabilidad de los gobernadores. En ese punto, ninguno de los tres gobernadores cuenta con las condiciones básicas para impulsar reformas. En Guerrero, la fragilidad de todas las instituciones ante el narco es un hecho incontestable, en muchos municipios no existe algo parecido a un gobierno ni siquiera cuando hay una fuerte presencia militar, como en Acapulco, donde la fragilidad de las instituciones se respira. En Oaxaca, el fin de fiesta del gobierno de Gabino Cué ha sido tan o más malo que el fin de fiesta de los gobiernos que le precedieron, no sólo por la tensa situación en materia educativa, también por los escándalos de corrupción de Cué y sus cercanos.
En Chiapas la situación es todavía peor. Manuel Velasco dedicó sus primeros tres años de gobierno a despertar tantas expectativas que ahora, cuando debería ofrecer resultados, tiene poco que acredite la bondad de su gobierno. El resultado es que la oposición a la reforma educativa ha articulado ya un frente muy amplio de organizaciones y actores sociales, entre los que están empresarios, pequeños comerciantes, padres de familia, organizaciones religiosas, agrupaciones políticas e incluso oficiales de la policía estatal y municipal del estado. Estos últimos, por cierto, se niegan a participar en los operativos para controlar las manifestaciones de la CNTE, lo que deja ver qué tan profunda es la soledad del gobernador del estado.
Por su parte, la CNTE ahora exige la renuncia del secretario de Educación Pública del gobierno federal. Pensar que la CNTE podrá reclamar la cabeza de Aurelio Nuño es tan irreal como la idea del gobierno federal de que va a poder despedir a miles de profesores sin que haya consecuencias graves para los gobiernos federal y de los estados en que llegaran a ocurrir esos despidos. Ambas partes tendrían que serenarse, pensar en el interés superior de la nación, antes que en sus proyectos personales o de grupo. Nada se logrará escalando las amenazas o la violencia con la que se expresan los desacuerdos, como no sea más violencia que —al final del día— lastimará más a quienes menos tienen: los niños de familias que no pueden pagar educación privada.
manuelggranados@gmail.com

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