domingo, 9 de octubre de 2016

El infierno de Tetelcingo


Manuel Gómez Granados.
El jueves 6 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó uno de los paquetes de recomendaciones más dolorosos en su historia y en la historia del país. En el documento disponible en (http://bit.ly/RecoCNDHGraco2016) se precisa con doloroso detalle el tipo y la intensidad de los abusos a los derechos humanos perpetrados desde los más altos cargos del gobierno del estado de Morelos. No hay quien se salve. Tanto el gobernador Graco Ramírez como el fiscal general de justicia, Javier Pérez Durón, así como a distintos funcionarios del ayuntamiento de Cuautla, se les señalan once recomendaciones, concretas, específicas, de acciones que deberían realizar para resarcir, al menos parcialmente, los daños perpetrados contra la integridad de las personas ilegalmente enterradas en una de las muchas fosas clandestinas descubiertas recientemente en Morelos.
Las once recomendaciones de la CNDH involucran a 42 funcionarios del gobierno del estado de Morelos y del ayuntamiento de Cuautla que participaron, con distintos grados de responsabilidad, en una compleja operación para esconder el hecho de que el gobierno del estado estaba disponiendo de manera irregular de cadáveres de personas, sin seguir lo que establecen las leyes federales y estatales, así como el bando municipal de Cuautla, y sin considerar los derechos, los sentimientos y la integridad emocional de las familias de los directamente afectados. En total, se trata de 119 cadáveres enterrados en condiciones irregulares en un cementerio que opera desde finales del siglo pasado en condiciones más o menos informales en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla. A esos 119 cadáveres completos, se deben agregar restos incompletos de por lo menos otras 12 personas que no se han identificado.
Las recomendaciones también buscan resarcir los daños perpetrados y el inútil sufrimiento causado a sus familiares que, como sucede con la parentela de muchas otras víctimas del crimen, son obligados a vivir en un permanente estado de zozobra por la manera arrogante, insensible e irresponsable como se les trata en las oficinas públicas cuando se trata de pedir ayuda y exigir justicia, de modo que puedan dar con el paradero de sus familiares. Es de destacarse que, hasta el momento, sólo se ha podido identificar a 20 de los 119 cadáveres. El desorden es de tal magnitud que aunque aparentemente el gobierno de Graco Ramírez tenía información de cuatro de los cadáveres, no se les contactó. Asimismo, sólo se contaba con 99 carpetas con algún tipo de información de las víctimas.
Además de a las víctimas y los familiares de las víctimas, Graco Ramírez y su gobierno deberían resarcir los daños a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que ha sido, durante los últimos dos años, el blanco favorito de distintos tipos de ataques contra su rector, Alejandro Vera Jiménez, así como contra funcionarios de esa casa de estudios como Javier Sicilia y Carlos Garza Falla, entre otros muchos. Ramírez y su equipo, han montado campañas de hostigamiento contra la UAEMorelos, que incluyen ataques en redes sociales contra los directivos de esa casa de estudios, además de dilaciones en la entrega de los recursos que la Secretaría de Hacienda del gobierno federal entrega al gobierno de Morelos para que, a su vez, los haga llegar a las escuelas y universidades morelenses. Eso sin contar a los miles de alumnos, profesores y empleados de la UAEMorelos que han sido afectados por la falta de recursos. Hay algo, sin embargo, que no cambiará ya: el daño causado por las mentiras que Ramírez pronunció durante los meses en que trató de negar estos hechos.
manuelggranados@gmail.com

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