domingo, 6 de noviembre de 2016

Luego de Guatemala, El Salvador


Manuel Gómez Granados.

No, no es sólo la ubicación geográfica de esos dos países vecinos. Es algo más profundo, algo que debería movernos a los mexicanos a tomarnos más en serio el combate a la corrupción como el gran tema del presente y el futuro de nuestro país, pues luego de los cambios que cimbraron la estructura del Estado guatemalteco en 2015 y 2016, con el arresto del ex presidente Otto Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ha llegado el turno de El Salvador.

Primero, se inició una averiguación previa contra Mauricio Funes, ex presidente afiliado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, al que también pertenece el actual presidente Salvador Sánchez Cerén. Funes logró escapar y encontró asilo político en Nicaragua, por razones cuestionables, que sólo las puede justificar un gobierno encabezado por un personaje como Daniel Ortega, borracho de poder que —entre otras puntadas— quiere que su mujer sea su vicepresidenta.


Luego de la fuga de Funes, las baterías del gobierno de Sánchez Cerén se orientaron al también ex presidente Antonio Saca, que fue electo bajo los colores de la Alianza Republicana Nacionalista, el partido de extrema derecha creado en los ochenta por militares como el coronel Roberto D’Aubuisson. A diferencia de Funes, Saca fue arrestado a finales de octubre y ahora rinde declaración como parte de un complejo caso que trata de encontrar las muchas hebras que se enredan mutuamente hasta dar forma a una realidad tan corrupta, compleja y violenta como la mexicana.


Con algunas diferencias. A pesar de la debilidad institucional de los estados centroamericanos o de la mayor capacidad institucional del Estado mexicano, Otto Pérez y Antonio Saca están en la cárcel y Funes —aunque fugado— no puede salir de Nicaragua. En contraste, Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, ha decidido esconderse, muy probablemente en el sureste mexicano, como lo está también Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, mientras que Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León; César Duarte, el ex de Chihuahua, y Roberto Borge, el ex de Quintana Roo, parece que no tienen razón para preocuparse.


¿Cómo es posible que las repúblicas centroamericanas, tan cercanas a nuestra cultura, sí puedan actuar contra políticos corruptos y cortar uno de los tumores que lisian el desarrollo de sus pueblos, mientras en México no hay signos de que caminemos hacia la solución de ese problema? Es tiempo de desechar ya las explicaciones culturalistas, que topan con la pared de la realidad cuando se observa a Centroamérica hacer un esfuerzo serio para terminar con la sangría que implica la corrupción. También obliga a preguntar cómo es que la SHCP, que vigila tanto a pequeños contribuyentes, incluso los irises de sus ojos, sea incapaz de evitar el saqueo que Duarte habría perpetrado sin que —en algún momento en los últimos seis años— sonara alguna alarma que impidiera los desfalcos.


En México nos haría bien dejar de lado la arrogancia con la que hemos actuado en este y otros temas. Dejar de pensar que el petróleo vendrá a salvarnos, pues es claro que los precios del barril de petróleo no se recuperarán en el futuro inmediato, como tampoco nos salvará un repunte espectacular en el monto de las exportaciones vía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Necesitamos cerrar las llaves que permiten que los gobernadores ejerzan con tanta discreción los presupuestos y garantizar el mejor uso de los dineros. No basta la buena voluntad. Se requiere de un Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente vigoroso que, hasta donde es posible ver, es una realidad distante e incluso poco probable en el futuro inmediato de nuestro país.

manuelggranados@gmail.com


Enlace:  http://www.cronica.com.mx/notas/2016/993906.html

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