domingo, 5 de marzo de 2017

El vínculo entre violencia y corrupción


Manuel Gómez Granados.
En estos días los mexicanos no tenemos descanso por la gravedad de la información que recibimos. En Estados Unidos las razias y deportaciones adquieren ritmos y características que parecen ser el preludio de más violencia física y verbal contra los más débiles. En México, nuestra clase política vuelve a lanzar un ataque devastador contra el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para tratar de volverlo una entidad dócil al gobierno en turno, como si abundara la confianza en lo que hacen las instituciones públicas.
Y, por si esas cosas no fueran suficientemente graves, tenemos que lidiar con la renovada ola de violencia que nos regresa a los peores momentos de 2010-1. Que esa ola de violencia vuelva a tener como uno de sus epicentros a Veracruz no es gratuito. Es decir, no es que haya tanto muerto nomás porque sí: Veracruz, Michoacán, Tamaulipas o Puebla padecen porque la violencia campea en lugares en los que la corrupción campea también.
Una de las mentiras que a los mexicanos nos gusta repetirnos es que podemos combatir la violencia atacando sólo los síntomas y sin atacar las causas. Que esa manera de pensar estaba equivocada, era evidente a mediados de la década pasada en estados como Veracruz que, no en balde, ha sido objeto del saqueo sistemático de su hacienda pública. ¿Es tan difícil darnos cuenta que hay un vínculo que une a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte con los hechos de violencia que volvemos a ver en estos días?
Habrá quienes digan que las críticas a los ex gobernadores del PRI son interesadas, que tienen un sesgo político y no son un análisis objetivo. La ventaja es que esos análisis existen y arrojan datos relevantes que, sin embargo, nuestros políticos ignoran. En 2015, el Instituto para la Paz y la Economía, IPE, publicó su reporte Peace and Corruption. Lowering corruption a transformative factor for peace (disponible en inglés en http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Peace-and-Corruption.pdf), que señala: “Existe un robusto vínculo estadístico entre la paz y la corrupción. En la medida que la corrupción se reduce, mejoran los prospectos para la paz”. De manera más precisa señala (p. 7-8) que existe un “punto de quiebre entre los niveles de paz y de corrupción, que refleja una relación no–linear. Una vez que se alcanza un cierto grado de corrupción, pequeños aumentos en la corrupción tienen como consecuencia grandes pérdidas en los niveles de paz. La corrupción puede aumentar en un país con un impacto ligero en la paz, pero una vez que alcanza ese ‘punto de quiebre’, pequeños aumentos en la corrupción resultan en grandes pérdidas en términos de paz”.
De acuerdo con el IPE, los países que registran 40 puntos o menos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, son los que se encuentran en riesgo de caer en este punto de quiebre en el que la corrupción detona notables pérdidas en la paz —entre menos puntos, más corrupto—. México, en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2016 de Transparencia Internacional registró 30 puntos en el IPC. Honduras, como México, uno de los países más violentos de América Latina, reportó los mismos 30 puntos. El Salvador, reportó 36 puntos, pero allí al menos se toman en serio la lucha contra la corrupción: el expresidente Antonio Saca está en la cárcel a la espera de un juicio que se anticipa será de época y hay órdenes de aprehensión contra Mauricio Funes, también expresidente, del mismo partido que el gobierno actual, que se fugó a Nicaragua.
¿AcáNo, acá no pasa cosa alguna.

manuelggranados@gmail.com

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